Y mientras tanto… ¿qué?

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La noche se encamina a iniciar su recorrido final, el domingo está en retirada ante una   madrugada que anuncia el comienzo de otra semana. El negocio cerró sus puertas, los deliverys sacan cuentas y liquidan comisiones mientras el encargado comienza el arqueo de caja. Las puertas principales están cerradas, solo una entrada lateral permanece abierta. Por ahí entrará la muerte vestida de jeans y campera oscura, con gorra que ocultaba su rostro infame. En el mostrador esperaba la víctima, acodada, como esperando el cierre de otro día sin saber que sería el último. No vestía uniforme, no podía; a tan solo una semana de cumplir tareas la realidad lo ponía a prueba de la peor manera. Desenfundó el arma pero dudó en usarla, entonces el mostrador fue la frontera entre la vida y la muerte. Fueron dos tiros, dos infames disparos que lo tumbaron para siempre…

El 223 

No es una línea de ómnibus aunque pareciera; en la jerga policial es la forma de referirse a los servicios irregulares que cumplen algunos policías que ofrecen sus servicios de seguridad por fuera de la institucionalidad. La denominación refiere de forma ineludible a los servicios extraordinarios policiales al amparo del Art. 222 de la Ley 13.318 del año 1964. Dicha ley autorizaba a la Jefatura de Policía de Montevideo a cobrar por la prestación de servicio de vigilancia especial.

Con el tiempo dichos servicios extraordinarios se fueron extendiendo al punto de ser la principal fuente de ingresos de los uniformados en detrimento del servicio ordinario que sufrió un tremendo deterioro. A tal extremo que dichos servicios se vieron socavados por aquellos con la consecuencia irremediable del aumento de la inseguridad sin respuesta policial que la contuviera.

Al inicio de la primera administración de Bonomi, una de las primeras medidas fue la eliminación paulatina de los servicios extraordinarios por Art. 222. Era imposible que los servicios ordinarios de seguridad brindados por la Policía Nacional fueran lo efectivo que se requerían con un sistema tan perverso donde los funcionarios policiales debían cumplir jornadas de 12 a 16 horas diarias entre ambos servicios. El efecto inmediato era la preservación del servicio extraordinario en detrimento del ordinario, ya que el primero era la principal fuente de ingreso de un personal torpedeado por deudas y retenciones a las que solo eludía el pago por servicio 222 que no era afectado por las mismas al ser una cifra que se liquidaba en negro. 

Tamañas irregularidades merecieron arriesgadas decisiones que tuvieron como contrapartida la mejora de los ingresos policiales haciendo que todo el personal (aún quienes no realizaban servicios extraordinarios) tuvieran un aumento que compensara el servicio que se eliminaba para hacer de la jornada policial una equilibrada y digna función diaria, sin los excesos de horarios imposibles de cumplir y, menos, de ofrecer una respuesta policial eficaz para la ciudadanía.

Todos los funcionarios policiales recibieron su compensación y el salario policial recuperó la dignidad que merecía. Un esfuerzo de la sociedad uruguaya que aportó -con sus impuestos- el mejor presupuesto de la historia para que la labor policial fuera una labor mejor remunerada.

Pero el esfuerzo que significaron esos cambios no podían ser gratuitos, era necesario tener una contrapartida a la que debía comprometerse la fuerza policial en su conjunto. La recuperación salarial y una jornada laboral razonable debían compensarse con la dedicación exclusiva que permitiera contar con los servicios ordinarios de seguridad que la sociedad uruguaya merecía. Sin embargo, a varios años de consolidada la reforma, aún persisten casos de servicios irregulares que ponen en riesgo la integridad de los funcionarios que se prestan a servirlos.

Honestidad total

Tras el Consejo de Ministros en la localidad de Ramón Trigo (Cerro Largo), los medios recabaron la opinión del ministro (interino) del Interior, Lic. Jorge Vázquez, acerca de la infame muerte de un agente policial en un comercio del barrio Pocitos. Un hecho que lamentó profundamente y que dio pie a consideraciones sobre la irregular situación que propició el fatal desenlace.

Porque se trató de un servicio irregular prestado por la víctima, según lo confirmó el propio Jefe de Policía de Montevideo, a estar por lo declarado por el dueño del local que reconoció la contratación del efectivo -hacía tan solo una semana- para tareas de seguridad.

Las declaraciones de Vázquez fueron rápidamente referidas por la oposición política para criticar falta de empatía. Lejos de interpretar el verdadero sentir de sus palabras, aprovecharon para pegar sin más en medio del dolor por la pérdida. El Cabo Wilson Coronel, no debía estar allí ofreciendo un servicio policial sin las herramientas apropiadas para esa función, pero eso a nadie le importó al momento de emitir las críticas.

¿No cabría preguntarse por qué siguen habiendo empresarios que contratan policías en lugar de recurrir a los servicios reglados de una empresa de seguridad? ¿Por qué siguen exponiendo a estas consecuencias a los policías que arriesgan mucho más que una sanción disciplinaria, arriesgan su vida sin instrumentos apropiados para cumplir correctamente con la tarea?

Se podrá decir que los funcionarios son también quienes arriesgan al aceptar pero la relación de inequidad existente inhibe cualquier comentario. El trabajador está en una situación de inferioridad frente al empleador, siempre.

En el caso de Coronel, las imágenes lo muestran desenfundando el arma pero sin atisbo de utilizarla, seguramente impedido indirectamente por esa irregular situación en la que se sabe inmerso, esa duda le jugó en contra con el peor desenlace.

Hace tan solo una semana, un exitoso procedimiento culminó con dos rapiñeros apresados tras momentos de alta tensión con una rehén que había tomado uno de ellos. El arrojo y experiencia policial se pusieron de manifiesto para lograr el mejor resultado culminando con aplausos de parte de la ciudadanía expectante y nerviosa que presenciaba los hechos. En cambio, a pocos días de aquel hecho, un procedimiento a todas luces irregular culmina de la peor manera. No habría lugar para mayores comentarios...

A primera hora de la mañana de este lunes los sindicatos policiales hablaban de un Policía abatido en un intento de rapiña a un comercio del cual era cliente. Flaco favor hacen eludiendo la realidad, disfrazándola para evitar lo inevitable, que se sepa la verdad. Lejos de contribuir a mejorar la seguridad de los afiliados la debilitan justificando -directa o indirectamente- el mantenimiento de situaciones irregulares como esta.

No queremos ni un Policía muerto más, y debiéramos cerrar filas juntos -autoridades, sindicatos policiales y sociedad civil y política- para que no haya más servicios irregulares que pongan en peligro la vida de los trabajadores policiales. 

Hay que desestimular la contratación de estos servicios, el riesgo es demasiado grande. Alguien tenía que decirlo fuerte y claro. Criticaron el momento, la oportunidad, pero urgía decirlo a riesgo de sufrir otra pérdida en poco tiempo más.

Porque sino, mientras tanto… ¿qué?

ni el hombre ni el perro 

querían más riesgos...