Traductor

viernes, 15 de marzo de 2013

Propuestas: 0 (cero)

Fuente Imagen:
 latierranoesredonda.blogspot.com
La fundación del Partido Colorado (Vamos Uruguay), FundaPro, presentó un nuevo informe sobre la violencia uruguaya con el sostenido y falso argumento de afirmar que el Ministerio del Interior cambió la forma de medir los homicidios. Ahora bien, si para hacerlo tuvieron que apelar al concepto de "violencia letal", de manera de incluir como homicidio (delito tipificado por el Código Penal) a situaciones que el mismo código no contempla, es la comprobación de lo desacertado de su afirmación. Conclusión: por más que repitan mil veces una mentira, seguirá siendo mentira igual cantidad de veces. De proponer algo no hablan, salvo generalidades vagas que hacen de las mismas un cero absoluto... 

Verás que todo es mentira...

La seguridad pública es un tema demasiado serio como para ser objeto de deformación permanente y con ello desinformar en lugar de aportar elementos que promuevan a elevar la autoestima de todos los uruguayos. Repetir hasta el hartazgo que se cambiaron criterios que nunca se modificaron, es algo de una debilidad argumental que parece más un desesperado intento de justificación por errores propios cometidos, que una científica y comprobada línea argumental a su favor.

El Ministerio del Interior -esto sí es una obviedad y una verdad repetida muchas veces que parece no querer ser entendida por "fundapropistas"- no considera homicidio los abatimientos producidos por la Policía cuando se comprueba que fueron en cumplimiento de la ley, ni aquellos en que se ejerció la legítima defensa. No lo hace en forma caprichosa ni obcecada, sino porque la propia ley no considera homicidio dichas conductas. La primera, porque no hay una conducta antijurídica penalmente sancionada (obviamente que hablamos de los casos en que se tipifica que la muerte se produce como consecuencia inevitable de un mal mayor y por estricta aplicación de la ley); la segunda, cuando se dan determinadas condiciones de hecho que eximen de responsabilidad al autor de una muerte ocasionada en defensa propia (el trípode argumental de: agresión ilegítima, falta de provocación suficiente, y racionalidad del medio empleado para repeler la agresión).

Criterio que no es propiedad exclusiva de esta administración, sino que responde a las pautas internacionalmente aceptadas por los más prestigiosos académicos que entienden bien la materia (entre ellos el Prof. Lawrence Sherman, de la Universidad de Cambridge, así como el resto de los regímenes que integran el conjunto de países que miden la seguridad con los mismos parámetros que el nuestro). Esto que se reitera cada vez que surgen los cuestionamientos (infundados por donde se los mire), no se lo quiere entender por parte de quienes pretenden torcer una comprobada y científica forma de medir la seguridad.

En lugar de abonar por un aporte positivo que permita sumar soluciones, se empeñan en reiterar falsedades y sumar -equivocadamente- hechos para abonar a una construcción sobredimensionada de la realidad. Algo que no es necesario hacer ya que de por sí el propio Ministerio del Interior es consciente de la misma, sin apelar a la exageración ni al sensacionalismo para tratar un tema tan sensible como la seguridad pública.

La última gran "equivocación" (siendo benévolo en el calificativo), está en la afirmación atribuida a Bonomi sobre que las víctimas de homicidios con antecedentes penales fueron del 52%, cuando en su exposición dijo claramente que fue del 40% (así lo corroboran también los gráficos que acompañaron su presentación). La gráfica de referencia al 52% hace alusión a la variación en las cifras de víctimas con antecedentes penales entre los años 2011 y 2012, no a que del total de víctimas el 52% tenían antecedentes. Lo dice claramente (y correctamente), el portal de la Presidencia de la República, cuando titula “En el último año las víctimas de homicidio con antecedentes crecieron un 52 %”, porque esa fue la afirmación del Ministro, y no la que se apuró a desmentir FundaPro, en una interpretación apurada que lo llevó a incurrir en nuevo error mediático. Crecieron un 52% respecto al año inmediato anterior, que es la forma de medir y comparar resultados.

Recientemente un amigo nuestro que está por estos días en la ciudad norteamericana de Rosswell, nos informó los datos de homicidios ocurridos el último año. Los mismos fueron 6 (seis), lo que para una población de 48.000 habitantes arroja una tasa de 12,5 cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la sensación de inseguridad no existe en dicha sociedad. Los propios habitantes de la citada localidad afirman sentirse muy seguros a la hora de requerirles opinión sobre esa tasa que arrojan los números de homicidios. Esto que se nos informó va totalmente en el sentido contrario a lo que se nos pretende inculcar con informes sobredimensionados mediáticamente como el que esta fundación persiste en dar. A estar por los mismos parámetros de medición, en Roswell tendrían que estar inmersos en un clima de inseguridad latente, fácilmente percibida por el visitante ocasional, hecho que en verdad no ocurre.

Los fines político electorales perseguidos por los impulsores de esta fundación quedan en evidencia una vez sí y otra también, tras la inocultable reacción de sus promotores y/o defensores del mismo discurso que -huelga decirlo- les rinde bien poco. En efecto, la última encuesta de la consultora Cifra marca el descenso en la intención de voto del Partido Colorado, el que parece no reconocer los errores de su discurso y al mantenerlo (por lo menos el sector mayoritario de Vamos Uruguay), arrastra a la baja al conjunto y los mantiene como tercera fuerza.

En el libre juego democrático uno puede entender la estrategia de la confrontación pero siempre y cuando tenga alguna contrapropuesta que la acompañe. Si solo se resume en criticar sin proponer, la discusión se vuelve pobre y estéril para el proponente. Así no habrá fundación que los salve...

Se escucha desde hace bastante tiempo hablar sobre las 50 medidas sobre seguridad propuestas por Vamos Uruguay. Basta con decir que durante el gobierno de Tabaré Vázquez se aclaró que, 35 de esas medidas estaban siendo aplicadas y ahora, en el inicio del tercer año del gobierno de Mujica, ya se aplicaron todas las restantes menos dos (la detención por averiguaciones - Dec. 690/980 y la baja de la edad de imputabilidad), que no se comparten por este Gobierno. Fuera de estas manidas y harto comentadas medidas, no hay otras propuestas, por lo que la redundancia del planteo ya resulta poco seria si en verdad se pretende realizar algún aporte.

A estar por los planteos, no hay nada nuevo en este tipo de informes, salvo la reiterada intención de hacer un uso político electoral de un tema tan sensible como la seguridad pública. Hasta tanto no se comprenda que ese no es el camino, seguirán emitiendo informes, seguirán convocando prensa, pero también seguirán bajando en las encuestas.

Los uruguayos saben que no es con el miedo como se logran resultados, y los que todavía no lo saben, debieran aprenderlo de una buena vez.

el hombre esperaba alguna propuesta,
el perro se quedó esperando el hueso que nunca llegó...

No hay comentarios:

Publicar un comentario