La crisis sanitaria no afloja, los números de fallecidos por el Covid-19 mantienen una meseta altísima que lejos está de ser la deseada, mientras tanto, la discusión política se concentra en la votación de una modificación por demás sensible a los derechos ciudadanos, una vez más. En efecto, la modificación propuesta sobre el Artículo 224 del Código Penal sobre la violación de disposiciones sanitarias lleva a discutir la pertinencia de dotar de un cheque en blanco a quienes tendrán la responsabilidad de su aplicación. Menuda tarea para quienes han sufrido las consecuencias de un accionar punitivo excesivo que los expuso a situaciones de abuso y exceso de la aplicación de la ley. Ya no será el daño la razón de su aplicación siendo el mero peligro efectivo la llave maestra que habilite su intervención. Ahora bien, si de por sí estaba bravo reconocer y probar el daño, cuánto más será hacerlo con el “peligro efectivo” en tanto de no probarse el mismo se podrá llegar a concluir que su aplicación fue equivocada. Claro que sería luego de su errada intervención. Hartas discusiones han generado la previa de su tratamiento en el pleno del Senado, imaginemos las que se generarán cuando el peligro de su aplicación sea derivado de quien lo aplica. Así estamos…
