Mientras tanto, en Narnia…
Los homicidios disparados de forma descontrolada vienen ganando con holgura a un desconocido (y fallido) plan del Ministerio del Interior para contenerlos. Mientras el principal y más brutal delito sigue su curva ascendente, el Ministro insiste en que el resto de los delitos descendieron, claro que nunca aclara que cuando dice eso está hablando de las denuncias no de los delitos. Y si hablamos de las denuncias hay que hablar de su registro, ese que han precarizado y desestimulado con acciones directas e indirectas que hemos desarrollado ampliamente a lo largo de nuestras columnas.
Con ese panorama, y donde el delito más grave de nuestro ordenamiento jurídico está descontrolado, (agravado con un índice de violencia que superó los registros históricos, en una clara señal del pasaje a otro nivel de violencia), intentan superar la situación tomando la iniciativa del ataque directo. Así, con esa manifiesta intención, surgen operaciones mediáticas que rápidamente, (podrían disimular un poco), son tomadas para perseguir a quien se atrevió nada menos que a denunciar al gobierno por la entrega del Puerto de Montevideo a una multinacional belga, entre otros temas.
Mientras tanto, y tras uno de los peores fines de semana en materia de seguridad, con la ocurrencia de 7 homicidios en un lapso de 30 horas, el tema impuesto es ir contra la gestión del hoy senador en su paso por la cartera como Director General de Secretaría (2010-2017).
Claramente hay que distraer, porque no les conviene recordar lo que afirmaban antes, cuando una pandemia lograba lo que no están pudiendo contener precisamente ellos, que se decían preparados para darnos los mejores cinco años de nuestras vidas.
Primero, la pandemia no había tenido ningún efecto; luego, que sí los tuvo pero no sabían cuánto; primero, que habían bajado todos los delitos por obra y gracia de su gestión; luego, que la pandemia tuvo sus efectos; primero, que se iban a comparar con ellos mismos; luego, que había que ir hasta 2019, año sin pandemia… Pero no tanto, porque a medida que aumentaron los homicidios llegaron a compararse con el año 2018, año del peor registro. Aunque, cabe mencionar que si sigue la tendencia actual, van camino a superarlo.
Justo cuando ocurren muertes desgraciadas como las del barrio Marconi, se distrae la atención y no se hacen cargo. Dueños de frases como “se la están dando entre ellos” o “se matan entre delincuentes”, no repararon nunca que atrás de esas palabras cabía la posibilidad de perderse vidas inocentes como lamentablemente pasó. Fueron tan básicos y lineales que ahora la realidad les explota en la cara y los encuentra sin reacción. Los vecinos son rehenes de un discurso vacío que empieza a cobrarles caro los costos de quienes han desvirtuado programas y equipos de profesionales para hacer frente a esa realidad.
Hoy, el PADO es reclamo permanente de los territorios más críticos donde campea la lucha de bandas que dejan en medio de sus balaceras a vecinos indefensos que reclaman aquella presencia policial que ya no existe.
No es casual, tampoco, que todo esto ocurra cuando se conoce la noticia de la implicancia directa del narco uruguayo Sebastián Marset como autor intelectual del homicidio del Fiscal paraguayo –Marcelo Pecci- a quien este gobierno le otorgó un pasaporte exprés con el cual obtuvo la libertad en Dubai donde estaba preso por uso de pasaporte falso.
Entre varias otras perlas que viene acumulando el gobierno como son la falta de medicamentos en los hospitales públicos; o la caída sostenida de los ingresos de trabajadores, jubilados y pensionistas junto con el aumento de la inflación que golpea a los uruguayos; aspectos que hacen parte de una serie de noticias que desacreditan al gobierno y para los cuales no hay mejor idea que la de generar distracciones como estas para desviar el foco de lo realmente importante.
Hay que callar a Carrera
Un informe parcial y sesgado que puso como protagonista a familiares y a la propia víctima de una irresponsable acción policial sufrida hace casi 10 años, sirvió para instalar en la agenda la feroz embestida contra uno de los principales denunciantes (junto al Senador Mario Bergara), de actos con apariencia delictiva de este gobierno.
No es casual que se haga justo cuando avanza la investigación contra la entrega del Puerto de Montevideo que involucra –nada menos- que al actual Ministro del Interior (entonces en el Ministerio de Transporte y artífice principal del ilegal acuerdo con Katoen Natie).
No es casual que se vaya contra quien es destacado en el primer lugar del podio de legisladores más esforzados y destacados del Parlamento (Índice de Esfuerzo Parlamentario); alguien que “tuvo asistencia casi perfecta a las sesiones del plenario, firmó 24 proyectos de ley, cuatro de resolución, cinco proyectos de declaración y 9 minutas de comunicación (total 42). Habló en 95 oportunidades, realizó 17 exposiciones orales y/o escritas, fue 15 veces informante de comisión (14 en nombre de la Comisión de Asuntos Administrativos y 1 en nombre de la Comisión de Constitución y Legislación) y presentó 110 pedidos de informes” (Ver nota Montevideo Portal). Ranking que no considera los pedidos de acceso de información pública cursados en procura de aquella información que este gobierno no brinda al no responder los pedidos de informes.
No es casual que se intente deslegitimar a quien hace un pormenorizado seguimiento de la gestión de la cartera de seguridad y ha planteado serias dudas sobre las estadísticas de delitos ante la opacidad y falta de transparencia en la presentación de los datos. Datos que dan cuenta de un incremento de los homicidios junto a las muertes dudosas que han casi que triplicado los promedios de años anteriores y no entran en las estadísticas.
No es inocente que apunten contra quien ha denunciado un debilitamiento de los procesos de denuncia de delitos, los que lejos de facilitar el acceso a la población los han precarizado (eliminación de becarios en las comisarías; no utilización de las tablets para tomar denuncia en el lugar de los hechos, etc).
Son muy básicos y –a la vez- fieles a sus convicciones. Tanto, que son incapaces de entender, ni siquiera imaginar, una asistencia humanitaria a una víctima de un mal accionar policial. En eso son consecuentes y fieles a su pensamiento; es el herrerismo puro y duro.
Y lo peor es que hagan acusación de un encubrimiento al o los policías que dispararon desde una vivienda del Ministerio del Interior en ocasión de una fiesta en la que hicieron tiro al blanco para celebrar (¿?), con la desgraciada consecuencia de que uno de los proyectiles invalidó gravemente a un vecino. Si existió un encubrimiento no fue sino de los propios policías que estuvieron aquella noche y no del entonces Director General de Secretaría del Ministerio, quien simplemente los asistió para intentar revertir la grave secuela sufrida por acción de un funcionario de la cartera.
Nada de lo que se hizo entonces fue oculto, por el contrario, todo fue público y documentado. Contó con la autorización de quien tenía la prerrogativa de hacer que un civil –a vía de excepción- fuera atendido por Sanidad Policial: el Ministro del Interior. Un acto humanitario sugerido por organizaciones que asesoraron en su momento a la víctima como IELSUR y SERPAJ.
Nada es casualidad. Y como dijo bien el Ministro, nadie tiene coronita, aunque algunos se crean reyes; algo que aplica para todos, sin excepciones.
Ladran Charles, señal que tus denuncias están pegando donde duele…
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