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| Fuente imagen: Tal Cual Alarcón |
Piedras en el registro
Informantes directos de la interna policial nos refirieron las dificultades que se le presentan a la hora de dejar asentado en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública determinados delitos (principalmente hurtos y rapiñas). Detalles que no solo atentan contra la verdad de los hechos y el mejor registro de una novedad policial, sino que inciden directamente en las estadísticas que luego serán base de informes y de toda la operativa asociada a la respuesta policial.
Desde el inicio mismo de esta administración se produjeron significativos cambios que alteraron el curso de profesionalización de la atención en las comisarías, con todo lo que ello implicó. La eliminación de los becarios, sustituidos por retirados policiales, significó toda una señal que precarizó el registro y depreció la atención al público con el correspondiente desestímulo para denunciar que trajo aparejado. ¿Quién –en su sano juicio- permitirá ser revictimizado con largas esperas en una seccional policial, luego de haber sufrido un acto delictivo? Salvo que se trate de un hecho grave o un daño económico justificativo, preferirá dar por perdido antes que someterse a largas horas de espera en un recinto policial.
Aquel acercamiento al ciudadano que significaron los cambios que introdujo el programa MiComisaría, quedaron por el camino al igual que el uso de las tabletas para recoger las denuncias en el lugar de los hechos. Ahora todos son “invitados” a radicar la denuncia en una comisaría y, encima, en la del lugar del hecho, según nos consignaron decenas de víctimas, siendo que el sistema admite que la denuncia pueda radicarse en cualquier dependencia policial sin restricciones.
Son muchas las excusas que se imponen hoy para dificultar el registro, al punto del desestímulo que favorece la cifra negra de NO DENUNCIA, que se dice combatir. En esta contradictoria manera de gestionar la seguridad pública se llega al contrasentido de impulsar la realización de encuestas de victimización al mismo tiempo que se dificulta el acceso para el mejor registro de los eventos de inseguridad. Por un lado se agranda la brecha precarizando o poniendo escollos a las víctimas para que denuncien, mientras que por el otro se incentivan mecanismos para llegar a esa cifra negra que por aquel lado se incentiva. Ilógico por donde se lo mire, ¿no?
Hace pocos días una señora amiga sufrió el hurto de sus documentos en un viaje en ómnibus. Con singular destreza, dos “punguistas” se hicieron de su billetera en medio de un viaje de transporte público en hora pico. Cuando fue a radicar la denuncia, el policía que le atendió (recuerde que ya no están los becarios), le registró como “extravío”, siendo que ella estaba relatando un hurto agravado con destreza, es decir una “punga”. Ese simple ejemplo no solo falsea la realidad sufrida por la víctima sino que le genera un perjuicio económico ya que al eludir la figura del hurto no le comprende la gratuidad del trámite de expedición del documento de identidad.
(Art. 79 Ley 17.243, inc. Final):
“Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar el pago de la tasa referida a toda persona víctima de hurto o rapiña, debiendo para ello presentar copia de la denuncia policial correspondiente ante la Dirección Nacional de Identificación Civil.”(Base Normativa - IMPO)
No solo es víctima de un delito de hurto que NO se registra sino que le privan de un derecho en una suerte de re-victimización, obligándole a pagar lo que de otro modo le saldría gratis. En lugar de minimizar el daño (la gratuidad es una suerte de resarcimiento por el daño sufrido, en tanto el Estado es responsable por la seguridad de sus habitantes), se lo agrava eludiendo el “beneficio”.
Apelando al diccionario
Hay orden no escrita de que los delitos no pueden aumentar y para ello se apela al uso de los sinónimos de manera de distraer al algoritmo. Así, en lugar de hurto van por la “apropiación indebida” o directamente por el “extravío”, de esa manera cuando el sistema tire los datos globales no traerá todos los hurtos por la sencilla razón de que muchos de estos fueron “maquillados” para lucir bajo el disfraz de otras figuras que no son requeridas para las estadísticas. Sabido es que los hurtos y las rapiñas son los delitos que más impactan en la vida de la gente.
Son muchos los buenos policías que empiezan a manifestar su descontento ante este tipo de prácticas que atentan contra la profesionalización que supieron tener y que se contradice con este tipo de maniobras. Muchos que ven un regreso a viejas prácticas que se habían desterrado de la Policía pero que con esta administración han regresado con fuerza, para distorsionar en los papeles lo que la realidad deja al descubierto sin restricciones.
Este ejemplo seguramente se repite a lo largo y ancho del país, por lo que podrán imaginarse la dimensión del problema. Los datos deberían ser una base real para la resolución del tema de la inseguridad pero una solución que se construya a partir de una base falsa nunca podrá ser –siquiera- una solución.
Esta particular forma de gestionar no parece ser aislada ni mucho menos responder a impulsos individuales de malos funcionarios. Por el contrario es una suerte de patrón que se repite sin miras de corrección por parte de las autoridades que siguen reforzando sus discursos con datos estadísticos surgidos a partir de esa particular forma de registro distorsionado y falso. En suma, los datos carecen de toda credibilidad posible, y terminan siendo un mero instrumento de publicidad o marketing de muy mala calidad.
Ni los homicidios se salvan
El delito más grave que tiene toda sociedad es aquel que afecta la vida de las personas: el homicidio. Un delito que por su gravedad es difícil de ocultar y termina siendo el indicador más confiable para evaluar la seguridad de un país. De ese modo se lo estandarizó como indicador tomando como base la ocurrencia de los mismos cada 100 mil habitantes. Ese dato es revelador del estado de situación de la seguridad que toman como referencia los países para compararse entre sí.
Pero, un dato confiable puede dejar de serlo si aparecen situaciones que no se explican de forma fundamentada. A partir de esta gestión hay un indicador que es por demás preocupante y son las muertes dudosas. Esas que venían teniendo una media de 70 a 80 por año se dispararon de forma alarmante a partir de esta administración llegando al récord de las 200 en el año 2022, sin miras de cambio en el corto plazo.
Las primeras explicaciones fueron –como en los demás delitos- referidas a la pandemia, ahora sí tomada como excusa principal que explicara el alto número de ocurrencias de muertes sin una causa determinante clara. Sin embargo, lo que para los demás delitos no tuvo incidencia directa–según las actuales autoridades- tampoco explica razonablemente dichas muertes, al punto que siguen siendo dudosas hasta hoy (cuando la pandemia ya quedó atrás). En ese punto, es posible pensar que hay una suerte de patrón en calificar muchas de esas muertes violentas como dudosas como forma de dilatar su resolución y valerse de su condición de tales para no ingresarlas en las estadísticas (dichas muertes no son contabilizadas oficialmente hasta tanto haya resolución judicial). De ese modo, ni las cifras de los homicidios se salvan de la duda razonable de su fidelidad al momento de cerrar los datos oficiales, ya que estos eluden contemplar ese significativo y llamativo incremento que no se contabilizan en las estadísticas.
Son muchas las razones que llevan al descreimiento y la desconfianza en una gestión que atizó los fuegos sembrando dudas cuando eran oposición y hoy pretenden ser creíbles por la simple razón de sus dichos.
La realidad es una y no se cambia con discursos ni relatos, sino con trabajo y dedicación en conocer fielmente lo que pasa, si en verdad se quiere cambiar lo que pasa.
Falseando la realidad solo vamos a empeorar y cuando se quiera reaccionar será demasiado tarde…
👀👍
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