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| Fuente imagen: Human Rights Watch |
El caso Carrera lleva casi tres años en un ambiente donde la judicialización de la política fue ganando terreno al influjo de los embates virulentos que han posicionado al “lawfare” en el mundo y muy especialmente en la región latinoamericana. Los casos de Lula y Dilma Roussef son los más emblemáticos pero no los únicos. Y como todo tarda (tardaba) pero llega, Uruguay no sería la excepción a esta regla impuesta por la derecha internacional, que no acepta derrotas electorales y persigue llegar al poder a cualquier precio. Tras un pedido de desafuero que lo llevó a renunciar a todo siendo el tercer titular de la lista más votada del país, y tras una escandalosa demora tras su pedido de desafuero, en 10 días se pisó un acelerador inentendible en el caso para imputarlo sin un estudio profundo y serio. Algo que luce claramente como una cancelación al político más combativo y denunciante de la mayor entrega de soberanía que registra la historia del país: la entrega del puerto por 12 períodos de gobierno a una multinacional belga.
