¿Alguna vez hubo un plan?

Fuente imagen: UyPress

Lo afirmó muy seguro el ministro Heber ante el Parlamento, y lo repitió luego hasta el hartazgo, aunque su palabra venía bastante devaluada desde su pasaje por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con la entrega del Puerto de Montevideo a una empresa belga hasta el año 2081. Con esos antecedentes, su periplo por la cartera encargada de la seguridad se vio agravado por mérito de su propia y exclusiva gestión que lo posicionan como el peor de la clase para un Poder Ejecutivo que tiene poco y nada para mostrar. Al desguace iniciado por su antecesor -el fallecido Larrañaga- se le sumó una seguidilla de sucesos que fueron develando una impronta alejada de todo profesionalismo y un retroceso inentendible en la transformación de la Policía Nacional. Apelando al marketing como recurso se olvidó que a la publicidad hay que acompañarla con resultados y conocimiento, algo de lo que carece y deja en evidencia cada vez que puede. Así mintió a los legisladores sobre un pasaporte entregado a un narcotraficante peligroso y pesado, y falta a la verdad cuando justifica los homicidios como producto de la guerra al narcotráfico, según un estudio difundido recientemente. Lo cierto es que los uruguayos se siguen matando a razón de más de un homicidio por día en una escalada de violencia que no cesa. 

¿Por qué se matan los uruguayos?

A pesar de lo que afirmó el ministro Heber, no es su guerra contra el narcotráfico la razón principal de las muertes violentas, según reporta el informe denominado “En las grietas del Estado. Gobernanza criminal en Montevideo” y “Diagnóstico de los homicidios en Uruguay (2012-2022), investigaciones realizadas a través del Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación que fueron presentadas por Verónica Pérez, Ines Fynn y Emiliano Rojido, según consignó La Diaria el pasado 10 de julio.  

Efectivamente, "en 34,1% de los casos no hay información, mientras que 16,3% se asocia a discusiones, 13,6% a “venganzas y represalias”, mientras que por crímenes contra la propiedad alcanza a 12,2%, celos y apropiación sexual es de 9,2%", expresaba el matutino en su crónica.

Por su parte, Rojido en entrevista con Radio Sarandí, afirmó que sólo “6,5 % de los homicidios están vinculados al tráfico de estupefacientes entre 2012 y 2022”, lo que destruye -con datos de la propia cartera- la inverosímil afirmación que dio Heber en el Parlamento. Al punto que llegó a decir que el 80% de los homicidios eran producto de enfrentamiento entre criminales, una afirmación que luego repitiera el propio Presidente de la República en ruedas de prensa (El País). Semejante nivel de improvisación llevaría a repensar seriamente la comunicación que se brinda desde la Secretaría de Estado, nada menos que de parte de su principal vocero: el Ministro. No ya por su investidura y credibilidad, sino por la del propio Presidente que repite información errónea que le brinda su encargado en la materia.

Mucho más ahora que ya no le irían quedando fusibles ante la destitución del mediático ex Director de Convivencia, un experto en disparar ante la prensa información falsa que nadie (salvo honrosas excepciones), contradecía.

En ese contexto, no es poco reconocer el gesto de compartir un informe que los dejó expuestos de forma flagrante. Es que a la realidad es imposible ocultarla mucho más cuando hay registro que lo demuestra de forma tan contundente. Lo insólito es que contando con la llave de la información en sus manos, se resistan a reconocerlo y actúen como si no les fuera a alcanzar nunca la espada de la verdad objetiva de los datos.

Mientras tanto, la violencia

En tanto, se empiezan a ver las patas a la sota y esta realidad inocultable pide urgentemente ser atendida. Ya no alcanzan las excusas ni las justificaciones -que tanto le criticaron a Bonomi- las mismas a las que hoy acuden para dar cátedra. Se nota que jamás le escucharon; se nota que jamás se prepararon para asumir una tarea tan delicada como esta.

Son los grandes responsables del enorme retroceso que vive hoy la Policía Nacional. A poco de asumir la nueva administración se desmantelaron equipos de policías profesionales logrados tras largos años de formación y que trascendieron gobiernos. Grupos que habían generado músculo para el combate del crimen organizado. Claro que los resultados no se logran de un día para el otro, pero aquella fue una verdadera política de Estado que estaba consolidada y que -a pesar de todo pronóstico- fue absolutamente discontinuada. Los resultados -nefastos- no demoraron en llegar. 

Toda la cúpula directriz de la Policía Nacional fue destituida, y con ella muchas jefaturas tuvieron igual destino. El efecto dominó del caso Astesiano reveló un andamiaje de utilización del aparato de seguridad para fines ilegales que terminaron con el reemplazo de los más altos cargos que nunca fueron espejo para una fuerza policial que perdió mucho de lo que había recuperado en la anterior gestión.

Uruguay hace parte de una ruta de la droga que produce la región y el Puerto de Montevideo se ha convertido en una puerta de salida alternativa que lo contamina y califica de la peor manera para el comercio internacional. Los alijos de droga siguen pasando por nuestro puerto y Uruguay está en la  mira y no precisamente por el combate al narcotráfico.

Hicieron gárgaras durante la campaña electoral y hoy las fronteras son un verdadero colador. Aprobaron leyes que lejos de combatir el lavado de dinero lo facilitaron (tal el caso de la LUC); en esta gestión solo un caso de lavado de activos se formalizó en una investigación heredada de la anterior administración. 

En tanto, los homicidios lejos de menguar siguen creciendo, y la violencia marca la cancha a lo largo y ancho del país. Es hora de empezar a entender lo que dicen los investigadores y aplicar ese conocimiento para enfrentar -con inteligencia- un problema de difícil solución como es la violencia. 

Las esperanzas oficialistas están puestas en un acuerdo multipartidario que no llega con el consenso esperado, ni siquiera de la propia coalición de gobierno (ni Cabildo Abierto, ni el PERI, ni el Partido de la Gente, lo apoyan). No obstante lo cual, el Frente Amplio ya comprometió sus votos para la aprobación de las leyes que contribuyan a mejorar la seguridad de los uruguayos. 

Menos circo y más gestión.

El tiempo dirá si se logra el objetivo; lo que debe quedarles claro es que lejos de pensarse lo contrario, TODOS anhelamos vivir en un país más seguro y donde la violencia no sea el primer recurso para resolver nuestros conflictos.

Atrás quedó aquel plan que sería la solución.

¿Alguna vez hubo un plan?

 

el hombre pensaba una estrategia,

el perro pensaba en rascarse…