Dignidad, otro plan para el olvido

Fuente imagen: La Diaria

Una reciente sentencia del Juzgado en lo Penal de 44º turno sobre un recurso de Habeas Corpus presentado por los Operadores Penitenciarios de la Unidad Nº 5 Femenino del INR, dio cuenta del estado de situación del centro penitenciario. La situación crítica del establecimiento femenino no hizo otra cosa que desnudar las carencias de una gestión que prometió mucho e hizo muy poco, no solo en la unidad de detención femenina sino en todo el sistema nacional de privación de libertad. De aquel Plan de Dignidad Carcelaria que anunció el fallecido Larrañaga al deterioro actual, hay una enorme distancia. El “éxito” de la gestión se traduce en un exponencial aumento del hacinamiento carcelario sin contrapartidas que hagan de los centros penitenciarios verdaderos espacios de rehabilitación y no meros depósitos donde se profundiza la carrera delictiva. Si el plan para bajar los homicidios no dio resultado, en materia penitenciaria suman otro plan que va por el mismo camino…

Ah, pero la LUC!!

Era la solución a todos los males del país, la urgencia con la que impusieron aquella ley ómnibus venía con la publicidad de su eficiencia manifiesta que pondría fin a los graves problemas que afectaban a la sociedad uruguaya. Entre ellos los de seguridad, y –con la pandemia como gran aliada- vendieron un éxito que hoy no solo no le perdonamos sino que se lo reclamamos a gritos. Aquella ley urgentemente considerada trajo, entre sus artículos, uno de los más cuestionados hasta por los mismos legisladores oficialistas que lo votaron, que es el del aumento de penas para el microtráfico, particularmente el ingreso  de drogas en centros de reclusión.

La que hoy conocemos como la norma Dora Sumer, no hizo otra cosa que llenar la cárcel de mujeres con la ilógica inflación punitiva de sancionar más severamente a quien ingresa (o intenta ingresar) unos gramos de marihuana a un centro de reclusión y, con menos severidad, a quien trafica cientos de kilos o toneladas de drogas duras. Una situación que fue convenientemente advertida en su momento y que, luego de conocerse el caso de aquella emblemática mujer que por ingresar unos pocos gramos de marihuana para su esposo terminó con ella presa y condenada por 4 años, aún sigue sin resolverse. 

La inequidad legislativa quedó en evidencia cuando casi al mismo tiempo, un narcotraficante conocido como “el narco de la Tahona” cayó en Artigas con 454 kg de pasta base y terminó condenado a 24 meses de prisión. ¿Alguien puede entenderlo?

Pero, si eso está difícil de entender mucho más la desidia y poco apego que lleva a que legisladores oficialistas, que han manifestado su voluntad de corregir esa injusticia punitiva no hagan algo para devolver racionalidad a las penas y sancionar con mayor severidad a aquel que trafica grandes cantidades y es el padre de toda una rosca delictiva que se ramifica luego en el demonizado microtráfico. Último eslabón de una cadena criminal que no se corta por su lado más fuerte sino que castiga y reprime al más débil y con menos posibilidades de defensa.

Cortando un proceso

A pesar de los discursos, la realidad penitenciaria que heredó esta administración no fue la que pretendieron mostrar sino una que había eliminado el hacinamiento y dejado las bases para una transición que sacara de la órbita del Ministerio del Interior a todo el sistema penitenciario del INR.

Sin embargo, con un blindaje muy bien dispuesto se propusieron y mostraron lo peor del sistema que no era ni por asomo representativo del total sino una parte. De lo poco positivo que mostraron hasta ahora, TODO es heredado de la anterior gestión y por más esfuerzo que le pusieron no pudieron borrar el registro que constituye –hasta hoy- un acervo intangible y comprobable de una gestión que hizo mucho más de lo que pretendieron ignorar.

Se dedicaron a llenar las cárceles cual depósitos humanos, sin contemplar las políticas de rehabilitación encaminadas ni las propias. Los Operadores Penitenciarios siguen siendo minoría en un sistema que ya no resiste más la presencia policial en el interior de los establecimientos penitenciarios. La Policía que reprime no puede ser la misma que también rehabilite, porque no se prepara para ello.

La figura civil del Operador Penitenciario, (que no fue una creación frenteamplista sino un escalafón creado en el año 1986 que recién fue implementado en el año 2011 con la administración de Eduardo Bonomi), tiene la misión principal de todo establecimiento de reclusión, que no es otro que reinsertar al privado de libertad en la sociedad. Una labor educativa, zurcidora de ese quiebre que implica el delito en la vida de toda persona y que el Estado asumió recomponer como obligación. A pesar de haber surgido en administraciones de partidos tradicionales, la sola condición de haber sido reflotado por el Frente Amplio parece haber condicionado a los responsables que no le asignan el rol principal para el que fueron creados.

Hoy, el hacinamiento es uno de los principales problemas a resolver y para el cual la Justicia ayuda poco, con decisiones en las que olvidan ponderar como seres humanos e intentan resolverlo cual si fuera un simple problema matemático. Si la ley la aplican hombres y mujeres, es tiempo que hagan gala de esa cuota de humanidad para discernir los casos y no condenar a todos sin contemplar las diferencias que cada uno tiene.

Se podrá decir que es un tema de recursos, y seguramente lo sea, pero también se trata de un tema de buena administración y hasta diría de sensibilidad, y ahí es donde se lucen los buenos gestores.

Uruguay no tiene pena de muerte ni cadena perpetua, quien cometió un delito, en algún momento recuperará su libertad. Que el trayecto que le toque cumplir en el sistema penitenciario sea realmente un camino virtuoso de rehabilitación depende de muchos factores pero, principalmente, de la voluntad política de construir un consenso que dirima las diferencias y contemple las dificultades.

Nelson Mandela reflexionaba que «nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada».

No es un tema menor, por el contrario nos va la vida como sociedad…

el hombre hacía planes,

el perro ladraba indignado…