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| Fuente Imagen: Linkedin |
A nadie escapa que los gobiernos terminan asociados a determinados hechos que los distinguieron, así el primer gobierno del Frente Amplio -con Tabaré Vázquez- quedó asociado a varias reformas, pero el Plan Ceibal fue un sello identitario singularmente positivo. El de Mujica, aunque les duela a sus detractores, por una nutrida y consolidada agenda de derechos; el último de Tabaré, mal que nos pese a los frenteamplistas, por el affaire Sendic. Cada gobierno tiene un mojón asociado indisolublemente a su gestión. El gobierno de Lacalle Herrera quedó atado al caso Pan de Azúcar, donde la corrupción fue el diferencial que recordamos hoy los uruguayos, en lugar del promocionado eslogan que recitaban de que “con los blancos se vive mejor”. El gobierno multicolor de Lacalle Pou y su combo, pasará a la historia signado por “el caso Astesiano”, magistralmente documentado por el periodista Lucas Silva en el libro homónimo.
Pero…
No fue el único caso, desgraciadamente, porque si algo ha distinguido a este período de gobierno fue el acumulado escandaloso de situaciones que lo expusieron. Definitivamente no tuvieron a los mejores ni estuvieron nunca preparados para ser gobierno.
Lastimosa acumulación
Si el caso del excustodio presidencial fue escandaloso desde todo punto de vista, pasando por la instalación en plena sede del Poder Ejecutivo de una asociación para delinquir, sus repercusiones posteriores fueron un oscuro sello que distinguió a esta administración por su falta de transparencia. A pesar de que afirmaran lo contrario, y se jactaran de no atornillarse a los sillones (salvo deshonrosas excepciones), fue constante la aparición de casos de corrupción a todos los niveles, haciendo de la misma una práctica o estilo de gobernar.
Una forma de administrar los bienes públicos como si fueran propios y en flagrante ilegalidad, como fue el caso de la pesquisa contra el presidente del PIT-CNT; o el seguimiento a liceales y profesores del Cerro; o el espionaje (comprobado en la justicia), a dos legisladores de la oposición.
Uno o unos pocos casos, podrían ser una casualidad que ningún gobierno puede prever. La vulneración de la confianza depositada en los gestores públicos esta implícita en la naturaleza humana. Ahora bien, cuando eso se transforma casi que, en una constante, la casualidad muta a una causalidad que hace parte de una forma de gobernar y no precisamente con honestidad republicana.
Cuando nos quieren conformar diciendo que tenemos el mejor salario real de la historia, pero nos ocultan -deliberadamente- que en este período de gobierno el 95% de los uruguayos perdimos ingresos y que solo el 5% acumuló riqueza. Cuando esa abismal diferencia significa nada menos que U$S 7.440 millones en pérdida de poder adquisitivo que se llevaron unos pocos, hay una burda interpretación que no supera al sensor más efectivo de todos: el bolsillo.
Atribuir a la pandemia esa tremenda y desigual disparidad en la distribución de los ingresos, es una falacia que no resiste argumento, pues de la región -que también sufrió la pandemia- somos el peor de la clase.
A las causas me remito
Pero todo lo que se pretenda atribuir a la casualidad se queda corto en esta historia pues las cosas tienen sus razones siempre, y no todo es fruto del azar. Muchas veces, sea por acción u omisión, se generan situaciones que pudiendo evitarse se potencian por impericia, negligencia o plena voluntad.
A poco de iniciar este gobierno, la intención presidencial puso el ojo en la hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay, en un bien intencionado esfuerzo por nutrir de actividad comercial un corredor natural y potencial salida de productos de una amplia zona del sur de Brasil, sumado a la necesaria salida al mar de la producción paraguaya. Un corredor que tiene -efectivamente- un potencial enorme de crecimiento con grandes expectativas para el comercio y el desarrollo logísitico uruguayo.
Pero…
A, también, muy poco de esa inquietud presidencial nos enteramos de la entrega increíblemente exprés de un pasaporte uruguayo a un narcotraficante peligroso y pesado que estaba preso en Dubai por ingresar con documentación paraguaya falsificada. Tan luego, nos enteramos de que ese señor era el “gerente” de la hidrovía por la cual salía la producción de droga de la región hacia Europa usando los puertos de Rosario y Montevideo para completar su traslado.
Por si no bastara, ni bien asumió el gobierno, una inentendible decisión del exministro Heber puso fin al SICTRAC (Sistema Integral de Control del Transporte de Cargas), el “gran hermano” del transporte carretero. Una decisión que no solo provocó graves accidentes en rutas nacionales al circular vehículos que con el sistema estarían inhabilitados, sino que permitió el libre tránsito de contenedores que nadie sabe que transportan. Con este panorama, es plausible pensar que la droga circula libremente por las carreteras nacionales; en consecuencia, esa libertad atrajo volúmenes considerables que deben almacenarse en algún lugar para su posterior despacho. Allí mismo nos transformamos de país de tránsito a país de acopio.
Pero esa transformación no sería sin costo, el acopio necesita de verdaderos ejércitos para asegurarlos, y la mano de obra criminal contratada recibiría como pago parte de ese alijo a resguardar. Esa porción, sería la que alimenta las bocas de drogas que pululan por los barrios a lo largo y ancho del país, contaminando de inseguridad a partir de los conflictos que la puja por dominar los territorios trajo consigo. Un circulo vicioso potenciado por acciones anteriores que, si no lo fueron, parecieron muy bien planificadas.
A todo esto, se debe sumar la entrega del puerto de Montevideo con su irresponsable falta de controles en materia de seguridad. Una decisión inexplicable por tan largo período de tiempo (12 períodos de gobierno, 60 años), sin que se hubiera dispuesto una mínima medida de seguridad en lo que respecta al control de las mercaderías que se despachan por nuestra principal puerta comercial. Así es como los alijos de drogas llegan a Europa dejando como huella negra e imborrable, su pasaje por el puerto de Montevideo sin ser detectados.
A más de cuatro años de gobierno, se anuncia la instalación -al fin- de los escáneres prometidos (y reclamados con vehemencia siendo oposición), en una planificación que pareció programada por el crimen organizado antes que por el gobierno.
Renunciaron/destituyeron ministros, algunos por mentirle al Parlamento; cayeron Jefes de Policía -algunos por casos de corrupción-; cayó la Dirección de la Policía Nacional en pleno, entre otros tantos affaires que tuvo este gobierno.
No se trata acá de atribuir directamente responsabilidades, pero semejante acumulación de escándalos y corrupción asociada merecen alguna explicación que hasta ahora las autoridades no han dado.
Con estas causales en juego, a la casualidad le queda poco margen…
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