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El tiempo le da la razón
El Presidente Mujica tuvo muchos aciertos -también cometió algunos errores, pero a la luz de los hechos el balance es positivo- entre ellos hubo uno que marcó un diferencial con el primer gobierno del FA que fue la integración de los directorios de los entes con representantes de la oposición. No porque el gobierno de Tabaré no lo haya propuesto sino por la negativa de los partidos opositores a integrarse a los mismos, tras lo cual el entonces Presidente hizo lo que por mandato debía: gobernar y seguir gestionando con la ausencia de aquellos.
Al asumir Mujica, el ofrecimiento se volvió a dar y esta vez -no iban a cometer el mismo error por cinco años más- aceptaron integrarse y vaya si hoy esa circunstancia adquiere significación en el caso de la cuestionada licitación internacional de la planta de etanol de ALUR.
Una empresa brasileña aduce el pago de un sobreprecio -la única que lo esgrime a estar por el detalle expuesto en conferencia de prensa por parte del directorio en pleno de ANCAP.
Sólo algunos legisladores que -en tiempos de zafra electoral- compran cualquier noticia sin verificar el más mínimo detalle, suponiendo que el rédito de estar en titulares de prensa por un día (a veces ni tanto), les sumará votos cuando en verdad sufren el riesgo del ridículo como todo parece indicar en este caso.
Lo cierto es que aquella sabia decisión constitucional de sumar representantes de la oposición en la dirección de los entes públicos -junto con la decisión presidencial de hacer efectiva esa medida- hoy son un diferencial que se aprecia mucho más al escuchar la versión del director colorado Juan Máspoli, sobre los hechos denunciados.
¿Se imaginan la interminable acumulación de argumentos que se harían de no contarse con el aval de este representante de la oposición sobre esta denuncia? Aún así no faltó algún legislador que -ávido de temas que impacten negativamente al gobierno- alzó su voz ante la denuncia acerca de que “ANCAP digitó una licitación” como afirmaban los titulares de prensa.
A estar por lo expresado por el Directorio en pleno del ente estatal, la denuncia carece de todo fundamento y no se hizo esperar -como corresponde cuando no hay nada que ocultar y en cambio se mancilla la honorabilidad de quienes participan de la función pública- la denuncia por difamación e injurias.
Es que no cabe otra opción ya que si lo que pretendía el denunciante era hacer valer su derecho (si es que le asiste alguno), debió hacer su defensa a través de los procedimientos previstos dentro del mismo proceso licitatorio, sin embargo optó por denunciar públicamente lo que no hizo en tiempo hábil. Porque la propia empresa denunciante reconoce que se presentó tarde al llamado (tan tarde que ya había conocimiento de los precios de los otros oferentes, con lo cual haberle permitido ingresar hubiera sido una ilegitimidad manifiesta).
Los pormenores de este proceso son muchos y las defensas esgrimidas por el Directorio de ANCAP son tan fuertes (por sustancia y por la unanimidad de todos sus integrantes), que no voy a aburrir con su reiteración. Lo que motivó esta columna fue destacar el acierto -otro más para los critican a Mujica- acerca de la incorporación de miembros de la oposición en la integración de los directorios de las empresas públicas.
No solo basta con la premisa constitucional -desconocida por los gobiernos anteriores al FA a excepción del primero de Sanguinetti una vez retornada la democracia- hacía falta la voluntad del Poder Ejecutivo para dar ese espacio a quienes no son parte de su colectivo (a veces ni esa voluntad alcanza como le pasó a Vázquez).
Es una garantía que vale la pena contar en casos como este, donde se pone en tela de juicio la legitimidad de un procedimiento y la honorabilidad de quienes lo llevaron adelante.
el hombre se ofendió,
el perro esperaba una disculpa...
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