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jueves, 10 de noviembre de 2016

Robocop no tenía abogado


El Policía de futuro es uno robotizado, pertrechado con las últimas tecnologías con el mejor armamento, blindado. Es un Policía automatizado, que tiene la mejor y más rápida respuesta ante las situaciones más difíciles. Y todas las resuelve bien para el ciudadano al que debe proteger. No necesita de abogados porque en sus programas ya tiene cargadas todas las respuestas a todas las preguntas, no necesita a nadie que lo defienda porque ese Policía ideal no infringe nunca la Ley. Sus acciones están pre cargadas, y a cada situación responde de la forma que tribunales expertos definieron como la mejor y más inocua para los intereses de la población a la cual defienden esos “robocops” del futuro no tan lejano. No tan lejos en el tiempo hubo quien intentó programar un cambio para dotar de una mejor herramienta a los uniformados, al hacerlo -con las mejores intenciones seguramente- cometió algunos errores que fueron desnudados por un abogado -otro igual que él pero que había estudiado- y entonces aquel progreso soñado tuvo un insalvable obstáculo para poder ser parte del programa del futuro Policía. Lo dicho, Robocop no tenía abogado… menos mal!!


Al golpe y contragolpe


Como reacción inmediata en medio de una interpelación se presentó un proyecto que inyectó de sangre al abogado discrepante, quien -estando en sala- no daba crédito a lo que se presentaba. “Es una respuesta apresurada -imaginó enseguida- ante la contundencia de un Ministro que vino a rendir cuentas de lo hecho”. Es que a pesar de los datos y la contundencia de los mismos, la sentencia ya estaba redactada desde la convocatoria misma.

Pasó la interpelación y las rapiñas siguen bajando, dato que va dicho al pasar pero del que seguramente en poco tiempo tendrán cifras oficiales para corroborarlo. Claro, los que quieran creerlos pues de un tiempo a esta parte los datos creíbles son solo los negativos, los que hablan del incremento de la inseguridad y de los delitos, pues cuando los mismos datos empiezan a dar señales de cambios positivos allí no son creíbles y la causa es que la gente no denuncia (a pesar que las denuncias siguen en aumento acompañando el crecimiento de la confianza en la Policía que también aumenta en la población).

Pasaron aquellas 17 horas y media pero quedó aquel proyecto de ley que ampliaba el instituto de la legítima defensa a la Policía, haciendo que este sea de aplicación presunta siempre. 

El senador proyectante, entiende aplicable la tríada que establece el instituto de la legítima defensa (agresión ilegítima; falta de provocación suficiente y medio racional para repeler o impedir el daño) argumentando que "se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto del funcionario policial que, en el ejercicio de sus tareas, empleando la fuerza causa un resultado legal o provoque lesiones personales, graves o gravísimas", admitiendo la prueba en contrario, "toda vez que el funcionario se aparte de los principios legales que rigen la actuación policial".

El grito en el éter

El discrepante no pudo con su condición, le ganaron los años de estudio y sacrificio aprendiendo Derecho, los que le pedían a gritos una respuesta que no tardó en publicar y eso hizo reaccionar al proponente. El grito se escuchó en el “éter blanco” de los seguidores ídem que no entienden posible la defensa de la gestión acompañada de opinión fundamentada. Unos y otros creen que es correcto afirmar conceptos equivocados (o directamente falsos) y dejarlos pasar como si nada, dejarlos inundar de titulares que consumen quienes -desprevenidos- los toman como ciertos y correctos pero que encierran peligrosos instrumentos que quienes tienen responsabilidades políticas deberían impedir.

Afecto a las tecnologías positivas que supo imprimir en su campaña, lanzó inmediata respuesta por la red del pajarito. Luego, hizo lo propio -más distendido pero no menos equivocado- en su audición radial. Allí, no obstante, tuvo palabras elogiosas para la gestión de Bonomi como cuando reconoce que “se ha mejorado el armamento -(¡¡al fin se dieron cuenta!!)- tenemos un poder de fuego similar -(acá empezó a darse cuenta que no podía reconocerlo)- mejor dicho más cercano al que pueden tener los delincuentes” -(a esta altura había entendido la seña o leído el cartelito de su asistente y corrigió).

La Policía -por mandato constitucional y legal- tiene el empleo de la fuerza para proteger a la ciudadanía. En ese mandato va implícito el uso racional de la misma siendo capacitada e instruida profesionalmente para ponerla en práctica. No deja de ser un ciudadano con privilegio legal en ese marco, al que se le otorga la posibilidad de recurrir al empleo de la fuerza para prevenir o impedir un daño, también para perseguir a sus autores y someterlos a la Justicia. En ese sentido fue que el legislador otorgó un plus jurídico a este tipo de ciudadanos que se preparan para hacer frente a la delincuencia y a quienes les otorga instrumentos como el del cumplimiento de la ley para que -en su marco- lleven adelante sus acciones. Como a cualquier otro ciudadano le caben las mismas prerrogativas en la aplicación de la legítima defensa con ese adicional incluido de que su accionar -ajustado a la ley- es su amparo para el ejercicio de su profesión.

Dicho de otra forma, quien tiene un arma por imperio de la ley tiene el uso legítimo de la fuerza, darle una presunción de legítima defensa sería un adicional peligroso como esgrimiera el abogado discrepante quien, por otra parte, ostenta la calidad de Director General de Secretaría de la cartera encargada de administrar a todos los policías.

Innecesario y equivocado, adjetivó además el abogado, para reforzar la idea de un adicional legislativo que sería inconveniente, adjetivo yo.

Si algo no puede negarse a esta administración es la defensa de los uniformados que cumpliendo con la ley hacen un ejercicio legítimo de la fuerza así como también las denuncias que ha entablado contra quienes se han apartado de ese mandato intentando, incluso, vestir con pruebas falsas algunas veces (caso del policía sobreseído de Los Palomares el primero, y caso de los policías procesados por homicidio de un joven en Santa Catalina, el segundo).

El instituto de la legítima defensa es un sabio instrumento judicial que han sabido construir acertadamente los legisladores y que se ha ido adecuando -mínimamente- en el tiempo. Sumar a la Policía entre sus benefactores de forma presuntiva legal parece un exceso que puede acarrear más defectos que virtudes. 

Mucho más en una sociedad que se ha vuelto más violenta y que reclama soluciones al clamor de la venganza en lugar de la Justicia.



el hombre repasaba el Código,
el perro sabía que se venía un Penal...

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