Hay sordos peores

Fuente: shopage.fr

Son los que no quieren oír, ver ni entender, a pesar de contar con sus sentidos intactos. Tienen el agravante mayor de sumar ignorancia a su intención. No les bastó el revolcón de haberse creído las encuestas sino que además toman cualquier expresión de las autoridades para darles el sesgo que más les conviene (?) a sus intereses, a riesgo de caer en el ridículo con sus afirmaciones carentes de fundamento. Cuesta creer el rol que asumen algunos transformados en oposición y alejados de una gestión que supieron compartir hasta hace pocos meses, sin mayores críticas. Cuesta verlos subidos al tren de otros que no vacilaron nunca en infundir miedo a cualquier precio y se resisten -aún con los resultados a la vista- a abandonar esa prédica. Lo dicho, son peores sordos...

¿Todos somos González?

Pareciera ser que esa es la consigna y todos se encolumnan tras una sordera impostada que no les deja pensar o, si aún lo hacen, no los deja oír ni ver la realidad llevándoles a interpretaciones totalmente equivocadas. 

Así ocurre con la insólita interpretación que hicieron Alvaro Garcé y Guillermo Maciel, de lo expresado días atrás por el Director de la Policía Nacional, Insp. Ppal. (R) Julio Guarteche en el programa Uruguay Decide de Canal 4. Allí el “primer policía”, (como le llamó el propio Bonomi a quien ostenta el mayor cargo de nuestra Policía Nacional), manifestó casi al finalizar el programa que hoy la Jefatura de Policía de Montevideo suma “unas 600 vacantes motivadas por retiros, bajas y/o cesantías”, producidas en el final del período. 

Guarteche no hizo referencia a ninguna necesidad extra de personal, puesto que esas vacantes responden a cargos presupuestados, es decir, cargos previstos y que estaban operativos pero que dejaron de estarlo por las razones expresadas. No hizo ninguna referencia explícita ni implícita a nuevos cargos. Algo que es por demás claro para la opinión calificada (por lo menos eso creíamos) de gente como un ex-comisionado parlamentario y un ex-director general de secretaría del Ministerio del Interior.

Precisamente a supuestos entendidos como ellos no es necesario explicarles que los 600 cargos ya están en el presupuesto, que estaban operativos pero dejaron de estarlo y que su ausencia se siente en el despliegue territorial y operativo diseñado por la jefatura capitalina. No se están pidiendo 600 nuevos integrantes y eso lo saben -o debieran saberlo- quienes salieron al unísono a criticar al “primer policía” de nuestro país.

Y debieran saberlo porque uno estuvo hace muy poco en contacto directo con la gestión de la cartera, y compartió la misma sin mayores críticas (ahora aparecieron todas juntas), y el otro supo estar al frente como número tres en el rango de autoridades. Entonces no pueden alegar desconocimiento o ignorancia en tal sentido, lo que me queda por interpretar es (mala) intención ó, directamente, sordera.

Por otra parte suman argumentos que no se condicen con la realidad uruguaya y comparan situaciones que no son comparables así no más. Por ejemplo, en el número total de policías que se contabilizan en nuestro país se incluye a personal que no está afectado directamente a tareas ejecutivas propiamente dichas en el combate al delito o a la prevención del mismo. Son los casos del personal de Identificación Civil, Migraciones, Sanidad Policial, Caja Policial, personal penitenciario, (por citar algunos), que no son contabilizados en otros países ponderando a la baja el número de policías cada 100 mil habitantes. Relación que -contabilizados todos los mencionados y los que no se mencionan, ponderan al alza nuestra cifra. Por lo dicho, no son datos comparables así no más y estos actores calificados lo saben muy bien.

Cifras ocultas 

En otro orden, uno de estos protagonistas (Garcé), se refirió a la cifra negra de delitos no denunciados, y lo hizo en referencia al nivel de judicialización de los delitos. Llegó a expresar que de cada 100 delitos (él le sumo la cifra negra -50%- y lo llevó a 150), se aclaran solo 6, haciendo de ese dato una crítica a la gestión policial y -por elevación- al sistema judicial, que es el que define finalmente. Lo que no dijo es que ese dato es parcial, porque no aclaró algo que sabe muy bien quien hizo de la visita a cárceles y el contacto con privados de libertad su principal tarea durante más de cuatro años. Y es que cada uno de esos 6 que se procesa es autor penalmente responsable de más de un delito (seguramente muchos más de los que termina asumiendo).

Respecto a ese dato de la cifra negra -tratado muy a la ligera por Garcé- cabe decir que
siempre sale a colación cuando se habla de las estadísticas de delitos de las administraciones frenteamplistas pero que no se mencionaban antes de estas. Los delitos no denunciados existieron siempre, pero -oh, casualidad- solo se mencionan desde el 2005 en adelante.

Ahora bien, ese dato ronda el 50% sí, pero para los delitos leves, a medida que se agrava el delito o el daño que este produce, la cifra se reduce significativamente. En modalidades de delitos contra la propiedad en que existen seguros, la cifra tiende a cero, aún cuando no haya lesiones personales. Es el caso del hurto de vehículos, donde prácticamente esa cifra negra es nula, lo cual decrece considerablemente el número final.

Otro punto que refirió Garcé fue en cuanto al nivel de aclaración de los delitos, y allí también ocultó información o demostró un alto desconocimiento. En el caso de los homicidios, el nivel de aclaración es del 65%, un nivel similar a los Estados Unidos de Norte América. Supimos ostentar niveles de aclaración superiores al 85% pero ese porcentaje se depreció con el advenimiento de los ajustes de cuenta que impactan fuertemente en la cifra de homicidios y cuentan con una “omertá” o pacto de silencio que hacen difícil su esclarecimiento. En lo que refiere a los hurtos y las rapiñas, los niveles de aclaración son bajos, una relación de 10 aclaradas cada 100 eventos, dato que no es exclusivo de nuestro país. Ese nivel de aclaración es similar al del resto del mundo, es más, en ningún país se procesan a más de 20 personas cada 100 denuncias de hurtos o rapiñas, con lo cual el dato uruguayo está en la media internacional.

Otro punto interesante que supo poner Garcé en el tapete fue cuando realizó una simple operación aritmética dividiendo el número de denuncias por el número de personas procesadas por la Justicia Penal o el número de presos, cuyo resultado le llevó a realizar aquella falsa afirmación (“cada 150 denuncias se aclaran sólo 6”). Y es falsa porque cada procesado penalmente responsable tiene -en la más amplia mayoría de los casos- más de un delito comprobado (y seguramente muchos más sin comprobar), lo cual hace que el dato no sirva ni como aproximación a la realidad.

Usando ese mismo razonamiento podríamos ir para atrás en el tiempo y repasar el año 1993, último de la gestión del hoy Senador Carlos Moreira como Subsecretario del Ministerio del Interior. Ese año se produjeron unas 53.000 denuncias de Hurtos y Rapiñas; ese mismo año la población carcelaria fue de unos 3.145 privados de libertad. El cociente* entre estas dos cifras arroja como resultado 5.9 presos cada 100 denuncias de Hurtos y Rapiñas, un nivel de judicialización similar al que hoy critican.

No hay peor sordo que el que no quiere oír, pero hay algunos que -por lo menos- piden disculpas...

  *(total de privados de libertad dividido la cantidad de delitos, x 100= 5,9)

el hombre subió el volumen,

el perro sabía que igual no iba a escuchar nada...