El país necesita dar un paso trascendental en materia de infraestructura, mucho más aún después del nefasto acuerdo que prorrogó por 80 años el principal negocio de nuestra puerta comercial al mundo, el puerto de Montevideo, con la empresa multinacional belga Katoen Natie. A partir de la reciente sentencia a favor del Estado uruguayo (que sepultó definitivamente la demanda de la familia Agarwal tras el fallido intento de la inversión de Aratirí), se reflotó el tema de un puerto de aguas profundas en un sitio naturalmente propicio para los buques de mayor calado, como es la costa oceánica frente a Rocha. Una reciente columna de Marcelo Pereira en La Diaria, rescata la idea y la proyecta a un escenario cada vez más propicio para una iniciativa que nos pondría en carrera en una ruta comercial apreciada por las navieras internacionales y la demanda de transporte marítimo con barcos de mayor calado que abaratan costos. La disyuntiva está en poder hacer una inversión de ese porte y el tiempo que llevaría amortizarla en una región que no garantiza el flujo de mercaderías para semejante inversión. Asimismo, están quienes opinan que intentarlo desataría una guerra de puertos similar a la que dio origen a nuestra Nación, lo cual lejos de ser un obstáculo podría ser un incentivo para intentarlo.
Primero fuimos puerto
Durante la interpelación llevada adelante para conocer los detalles de una negociación hecha entre gallos y medias noches por la administración multicolor de Lacalle Pou, se argumentó con el dato histórico de haber nacido antes como puerto que como Nación. Una verdad irrefutable que los acontecimientos de nuestra corta historia como país no dejan lugar a ninguna duda. Pero esa condición no alcanzó para que el rico patrimonio de los orientales se entregara al vil precio de una amenaza imposible de cumplir que solo sirvió de excusa para los negociadores de turno.
Tan inverosímil como incomprobable, el valor manejado en la amenaza de juicio internacional (U$S 1.500 millones), no pudo nunca ser demostrado por las autoridades multicolores quienes bajo el argumento de cambiar un posible juicio internacional en contra por la “mayor inversión de la historia del puerto de Montevideo”, siguieron adelante con el acuerdo.
Una transacción que no se justifica aún – habiendo transcurrido ya más de 4 años de la misma – a estar por las anunciadas inversiones que no se ven ni llegan a los montos manejados entonces. En cambio, el puerto de Montevideo ha sufrido las consecuencias de dicho acuerdo con un encarecimiento de las tarifas motivando el retiro de líneas de transporte fluvial que optan por otras terminales de la región. Algo que los interpelantes previeron en aquella instancia parlamentaria.
La amenaza de entonces, principal argumento de un acuerdo inconveniente e ilegal (no respetó la Ley de Puertos que exige una mayoría especial para otorgar un monopolio portuario), termina relativizada (una vez más) por el prestigio uruguayo en las cortes internacionales que viene confirmando con sonadas sentencias favorables como la obtenida contra la multinacional Phillips Morris, y recientemente con la dictada en París a favor de Uruguay, desestimando la demanda incoada por la familia Agarwall (vinculada al grupo empresarial indio Zamin Ferrous, impulsor del proyecto minero de Aratirí).
Asimismo, el plazo contractual del acuerdo (12 períodos de gobierno) cambian el escenario actual, particularmente respecto de las consideraciones que hiciera oportunamente el Dr. Edison González Lapeyre, en un pormenorizado informe en la Revista Naval.
Humildemente entiendo que aquel escenario que inspiró al prestigioso abogado es diametralmente diferente hoy en razón de un acuerdo que deprimió a nuestra principal puerta comercial afectando la reputación portuaria de nuestra terminal. Al plazo concedido se le suma una gestión que no acompaña las expectativas ni las promesas vertidas en su momento, las que sirvieron de argumento para justificar la ampliación de una concesión que iba camino a ser rescindida por incumplimientos varios y estaba a término del plazo inicial de la concesión.
