Sobre los homicidios en Uruguay

Fuente imagen: eluniverso.com

La seguridad de un país se mide por un indicador internacionalmente admitido como el más seguro y confiable por su registrabilidad, que son los homicidios. Sin dudas el delito más grave de todo ordenamiento jurídico por atentar contra la vida de las personas. 

Es una forma de "medir" la seguridad pública de un país, aunque no signifique ni represente la verdadera sensación de seguridad o inseguridad que perciban los habitantes del país en cuestión. Para ello, es necesario -siempre- complementar con encuestas de victimización que permitan dar un panorama más completo y real de lo que verdaderamente sienten los habitantes de un lugar determinado respecto a la seguridad (la suya y la de sus familias).

Pero, como indicador que es, se lo debe considerar y ponderar en la medida que permite acercarnos a la realidad de un país en lo que a seguridad refiere. Es muy difícil -aunque no imposible- ocultar un homicidio, y por ello es la cifra más confiable a la hora de calificar los indicadores estandarizados de seguridad. No se consideran los hurtos ni las rapiñas, porque estos delitos tienen un bajo índice de registro, dependiendo muchas veces de la voluntad de las víctimas quienes, por diferentes razones, pueden desestimar la denuncia. También ocurre que muchos regímenes no son del todo confiables en dichos registros, ya sea por la mala calidad de los mismos o la falta de interés público en registrar un dato que termina incidiendo en la gestión de quienes tienen por misión combatir el delito. 

Lo cierto es que, los homicidios, son el dato más confiable, el que permite evaluar -en parte- la inseguridad de un país o de una región, en base a la tasa de ocurrencia cada 100 mil habitantes.

En este sentido, Uruguay ha venido depreciando su seguridad en base al crecimiento de los homicidios pasando de una tasa de 5 a 6 cada 100 mil habitantes a una de 11 a 13 en la actualidad. Cifras preocupantes que comenzaron advirtiéndose en ocasión de un notorio incremento de heridos de bala de la cintura para abajo, que -según afirmara Julio Guarteche en su momento- sería cuestión de puntería que pronto comenzara una escalada en los homicidios como finalmente terminó ocurriendo.

El fenómeno de la droga es, sin dudas, uno de los principales instigadores de dicho crecimiento, pero no es el único ni -quizás- tampoco el principal. La violencia de género, ha contribuido en gran medida a ese incremento, así como también los conflictos interpersonales (entre los que están conflictos entre criminales que no todos tienen como motivo principal algún altercado por drogas). De todas las causas posibles hay una que es la principal razón que debería preocupar a las autoridades: la violencia.

Esa invisible pero omnipresente causante de todas las muertes violentas, protagonista de situaciones que -incluso- ocurren en ámbitos donde la convivencia se ve alterada por comportamientos violentos que no sabemos sobrellevar ni resolver de otra manera. El hogar, el tránsito, los espacios públicos, los espectáculos deportivos, los  ambientes educativos, los barrios, en fin, lugares donde ya no se resuelven los conflictos de forma pacífica sino apelando  a esa invitada indeseable y peligrosa.

Seguridad: medir o no medir con cifras

Muchas veces se dice que poco sirve medir la seguridad a partir de los datos estadísticos. No solo por la confiabilidad de los mismos, sino porque muchas veces es cuasi imposible prevenir un resultado luctuoso a partir de la gestión de un Ministro y su equipo. Y es verdad… Es imposible, muchas veces evitar un resultado por más cámaras que se instalen, patrulleros que se compren, policías que se incorporen, etc.; cuando alguien está cegado por la violencia el resultado solo lo puede cambiar elprotagonista mismo de los hechos, salvo contadísimas excepciones.

¿Entonces? ¿Vale seguir midiendo una gestión por las cifras? Vale sí, porque no dejan de ser un indicador que permite una evaluación del rumbo de las políticas de seguridad. Lo triste de todo eso es que no se reconozca la existencia del problema, se subestime la gestión de los antecesores y -sobre todo- se omita reconocer que no era tan fácil como afirmaban siendo oposición.

Ese es el gran debe que tiene esta administración. Una gestión que arrancó con el sesgo torcido de desestimar todo lo anterior (aunque bien se valen de todo lo que se dejó en infraestructura, armamento, tecnologías, capacitación profesional, etc.), sin reconocimiento alguno a que había un problema de difícil solución. Porque de lo contrario, tenemos que pensar que son unos improvisados a los que les está pasando la realidad por encima y que ni siquiera leyeron los informes que les dejó la administración anterior. Porque les dejó sendos informes.

Hoy estamos igual o peor que antes, a pesar que digan y promuevan lo contrario. Nadie cree en las cifras del Ministerio del Interior, porque ellos mismos se han dedicado antes a destruir la credibilidad en las mismas y han contribuido ahora a su descrédito con manipulaciones antojadizas de datos y comparaciones absolutamente equivocadas.

Han herido de muerte la credibilidad de un Observatorio que podrá mantener a las mismas jerarquías pero que analiza y procesa lo que registra la Policía, esa que desestimula la denuncia obligando a las víctimas  a trasladarse a una seccional para someterlas al plantón de varias horas en una suerte de condena anticipada que los revictimiza. Esa que ya no toma denuncias en el lugar de los hechos; esa que ha cambiado becarios por retirados policiales para atender las comisarías.

Han sembrado la sospecha de datos maquillados con burdas alteraciones y órdenes por email como las denunciadas contra la Jefatura de Durazno; o la confesión del ex Coordinador de Maldonado, "porque después los mataban con las cifras".

Y encima, han minado de dudas a las propias muertes, incrementando significativamente su número (muertes dudosas) en lo que puede significar una forma de ocultar homicidios ya que esas muertes no se ingresan a las estadísticas oficiales hasta tanto no sean resueltas.

Se ha afirmado que son los Fiscales los que califican los delitos siendo que es la Policía la que registra las denuncias y que son estas las que luego se hacen públicas en las estadísticas. Se omite decir que son muy pocas las rapiñas o los hurtos que terminan resolviéndose en la justicia, por lo que los datos JAMÁS son representativos de las cifras judiciales sino todo lo contrario, son datos de la Policía, esa que registra y clasifica un hecho según entienda como hurto, rapiña, arrebato (que no existe como delito), etc, etc.

En suma, medir la seguridad por las cifras es una tarea un tanto estéril, al menos en el Uruguay de hoy, donde las autoridades siguen montadas en su soberbia sin reconocer ni por un instante que no era tan fácil como pensaban.

Prueba de todo ello son sus propias declaraciones, desde el "se la están dando entre ellos" del extinto Larrañaga, hasta el "no nos perdonan el éxito" de un desorientado Heber que no tiene idea alguna sobre seguridad y que confunde bombas de estruendo con tiros… "porque así están algunos barrios".

Hoy justifican la ola de homicidios con los mismos argumentos que le criticaban a Bonomi, y no se les mueve un pelo. 

No son actores… son cínicos.

el hombre sacaba cuentas,

el perro ladraba su bronca…