En pleno siglo de las comunicaciones que nos graben una conversación telefónica no es algo nuevo, están al alcance de un simple clic pero de ahí a que sea un procedimiento legal hay un abismo. Por ello, la viralización de un audio protagonizado nada menos que por la Vicepresidenta de la República, no pasó desapercibido y levantó más dudas que certezas, muchas de las cuales se incrementarían luego con las pretendidas aclaraciones. Si se trató de un alarde de poder por parte de la Vicepresidenta, la maniobra fue desafortunada por varias razones pero quizás la principal sea que la misma debió derivar a la Justicia antes que intentar resolver por sí misma lo que no estaba en sus facultades solucionar. Además de resultar de una discrecionalidad inadmisible en tanto si todos somos iguales ante la ley, todos tenemos el mismo derecho a ser tratados por igual de parte de nuestros gobernantes, sin distinciones de ningún tipo. Por otra parte resulta gratificante ahora que por fin reconozcan lo que siempre afirmó Bonomi respecto a las interceptaciones telefónicas en ocasión de tratarse el sistema El Guardián, salvo que lo hacen ignorando toda mención a aquel y contradiciéndose con lo que afirmaban antes cuando eran oposición. Un poco de humildad republicana no vendría mal en estas horas donde sin que nadie se los pidiera y mucho menos se los incitara, se ven envueltos -por actos propios- en un episodio lamentable en el que se dejaron más dudas que certezas sobre las libertades de todos los uruguayos.
