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| Fuente imagen: IA |
Hace tiempo que la ciudadanía uruguaya viene siendo consultada sobre este tipo de propuestas y en cada oportunidad la respuesta ha sido negativa. La recurrencia es una obviedad a esta altura, para una oposición que, siendo gobierno, no solucionó nada de lo que hoy exige. Pero, como lo que mejor saben hacer es oponerse, van de nuevo sobre una iniciativa en la que encuentran algunos socios particularmente interesados en mantener su apoyo a sabiendas que no necesitan de un instrumento como este para hacer su trabajo porque ya lo pueden hacer. En suma, nada nuevo en el menú político uruguayo, ¡otra vez arroz!
Una boca no es un hogar
El constitucionalista lo dispuso claramente y la realidad impone interpretar la Constitución con apego a esa realidad que rompe los ojos. Entonces, antes de proponer medidas efectistas podemos analizar y aplicar correctamente los enunciados de nuestra carta magna para entender que no hay obstáculo a realizar una incursión nocturna como la que se solicita en instalaciones de un comercio ilícito como lo que son – en puridad – las bocas de drogas. Porque ese es el principal objetivo que se proponen atacar con la medida, que por otra parte agrega más dificultades que beneficios para quienes tienen que aplicarla. Es mucho más útil cortar los circuitos de ese tránsito nocturno que hace parte de la actividad ilícita de las bocas, antes que propiciar una medida que puede generar otras consecuencias no deseadas.
En efecto, si cortamos el libre tránsito que pulula en las madrugadas (tanto metropolitanas como de muchos otros rincones del país), estaremos atacando al flujo comercial que necesita imperiosamente ese circuito de bocas a las que está dirigida la medida. No es otra cosa que afectarlas usando las leyes del mercado, actuando directamente sobre la clientela que se mueve libremente por las noches uruguayas, antes que vulnerar un hogar devenido en comercio ilegal con los riesgos que ello implica. Porque la noche aumenta los riesgos para el personal policial, así como propicia la desaparición de las evidencias que se necesitan para que la medida no se fruste luego de ejecutada. Ahora bien, si cortamos los circuitos que activan esa red de microtráfico, actuando dentro del marco constitucional vigente y en pleno ejercicio de sus potestades legales, la Policía puede incidir mucho más que aplicando una medida coercitiva tan discutida como la de los allanamientos luego de la caída del sol.
Hace tiempo escribimos al respecto, y nos afiliamos a la tesis de que no es necesario cambiar nada en la carta magna, basta con que los encargados de aplicar las leyes (Jueces y Fiscales) interpreten correctamente la Constitución y concluyan – con pruebas – que en determinadas locaciones y bajo la fachada de un hogar, funciona un comercio ilícito o sea una boca de drogas. Con esto suscribo la innecesaria iniciativa de la reforma constitucional y, en cambio, una correcta y actualizada interpretación con el ingrediente principal y esencial de las pruebas asociadas a la determinación de esta como de cualquier otra medida judicial al respecto. En suma, tanto fiscales como jueces tienen la potestad de aplicar un allanamiento luego de la caída del sol si hacen bien su trabajo con el auxilio de la Policía y sus tareas de inteligencia necesarias a ese fin.
Resulta muy burda la complicidad argumental que asume también la fiscal de Corte subrogante, Dra. Mónica Ferrero, alguien que conoce muy bien el tema y sabe que una boca de drogas no es ningún hogar sagrado e inviolable, razón por la cual tiene argumentos de sobra para interpretar correctamente la Constitución. Se podría pensar que la motivan otras razones de coyuntura en momentos que se presenta una iniciativa posible de designación rotativa de fiscales subrogantes, poniéndole fin a su “subrogante subrogación”. Mas parece ser que la suya es una postura afín a sus ocasionales aliados que la promueven para el cargo definitivo.
Sobran los argumentos para estar en contra de una medida como esta, si nos ponemos a analizar la realidad del país. Porque no son pocos los casos de asesinatos múltiples que han ocurrido bajo el escenario de un falso allanamiento y al grito de ¡Policía!, con lo cual hace hasta peligroso para cualquier ciudadano admitir su aprobación. ¿Qué me garantiza que realmente sean policías los que ingresen por la fuerza a mi casa en plena noche, y no se trate, en cambio, de un copamiento? Y esto sin hablar del aumento del riesgo para el personal policial que tenga que llevar adelante la medida, algo que ya han referido los propios sindicatos policiales.
