So semejanza de bien, mal
La mejor definición de la alevosía está en la Partida Séptima de Alfonzo X El Sabio, referido a las traiciones. Allí define en una frase a la alevosía como el mal encubierto bajo la apariencia de un bien. Una definición simple y precisa de lo que en primera instancia puede no parecer una acción dañosa pero que encierra un objetivo intencional de provocar un efecto adverso al destinatario de la acción dolosa.
Así las cosas, resulta alevoso que los mismos que depreciaron siempre las estadísticas de las administraciones frenteamplistas, se erijan ahora en acérrimos defensores de las mismas con el argumento de haber mantenido a las mismas autoridades en el Observatorio, como si con ello bastara para argumentar una legítima defensa a la información de calidad que merecemos los uruguayos.
NUNCA se puso en duda la honorabilidad de quienes analizan y procesan las cifras, al menos no de parte de la actual oposición frentista. La razón no es otra que conocer muy bien que el Observatorio analiza lo que registra la Policía en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública,(SGSP). Sistematizando y analizando los datos recabados por quien instruye primariamente todo hecho relativo a la seguridad, el policía. Con una particularidad relevante que impuso esta administración ni bien asumió: un pertinaz y fuerte proceso de precarización de esos registros con medidas que fueron denunciadas oportunamente pero que -parece- no son de recibo para muchos periodistas que siguen repitiendo y aceptando como válidas las explicaciones oficialistas, alejadas de la realidad que sufren muchos uruguayos. A saber:
Si retiro estudiantes (becarios) de las comisarías y los sustituyo por funcionarios retirados (neófitos muchos de ellos en sistemas de información digitales); si instruyo a las víctimas de un delito a concurrir indefectiblemente a una comisaría para radicar una denuncia; si no le tomo la denuncia en el mismo lugar de los hechos (no uso las tablets); si instruyo al personal dependiente a "no registrar los abigeatos porque después nos matan con las cifras", (como ocurrió con un jerarca de la Jefatura de Maldonado); si registro hurtos por rapiñas, (como fuera denunciado contra la Jefatura de Durazno); etc, etc, etc… Es una lógica consecuencia que las denuncias bajen lo cual NO implica que bajen los delitos sino todo lo contrario: bajan los registros por acción directa o indirecta de las propias autoridades. Así, de forma alevosa, bajo la apariencia de un bien, se consolida un mal: la desconfianza en las cifras y estadísticas oficiales. ¡Así bajaron las cifras!
Mientras en las pasadas administraciones frenteamplistas se estimulaba la denuncia como un instrumento indispensablemente válido para lograr la mejor calidad informativa que nutriera la operativa policial, en la actual gestión se optó por el camino contrario para depreciar los registros estadísticos que -obviamente- siguieron siendo responsabilidad del Observatorio y su equipo, en lo que análisis refiere. Esa precarización registral, poniendo dificultades antes que facilitar mecanismos de denuncia a las víctimas, generó un efecto a la baja producto del desestímulo de quien sufre el delito; ese que prefiere evitar una re-victimización con largas esperas en las seccionales policiales y/o un trato inadecuado para su calidad de víctimas.
Esas prácticas podrán rendir en el corto plazo para dar la falsa idea de una "baja en los delitos", pero tiene implícita una nefasta consecuencia que es la de construir una realidad paralela diametralmente alejada de la que viven los uruguayos a lo largo y ancho del país. Al menos así lo demuestran los datos oficiales sobre los homicidios brindados recientemente, donde en los departamentos de Durazno, Colonia, Maldonado, Rivera y Montevideo, el crecimiento fue exponencial, aún con los datos que presentó el Ministro ante el Parlamento. Datos que difieren bastante con los que han reportados los medios de prensa a lo largo de 2023 (382 contra 399).
Las denuncias y la cifra negra
Esta guerra dialéctica de denuncias y/o delitos servirá de muy poco sin otros instrumentos, pues para conocer realmente la realidad no alcanza con los registros (sean policiales o de otra institución) si no se acompañan con encuestas de victimización que permitan dimensionar realmente el estado de situación que vive una sociedad y conocer la calidad de la seguridad que ostentan. Medir la gestión en números no es lo más recomendable, pero es un indicador que debe complementarse con otras herramientas para poder achicar la cifra negra (cantidad de eventos no denunciados), que sobrevuela toda estadística.
Esta administración contó con la ventaja de dos años de pandemia mundial que ralentizaron toda actividad humana -incluida la actividad criminal- un tiempo desaprovechado y en el que se atribuyeron méritos que no les correspondían a su gestión. Poco bastó para que, una vez recuperada la movilidad social y la actividad comercial, la conducta criminal se incrementara en forma escandalosa con un incremento notorio de la violencia inducida por otras medidas que han sido obra genuina de una administración que sigue haciendo como el avestruz sin admitir ningún fracaso.
La LUC era la bala de plata y sin embargo dejó al descubierto que sus efectos fueron todo lo contrario al presuntamente esperado. Solo los trabajadores y estudiantes sufrieron en carne propia sus efectos, porque la delincuencia siguió produciendo acciones cada vez más violentas que se decodificaron en un notorio incremento de la violencia como lo muestran los homicidios. Lejos de mejorar se empeoró y no hay peor ciego que el que no quiere ver, con el agravante de una situación que se sigue deteriorando a un ritmo vertiginoso que es imperioso detener.
Hoy se sigue negando la realidad, queriendo imponer un relato de fantasía que la gente rechaza por ser la que sufre en los barrios el avance de la criminalidad. Todos los días nos enteramos de un homicidio violento, donde el cruce de bandas que pujan por territorios se llevan vidas inocentes como daños colaterales que no podemos admitir. La Policía acude en respuesta y satura las zonas pero no se acompaña con medidas adicionales que puedan garantizar una genuina solución al problema. Una vez se abandone el territorio nada asegura que no volvamos a los tiroteos como antes.
Es verdad que siempre fueron denuncias, como refirió el periodista Leonardo Haberkhon al diputado Nicolás Viera (FA) en Desayunos Informales por estos días, pero -también- es cierto que no es lo mismo hablar de cifras de denuncias cuando se fomenta a la ciudadanía a radicarlas cuando son víctimas (con campañas a esos efectos y un discurso oficial alineado); que hablar de cifras de delitos cuando no son lo mismo ni se facilitan los medios para denunciar sino todo lo contrario. Con ese modus operandi la baja de las cifras no es representativa de nada sino que -por el contrario- es una construcción ficticia que rápidamente queda al descubierto por imperio de la inocultable realidad.
La crítica estuvo presente siempre cuando las rapiñas bajaron (porque no es cierto que durante la administración frenteamplista no bajaron, hay archivo al respecto); ahora bien, cuando las cifras mostraban un incremento de las denuncias ahí se volvían creíbles.
Negar la realidad es un camino equivocado que lleva a esconder la cabeza como el avestruz pero dejando todo el cuerpo al descubierto.
Por todo eso, como no es lo mismo hablar de denuncias o delitos, seguiremos insistiendo hasta que lo entiendan…
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