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| Fuente imagen: ambito.com |
Privados abusando de lo público
Ni era humo ni se trató de un asunto "entre privados" como sugiere ahora el Presidente Lacalle. Y no fue humo porque así lo demostró una Fiscal que investigó al punto de pedir la formalización por cohecho calificado en calidad de coautor a quien instigara al por entonces Jefe de la custodia personal del Presidente, Alejandro Astesiano, para obtener información que permitiera la formación de "fichas personales" de los senadores Bergara y Carrera, con la intención de utilizarlas para obligarlos a retirar la denuncia por la entrega del puerto de Montevideo.
Y no era humo al punto que un Juez hizo lugar al pedido Fiscal de formalizar la investigación ante el cúmulo de evidencias que permiten iniciar una investigación al respecto. Lejos de la humareda, hay una flagrante comprobación de las acciones de espionaje contra dos senadores de la oposición que tuvieron el atrevimiento de denunciar un acuerdo ilegal e inconveniente a los intereses del Estado uruguayo, y que compromete por 12 períodos de gobierno (hasta el año 2081), el mejor negocio de nuestra principal puerta comercial.
Tampoco se trató de un asunto "entre privados", como pretende calificar un Lacalle Pou que viene haciendo agua hace tiempo con sus actos fallidos, ayudado por un entorno que hace -justo es decirlo- sus escandalosos aportes. Circunstancias que -según las encuestas- no afectan la credibilidad ante la opinión pública (?). Algo que resulta increíble por cierto, porque si algo es sensible a la opinión pública es -precisamente- la palabra del primer mandatario contrastada con los hechos de la realidad que terminan desmintiéndolo.
No era un asunto entre privados porque bastó con que uno de los involucrados no fuera un privado para echar por tierra esa coartada. Astesiano, no solo era el Jefe de la custodia personal, sino que fungía desde la misma Torre Ejecutiva y en la investigación fiscal se demostró claramente que tuvo una activa participación y un fluido intercambio con quien terminó formalizado como coautor de cohecho calificado, ante la instigación que hiciera prometiendo "una moneda" por los servicios del Fibra.
Tampoco es entre privados un asunto que implicó el uso y abuso de los recursos públicos -a los que accedía Astesiano- para hacerse de la información de los senadores víctimas del espionaje.
Ni el libretista más ingenioso hubiera imaginado la catarata de eventos que han venido develándose y que tienen al Gobierno como el común denominador cuya responsabilidad no puede soslayarse porque le cabe, (por acción o por omisión), en todos los casos.
¿Cuestión de actitud?
Si le hubieran puesto el mismo empeño a ejercer el gobierno en procura de beneficiar a la población seguramente otra sería la cuestión. Sin embargo, usaron ese impulso para gestionar en beneficio de sus propios intereses y el de los grupos que ellos quisieron privilegiar.
En ese modo de gestionar la cosa pública, mostraron una impronta descontrolada que los describe como quien se sabe próximo a su fin y no quiere perderse de nada. Porque en verdad, han hecho uso y abuso del poder en cuestiones inimaginables… hasta ahora.
Entregaron en forma exprés un pasaporte a un narco que lo sabían "peligroso y pesado". Alegando la legalidad de su expedición se olvidaron de contextualizar y así fueron parte de la estrategia que hoy le permite seguir en libertad a pesar de la requisitoria internacional que pende sobre su figura. Al mismo tiempo, depreciaron los documentos de viaje uruguayos que habían recuperado un sitial de prestigio internacional que hoy está fuertemente cuestionado.
Fueron capaces de la mayor entrega de soberanía que recuerda nuestra historia con un acuerdo que cedió el principal negocio del puerto de Montevideo en régimen de monopolio privado sin ley que lo habilite y por 12 períodos de gobierno. Nadie se había atrevido a tanto… hasta ahora.
Pusieron (o mejor dicho puso el Presidente), al frente de nada menos que su custodia personal a quien utilizó los recursos públicos para beneficio propio y/o de terceros. Y lo ubicó nada menos que en el 4º piso de la Torre Ejecutiva, desde donde armó una estructura que utilizó para hacerse de alguna "moneda", espiar a senadores, a dirigentes sindicales y sociales, junto a estudiantes de liceo (Liceo Nº 41); favorecer a proveedores en compras estatales, etc.
Es cierto que no todo es obra exclusivamente del Presidente, pero al ser el líder del equipo de gobierno es el principal responsable. Además así lo expresó cuando asumió el 1º de marzo de 2020 en Plaza Independencia.
Para colmo (si es que todavía existe y no nos tiene reservado algo más), tuvo a uno de los principales dirigentes del herrerismo como protagonista, y reveló una trama de corrupción sin precedentes. Me refiero al caso del ex senador Penadés y la trama corrupta que montó con la complicidad de autoridades del INR para incurrir en una estrategia de defensa que la Fiscal Ghione bien calificó como de estafa procesal.
Una instancia que deja en muy incómoda posición a las autoridades más altas de la cartera (ministro Heber y director del INR, Mendoza), en tanto la línea de mando es directa en el caso, instalando un tremendo manto de sospecha. En una organización donde la verticalidad del mando es una condición intrínseca y rigurosamente aplicada, es imposible imaginar que el ex director de la Unidad Nº4 (ex ComCar) - Carlos Tarocco- actuara por iniciativa propia; mucho menos en un caso tan delicado y de altísima exposición pública como ese.
El mando y el contexto
Pongamos en contexto la situación.
Tras el caso Astesiano, que se llevó puestos a la cúpula de la Dirección de la Policía Nacional (2 y 3 por lo menos), por el uso ilegal de los accesos al Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP), el abuso de dichas acciones de consulta del sistema madre de información en seguridad se ubicó en el ojo de la tormenta. En ese estado situacional, ¿alguien puede imaginar que se juegue su carrera y su libertad poniéndose a hurgar información a sabiendas que son consultas que vulneran la reserva judicial de uno de los casos más resonantes (sino el mayor) que involucra a un alto dirigente del gobierno, y que lo haga por iniciativa propia? Parece algo difícil de imaginar si tenemos en cuenta el contexto, ese entorno que no escapa a nadie más o menos informado, y mucho menos, a quien está en la gestión misma de la cartera en la que se dieron los hechos cuestionados.
Si así fuera, y las autoridades no tuvieran responsabilidad directa en las acciones de su subalterno, igual vale el título de esta columna. Es que dieron tantas señales equivocadas, ("se terminó el recreo"; hay orden de no aflojar") y fueron -muchas veces- espejos para los subalternos con sus propias acciones, que es posible imaginar que así como los mandos se animaron a cruzar determinadas líneas también ellos se animaran a hacer lo propio.
Parece difícil de creer pero la realidad es dura y contundente.
Se animaron a todo…
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