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| Fuente imagen: Uy_Noma |
Las disposiciones contenidas en los artículos 329 y 330 de la última Rendición de Cuentas incorporaron modificaciones a la Ley 9.739 de Derechos de Autor, dando nueva redacción a los artículos 36 y 39 respectivamente. Los mismos refieren al derecho de los intérpretes de una obra literaria o musical a exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida por diferentes medios, entre los que Spotify encaja perfectamente.
Algo que parece de justa apreciación para los intérpretes, generó un efecto contrario al herir las arcas de una aplicación como la referida que sufrirá pérdidas considerables de ajustarse a lo legislado, en lo que entienden como una doble imposición ya que ellos destinan una importante suma de lo que generan al pago de los derechos correspondientes a los autores de los contenidos a través de los sellos discográficos.
Que la torta no se reparte de forma equitativa es algo que no resiste el menor análisis, así como que ninguno de los que recibe las mejores porciones de la misma están dispuestos a ceder parte de sus raciones, tampoco. Llegar al punto de equilibrio es un trabajo que lleva mucho tiempo y hace parte de la lucha ideológica entre los que más tienen y más acumulan, contra los que menos tienen y que -la más de las veces- son los que generan esa riqueza mal distribuida.
Cínicamente play
En esa puja permanente de repartir la riqueza giró el mundo desde tiempos remotos, y seguirá girando por quien sabe cuánto tiempo más pues nadie está dispuesto a ceder algún derrame en beneficio de otro que no sea sí mismo. En esa remota y egoísta lucha de poderes está la humanidad y el Uruguay no podía estar ajeno, mucho menos en tiempos de un gobierno herrerista que si algo hace es repartir la torta de forma inequitativa y a costa de los que menos tienen.
Pero, si algo lo caracterizó a este gobierno fue su alta dosis de cinismo mezclada con demagogia, lo que parece haber estado presente en esta ocasión cuando compensar a los artistas populares fue uno de los reclamos -y de las promesas- hechas en campaña.
Es legítimo el reclamo, a los artistas les asiste derecho a algún tipo de compensación por su trabajo como intérpretes en tanto las aplicaciones lucran con la difusión de la obra que interpretan. Es cierto que hay un canon que se abona al autor, pero no es solo la autoría lo que le da valor a una obra, también está el artista que la interpreta quien - muchas veces- termina siendo su principal promotor.
Lo cierto es que tampoco es lógico que la compensación implique una doble imposición para la plataforma o aplicación que difunde la obra, entonces ahí es donde puede estar -y seguramente estuvo- el error principal de la norma aprobada en tanto no contempló todas las opciones posibles y legisló pensando solo en una parte del circuito.
También es cierto que el equilibrio de fuerzas es sumamente dispar entre una multinacional -dueña de una aplicación mundialmente difundida y de un alto poder económico- y artistas nacionales que pujan por una compensación por su trabajo; pero eso no debiera ser obstáculo para un país que supo enfrentarse a una poderosa multinacional como Philips Morris y salió airosa.
Claro que, no era un herrerista el que nos defendía, ni mucho menos.
Mientras tanto, la amenaza
En este enfrentamiento no deseado está el interés de muchos uruguayos que despertaron en la mañana del 1º de diciembre con un correo electrónico de Spotify que les daba la triste noticia de que a partir del 1º de enero de 2024 abandonaría el país, en razón de los cambios legislativos aprobados recientemente.
"Recientemente, el gobierno de Uruguay aprobó la ley de Rendición de Cuentas que incluye cambios drásticos en la forma en que funciona la música en el país. Spotify ya paga cerca del 70% de cada dólar que genera de la música a las discográficas y editoras quienes representan y pagan a los artistas y compositores, y ha contribuido con más de $40 mil millones de dólares hasta la fecha. Los cambios con esta nueva ley podrían obligar a Spotify a pagar dos veces por las mismas canciones, y a menos que el gobierno aclare que las discográficas y editoras, a quienes pagamos ese ~70%, deben asumir la responsabilidad de estos costos, nuestro negocio de conectar artistas y fans será insostenible."
Menudo lío para un gobierno que defiende a los malla oro, porque ahora deberá corregir lo aprobado y deberá hacerlo sometiendo su decisión a elegir a cuál de los malla oro va a afectar: o a los dueños de Spotify, o a los dueños de los sellos discográficos; porque -seguramente- no respetar la promesa hecha a los artistas no sea una opción para un presidente que cumple lo que promete… ¿no?
Uruguay no es un mercado de peso para los dueños de Spotify, pero estos no pueden permitirse el lujo de que este pequeño país se constituya en un "leading case", y termine siendo un caso que genere luego una arremetida mundial con idéntico reclamo. Antes que permitir que eso ocurra, abandonar el mercado es lo más sugerente para la empresa.
El gobierno se metió solito en un brete de difícil solución, porque de aceptar los condicionamientos de Spotify implica dar marcha atrás con disposiciones ya aprobadas y que fueron una promesa de campaña. Por otro lado, no cumplir con los artistas deja en incómoda posición al propio presidente de la República que en un alarde de su acostumbrada demagogia prometió algo sin tener muy clara su instrumentación. Permitir que Spotify se vaya los malhumora con una porción importante de la población usuaria de la aplicación, muchos de ellos jóvenes que ya hicieron sentir su descontento. No aplicar lo legislado deja sin justa compensación a los artistas por su trabajo. Alguien tendrá que ceder, alguien tendrá que pagar…
Mientras tanto, la temperatura se mide en las redes sociales. Cosas que en otros tiempos no pasaba… por lo menos en los tiempos de "Aquí está su disco", no.
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