Claro que se puede decir que estamos a favor y en contra al mismo tiempo, pero la contradicción solo busca explicar que la medida es innecesaria porque ya se podría aplicar interpretando correctamente la Constitución, tanto como que aún aplicándose los riesgos crecen de forma exponencial y peligrosa, pudiendo aplicarse medidas alternativas más seguras y eficaces como las ya descritas anteriormente.
Los palos en la rueda siguen vivos y los que argumentan estar abiertos a un acuerdo con el gobierno son los mismos que bombardean los puentes y niegan sus votos para la Rendición de Cuentas, sin importarles que con ello atentan contra los sectores más vulnerables de la sociedad uruguaya.
Fueron gobierno luego de más de 30 años y no entendieron nada, porque no solo dejaron una realidad mucho peor a la que encontraron sino que se empeñan en prorrogar aún más sus efectos impidiéndole al gobierno frenteamplista avanzar en sus propuestas de gobierno. Esas que lo llevaron a ser gobierno por una ciudadanía que quiso cambiar la realidad de los “peores” cinco años de nuestras vidas.
Los desborda el cinismo y la hipocresía, porque así como dejaron que el Uruguay se convirtiera en un país de acopio de drogas, con las bandas poderosamente armadas para custodiar ese volumen en depósito; así como le dieron un pasaporte estando preso al principal gerente de esos cargamentos (Marset); así como permitieron que con ello se multiplicara el negocio del microtráfico; así como interrumpieron un proceso de depuración de la Policía Nacional poniendo en los cargos a muchos que terminaron destituidos; así como fue destituida la cúpula política del Ministerio del Interior; así y todo son capaces de seguir hablando como si nada de eso hubiera ocurrido y mucho menos reconocer que son los principales responsables.
En lugar de seguir haciendo de la inseguridad un botín electoral, hace rato que tendrían que estar encolumnados tras una misma consigna que ponga a todo el sistema político en sintonía para atacar realmente el problema y no acudir a medidas populistas que ya tuvieron la decisión soberana en más de una oportunidad.
Hay tiempo para hacer campaña, ahora es tiempo de enfocarnos y trabajar todos contra el enemigo común que amenaza con romper el país que siempre soñamos.
Es ahora, dijera aquel...
El constitucionalista lo dispuso claramente y la realidad impone interpretar la Constitución con apego a esa realidad que rompe los ojos. Entonces, antes de proponer medidas efectistas podemos analizar y aplicar correctamente los enunciados de nuestra carta magna para entender que no hay obstáculo a realizar una incursión nocturna como la que se solicita en instalaciones de un comercio ilícito como lo que son – en puridad – las bocas de drogas. Porque ese es el principal objetivo que se proponen atacar con la medida, que por otra parte agrega más dificultades que beneficios para quienes tienen que aplicarla. Es mucho más útil cortar los circuitos de ese tránsito nocturno que hace parte de la actividad ilícita de las bocas, antes que propiciar una medida que puede generar otras consecuencias no deseadas.
En efecto, si cortamos el libre tránsito que pulula en las madrugadas (tanto metropolitanas como de muchos otros rincones del país), estaremos atacando al flujo comercial que necesita imperiosamente ese circuito de bocas a las que está dirigida la medida. No es otra cosa que afectarlas usando las leyes del mercado, actuando directamente sobre la clientela que se mueve libremente por las noches uruguayas, antes que vulnerar un hogar devenido en comercio ilegal con los riesgos que ello implica. Porque la noche aumenta los riesgos para el personal policial, así como propicia la desaparición de las evidencias que se necesitan para que la medida no se fruste luego de ejecutada. Ahora bien, si cortamos los circuitos que activan esa red de microtráfico, actuando dentro del marco constitucional vigente y en pleno ejercicio de sus potestades legales, la Policía puede incidir mucho más que aplicando una medida coercitiva tan discutida como la de los allanamientos luego de la caída del sol.
