De ser rechazadas por los operadores cuando fue presentada como un instrumento útil para contener la violencia de género, a este momento en que se las considera el instrumento principal de contención, agotando los equipos disponibles y con una larga lista de espera, ha pasado poco tiempo. Un instrumento que entendemos está siendo mal aplicado en algunos casos; una medida que debería ser transitoria y esencialmente preventiva, pasó a convertirse -en muchos casos- en una respuesta cuasi definitiva de contención de la violencia olvidando que por sí misma no ataca al problema de fondo. Es necesario que -durante el tiempo de su aplicación- se ejecuten medidas complementarias que den tratamiento a la violencia que generó la medida cautelar. En medio de una campaña chata y sin ideas, las pocas que se tiran al ruedo electoral encontraron a este instrumento tecnológico como un protagonista impensado al que intentan cambiarle de usuario sin entender que ello no soluciona el problema de fondo.
Del estigma a la solución
El instrumento se aplicaba en Madrid, una ciudad con una población similar a la de nuestro país (3 millones de habitantes), y un total de 196 dispositivos disponibles para su utilización que no ha variado significativamente a lo largo de los años (por lo menos desde 2008 a la fecha). Entre los años 2009 a 2018 en España fueron 5.245 los casos en que se dispusieron “brazaletes” (así se denominan los dispositivos), a razón de unos 600 por año aproximadamente. Con una población de 47 millones de habitantes y habiendo adquirido 3.000 unidades en 2009 para toda España, el instrumento se aplica de una forma más segmentada a estar por esos datos. Entonces, nos surge de inmediato la pregunta: ¿qué estamos haciendo mal los uruguayos que no nos alcanzan 700 dispositivos para una población que no crece desde hace décadas?
En ocasión de su presentación la resistencia era notoria, no faltó el comentario de un operador judicial que expresó que el instrumento que se presentaba era estigmatizante para quien lo portara pues estaría a la vista de todos, revelando su condición de portador de un sistema de monitoreo. A ese punto de resistencia se había llegado en aquel momento, claro que los tiempos cambiaron y el instrumento se fue imponiendo a fuerza de resultados.
De aquellos tiempos iniciales -con 200 tobilleras que fueron ajustando su aplicación y demostrando su eficacia- a este presente con 700 equipos activos y más de 300 casos en espera, ha pasado un tiempo intenso en que la problemática se ha ido adueñando de la agenda con razón. Cada víctima de femicidio es un golpe directo al mentón que nos deja en estado de shock cuasi permanente y que moviliza a una sociedad que se resiste a seguir enterrando mujeres víctimas de la violencia machista instalada y a la que hay que ponerle punto final a como de lugar.
En estos tiempos de elecciones no faltan las iniciativas que buscan llevar algún voto para su sector sin reparar que en estos temas la batalla electoral debería quedar de lado y plantearse -en cambio- amplios acuerdos que lleven a buscar con humildad republicana, soluciones que apunten a verdaderas políticas de Estado.
Algo estamos haciendo mal o no estamos detectando correctamente el problema, pues los femicidios siguen produciéndose casi al mismo tiempo que se visibiliza más el tema, se generan protocolos y se mejoran los registros. Las denuncias aumentan en señal de confianza que aleja el miedo que imperaba en el asunto, pero sigue siendo estéril tanto esfuerzo. Los operadores judiciales intentan ponerle fin al problema con la aplicación de medidas cautelares de prevención (prohibición de acercamiento, retiros del hogar, hasta llegar a la instalación de los dispositivos electrónicos -tobilleras-) pero sin reparar que los recursos son finitos y que no siempre son la solución al caso que tratan. ¿Falta mayor estudio de los casos? Seguramente, no siempre la tobillera es el mejor instrumento a aplicar ni el único. Pero aún en los casos que se aplica, ¿que hacemos mientras se ejecuta la medida? ¿Esa instancia es la solución definitiva al problema? En el tiempo que se aplica, ¿disminuye el nivel de violencia del agresor? ¿Qué pasa después que vence el plazo de aplicación? ¿Cómo sigue el tema? Son muchas preguntas que algunas tendrán respuesta y otras quizás que no. Entonces nos surgen otras interrogantes: ¿cómo hace Madrid para administrar el problema con menos de 200 equipos? Y la respuesta pasa allí, por el sistema de atención a la violencia de género que implica la existencia de hogares o refugios donde cobijar a las mujeres víctimas y -también- de centros de atención para los agresores, lugares donde se les da contención y vigilancia por el tiempo que requieran y para los casos que ameriten otro tipo de medidas (porque las tobilleras no siempre son las más adecuadas).
Entonces nos damos cuenta que quizás esté faltando un poco más de diagnóstico a la hora de determinar la viabilidad de la medida cautelar de las tobilleras, de manera que se evalúe correctamente si es razonable la misma para el caso concreto o si, en cambio, se necesitan de otras medidas que resulten más efectivas para tratar la violencia contra las víctimas.
Un problema adicional
A la falta de equipos disponibles se los ha sustituido por custodias policiales para las víctimas, lo que implica un menoscabo de los efectivos que ceden terreno a sus tareas propias de patrullaje para dedicarse exclusivamente en el resguardo de las víctimas. Pero, también, implica un menoscabo a la libertad ambulatoria de la mujer que es custodiada, llevando a que muchas veces desista de tal medida en aras de contar con esa libertad que se le restringe al estar custodiada. Esa situación llevó a que un presidenciable propusiera la custodia para los agresores, con lo cual no resuelve el problema de fondo -la víctima sigue sin estar protegida- al tiempo que sigue afectando la seguridad con la disminución de los recursos humanos destinados al patrullaje.
En lo medular la medida no sería solución; cualquier tercero podría atentar contra la víctima por cuenta y a nombre del custodiado, quien tendrá una coartada perfecta en su defensa. ¿No será tiempo, entonces, de evaluar correctamente al agresor? Si su peligrosidad es tal que amerita asignar una custodia policial, ¿no es más lógico que se lo inhiba de cualquier posibilidad de acción en contra de la víctima, no ya con policías cuidándole sino privándole de su libertad sometiéndole a un tratamiento compulsivo que atienda su nivel de violencia?
Son tiempos de discutir seriamente otras soluciones que complementen lo ya dispuesto para terminar de construir un sistema que de contención y atención, que dirima los problemas de violencia que afectan a la familia y hacen a las mujeres víctimas principales (aunque no exclusivas), de la violencia extrema.
Es hora de pensar en centros de atención y tratamiento para los violentos, un lugar donde atender su patología, conteniendo y limitando sus actos, e intentar -al menos- transitar otros rumbos que puedan aportar soluciones más duraderas y complementarias de los recursos que hoy ya están disponibles.
el hombre tiró una idea,
el perro le mordía el tobillo...
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