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martes, 27 de marzo de 2012

Más obligaciones con menos derechos... ¡Así no vale!

Parece que finalmente las firmas están y prometen su entrega para los primeros días de abril. Tras una campaña camuflada bajo consignas como la de “Yo firmo por más seguridad” -que representa hasta a quienes no compartimos la iniciativa- los impulsores anunciaron la noticia con el respaldo de Lacalle y Bordaberry. 

En una población bombardeada desde los medios y con una oposición que encontró una brecha difícil de cerrar por el Gobierno, el tema de la (in)seguridad se instaló definitivamente en el colectivo nacional. Con ese sentimiento, fomentado hasta el exceso, la baja de la edad de imputabilidad será propuesta como enmienda constitucional a ser plebiscitada en las próximas elecciones nacionales.

Una iniciativa algo contradictoria por cuanto lejos de bajarse la edad referida para ser pasible del régimen penal sancionatorio, se la aumenta, ya que el actual prevee la imputabilidad de los menores a partir de los 13 años. La diferencia -no menor- es que la enmienda pretende que se juzgue con el régimen adulto a quienes atraviesan la pubertad (que ya no es como las de antes, es cierto pero a la que tratar con más severidad no dará solución al problema y será generadora de delincuentes aún más jóvenes).

En efecto, la experiencia internacional es unánime en demostrar que lejos de dar solución al problema de la delincuencia juvenil consigue el efecto contrario, ya que el crimen se organiza y recluta menores a la edad límite, produciendo el ingreso prematuro al mundo del delito. Con ese dato parecía una obviedad ensayar otros caminos, pero no.

La oposición más dura, (la misma que acordó, ni bien comenzado este gobierno, un acuerdo multipartidario -que se viene cumpliendo- dando carácter de política de Estado al tema de la inseguridad), aprovechó las circunstancias del momento. Sin dar tiempo a que las medidas que ellos mismos acordaron se pusieran en práctica, comenzó a llevar agua a su molino electoral para hacer del tema no ya una cuestión de Estado sino una cuestión electorera sobre la que cabalgarán hasta el 2014 sin lugar a ninguna duda.

Hoy se regodean de esta pequeña victoria -enmascarada en la obtención de una firma fácil frente a quienes aspiran recuperar la seguridad perdida como si la pretendida reforma constitucional asegure por sí sola el resultado deseado- apelando a viejas recetas cortoplacistas. Así como ya aplicaron un modelo represivo del que hoy sufrimos su fracaso, intentan volver a aplicarlo con esta medida.

Pero pongamos el foco en el otro platillo de la balanza. Si sumamos las responsabilidades, ¿por qué no sumar también los derechos? Si están convencidos que un chico con 16 años es responsable por sus actos al punto de hacerlo punible penalmente igual que un adulto, demósle también los derechos que tenemos los adultos. Que puedan acceder al voto, por ejemplo.

Claro que con esto último ponen el grito en el cielo porque la medida represiva a la que llegarán seguramente tiene el respaldo mayoritario de una población envejecida que ve en la juventud un enemigo potencial sobredimensionado por donde se lo mire. La minoridad infractora que hoy atormenta a los uruguayos no supera unos cuantos cientos, mientras son cientos pero de miles, los que estudian y aspiran a ser dueños del futuro Uruguay.

Por esos cientos de miles es que debemos redoblar la apuesta y al aumento de las obligaciones que supone bajar la edad de imputabilidad a los 16 años debemos lanzar una campaña que otorgue también derechos a esa edad. No esperemos al 2014 para hacerlo, acompañemos una ley constitucional ahora que contemple ambos extremos y veamos qué resulta de todo eso. Y si no se quiere votar dicha ley, juntemos firmas para proponerlo en las elecciones del 2014.

Seguramente la gurisada nos sorprenda una vez más y el Uruguay deje de ser un país de viejos para empezar a despeinar su melena. No sería una mala idea compartir responsabilidades con una juventud que muchos creen despreocupada y alejada de los temas nacionales. Hagamos el intento y seguramente se equivoque quien subestime a los gurises uruguayos.

Agregando derechos pondremos un contrapeso considerable a quienes pensamos que bajando la edad de imputabilidad solo obtendremos delincuentes más jóvenes, pues también podremos generar ciudadanos responsables más jóvenes, y el recambio generacional seguramente se adelante unos cuantos años.

Yo empezaría a juntar firmas para lograrlo... ¿y usted?



el hombre portaba la lapicera;
el perro reclamaba más huesos...

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