Hace tiempo escribimos al respecto, y nos afiliamos a la tesis de que no es necesario cambiar nada en la carta magna, basta con que los encargados de aplicar las leyes (Jueces y Fiscales) interpreten correctamente la Constitución y concluyan – con pruebas – que en determinadas locaciones y bajo la fachada de un hogar, funciona un comercio ilícito o sea una boca de drogas. Con esto suscribo la innecesaria iniciativa de la reforma constitucional y, en cambio, una correcta y actualizada interpretación con el ingrediente principal y esencial de las pruebas asociadas a la determinación de esta como de cualquier otra medida judicial al respecto. En suma, tanto fiscales como jueces tienen la potestad de aplicar un allanamiento luego de la caída del sol si hacen bien su trabajo con el auxilio de la Policía y sus tareas de inteligencia necesarias a ese fin.
Resulta muy burda la complicidad argumental que asume también la fiscal de Corte subrogante, Dra. Mónica Ferrero, alguien que conoce muy bien el tema y sabe que una boca de drogas no es ningún hogar sagrado e inviolable, razón por la cual tiene argumentos de sobra para interpretar correctamente la Constitución. Se podría pensar que la motivan otras razones de coyuntura en momentos que se presenta una iniciativa posible de designación rotativa de fiscales subrogantes, poniéndole fin a su “subrogante subrogación”. Mas parece ser que la suya es una postura afín a sus ocasionales aliados que la promueven para el cargo definitivo.
Sobran los argumentos para estar en contra de una medida como esta, si nos ponemos a analizar la realidad del país. Porque no son pocos los casos de asesinatos múltiples que han ocurrido bajo el escenario de un falso allanamiento y al grito de ¡Policía!, con lo cual hace hasta peligroso para cualquier ciudadano admitir su aprobación. ¿Qué me garantiza que realmente sean policías los que ingresen por la fuerza a mi casa en plena noche, y no se trate, en cambio, de un copamiento? Y esto sin hablar del aumento del riesgo para el personal policial que tenga que llevar adelante la medida, algo que ya han referido los propios sindicatos policiales.
Claro que se puede decir que estamos a favor y en contra al mismo tiempo, pero la contradicción solo busca explicar que la medida es innecesaria porque ya se podría aplicar interpretando correctamente la Constitución, tanto como que aún aplicándose los riesgos crecen de forma exponencial y peligrosa, pudiendo aplicarse medidas alternativas más seguras y eficaces como las ya descritas anteriormente.
Los palos en la rueda siguen vivos y los que argumentan estar abiertos a un acuerdo con el gobierno son los mismos que bombardean los puentes y niegan sus votos para la Rendición de Cuentas, sin importarles que con ello atentan contra los sectores más vulnerables de la sociedad uruguaya.
Fueron gobierno luego de más de 30 años y no entendieron nada, porque no solo dejaron una realidad mucho peor a la que encontraron sino que se empeñan en prorrogar aún más sus efectos impidiéndole al gobierno frenteamplista avanzar en sus propuestas de gobierno. Esas que lo llevaron a ser gobierno por una ciudadanía que quiso cambiar la realidad de los “peores” cinco años de nuestras vidas.
Los desborda el cinismo y la hipocresía, porque así como dejaron que el Uruguay se convirtiera en un país de acopio de drogas, con las bandas poderosamente armadas para custodiar ese volumen en depósito; así como le dieron un pasaporte estando preso al principal gerente de esos cargamentos (Marset); así como permitieron que con ello se multiplicara el negocio del microtráfico; así como interrumpieron un proceso de depuración de la Policía Nacional poniendo en los cargos a muchos que terminaron destituidos; así como fue destituida la cúpula política del Ministerio del Interior; así y todo son capaces de seguir hablando como si nada de eso hubiera ocurrido y mucho menos reconocer que son los principales responsables.
En lugar de seguir haciendo de la inseguridad un botín electoral, hace rato que tendrían que estar encolumnados tras una misma consigna que ponga a todo el sistema político en sintonía para atacar realmente el problema y no acudir a medidas populistas que ya tuvieron la decisión soberana en más de una oportunidad.
Hay tiempo para hacer campaña, ahora es tiempo de enfocarnos y trabajar todos contra el enemigo común que amenaza con romper el país que siempre soñamos.
Es ahora, dijera aquel...
el hombre aprontaba una olla,
el perro ladraba por un hueso...

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