Hoy la necesidad nos empuja a manejar alternativas ante lo que constituye una verdadera confiscación del principal negocio del puerto de Montevideo, (terminal de contenedores), merced a una graciosa concesión que nunca debió concretarse. Hoy se pierden líneas y cargas por un aumento indiscriminado de las tarifas sin que el Estado uruguayo pueda intervenir ni siquiera para administrar el tránsito dentro de la ensenada ya que hasta en eso se cedió otorgando la decisión de regularlo a la empresa concesionaria (Reglamento de atraque de buques),comprometiendo a toda la operativa portuaria más allá de la que corresponde a la terminal especializada concedida.
En razón de esa condición impuesta por el exceso inadmisible de una administración que comprometió los intereses nacionales mucho más allá de su mandato, es que tenemos un puerto deprimido que pierde cargas no por su gestión propiamente dicha sino por intereses económicos nacidos por la discrecionalidad del concesionario que lo alejan de la región y lo convierten en un puerto caro.
Esa fue siempre la principal razón y no la actuación sindical que durante meses quisieron imponer como causa principal de la operativa portuaria, trasladando su responsabilidad a los trabajadores.
Un hub regional
Hace unos años en el semanario El cambio.uy se le hizo una entrevista a Roberto Palermo,(edición del 15 de setiembre de 2016), conocido empresario de Abitab. En aquel momento expresó que Uruguay bien podría apostar para convertirse en un hub regional captando una porción del turismo chino que desembarca en San Pablo, con una ínfima porción de esa cuota alcanzaría para empezar el crecimiento comercial que el país necesita. Eso bastaría para convertir al país en un mojón de desarrollo que impulsaría al crecimiento de nuestra economía. Claro que su referencia apuntaba principalmente a la actividad aeroportuaria y no la marítima precisamente, pero su pensamiento encaja con esta idea de convertir al país en un centro regional estratégico para el comercio internacional lo que nos pondría en una situación de cierta paridad en la región.
Por cierto que construir un puerto requiere inversión millonaria y el Estado uruguayo no tiene los recursos para hacerlo pero seguramente la idea permita involucrar a otros países vecinos como Paraguay y Bolivia, que pujan por contar con una salida al mar que bien podría cristalizar con esta iniciativa. Es imperioso no quedarnos en la imposibilidad de su proyección cuando el mundo no deja de seguir creciendo y demandando recursos para comerciar.
Nos dejaron sin puerto
Más allá de toda crítica, el acuerdo celebrado con Katoen Natie nos condiciona indefectiblemente a buscar alternativas por lo que la idea de otro puerto emerge como una imperiosa necesidad.
Es impensable, al menos para quienes realmente sienten apego por nuestra nacionalidad, que se haya hipotecado la soberanía nacional por 12 períodos de gobierno sin una contraprestación que lo justifique. Mucho menos sin haber consensuado con todo el sistema político tamaña decisión que somete al país a un acuerdo que supera cualquier mandato coyuntural. Fue y debió ser una decisión de Estado y no una tomada por un irresponsable capricho de poder, por pensar lo menos.
Es una buena noticia que el gobierno de Yamandú Orsí haya reflotado la idea de un puerto de aguas profundas y comenzar a sondear el interés conjunto con los países más interesados en la iniciativa de contar con una salida al mar (Paraguay y Bolivia), ya que ello aseguraría las cargas que justifiquen tamaña inversión.
Es cierto que sin ese plus que garantice la obra es una utopía su concreción pero también es cierto que el mundo cambia de forma acelerada en cada vez menos tiempo, las demandas crecen de forma exponencial y el comercio internacional va sugiriendo las transformaciones que impulsan a tomar decisiones. Los barcos son cada vez de mayor porte y requieren de infraestructura adecuada para su atraque y los países deben prepararse para los nuevos desafíos.
La idea sigue viva, tanto como las acertadas consideraciones de un entendido en la materia como Edison González Lapeyre, pero el tiempo dirá si el Uruguay puede recuperar la soberanía perdida por un acuerdo nefasto e inconveniente que nos ha despojado de la joya del Plata por la cual nacimos como Nación.
El puerto de aguas profundas puede ser una buena noticia y una mejor oportunidad.
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