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| Fuente imagen: https://www.oei.es |
En abril de este año, un policía se trasladaba en su bicicleta cuando es interceptado por dos delincuentes que intentan sustraerle el birrodado apuntándole con un arma. El policía repele la agresión identificándose como tal hiriendo a los delincuentes (uno de ellos falleció y el otro resultó herido en una pierna). Múltiples testigos dieron cuenta de los hechos que quedaron filmados en cámaras de un colegio privado de la zona. El rapiñero herido terminó siendo formalizado con arresto domiciliario por 120 días. Tres personas, sindicadas como autores de un homicidio ocurrido en octubre de 2017 en el balneario San Luis, fueron dejadas en libertad por falta de pruebas, a escasos días de una visita presidencial muy promocionada. Montevideo registra un promedio de entre 80 a 90 custodias por violencia doméstica -por día- que insumen más de 500 policías que se retiran de los patrullajes en la capital. Las tobilleras electrónicas están saturadas pasando de ser un instrumento poco confiable en sus inicios a la panacea de los operadores judiciales de hoy. Hace pocos días un policía infiel intentó ingresar un arma a un establecimiento de máxima seguridad como Libertad. La Justicia le condenó por tráfico de armas y le impuso arresto domiciliario. Algo no está funcionando bien, la lógica y el sentido común estarían faltando a la cita...
Excepciones y reglas
No vamos a caer en el simplismo de creer que todas las excepciones confirman la existencia de una regla, pero cuando aquellas se reiteran en casos de extrema gravedad y violencia, llevan a que se crea en la existencia de una generalización descontrolada que flaco favor le hacen al sistema judicial. Máxime en tiempos donde las comunicaciones se han perfeccionado y las redes sociales aumentaron la accesibilidad con el riesgo, (comprobadamente cierto), de que no todo lo que se difunde ocurrió en realidad.
Pero, hay señales que no están siendo las esperadas por la población y -mucho menos- por las autoridades que venían ganando la batalla y hoy contemplan el aumento de las cifras de delitos de una manera que nadie imaginó.
El quiebre es notorio y basta con ver las gráficas del año pasado para advertir que en el último trimestre se produjo un corte. En ese tiempo es que comienza la vigencia del nuevo código del proceso penal, y por más que uno intente obviarlo resulta imposible no asociar el cambio con el incremento de las cifras de forma constante. Ya lo habían advertido los operadores judiciales y asesores internacionales que participaron del proceso de capacitación y adecuación, que en los tiempos de transición los delitos aumentarían, pero nadie supuso que fuera con este nivel de crecimiento tan marcado.
Lejos de ser detractores de un sistema penal garantista que nos devolvió el crédito internacional en materia de derechos, resulta claro que hay desajustes propios de quienes hacen andar el sistema. Hay errores notorios de los operadores en la aplicación del nuevo código y no por la novedad de la norma a aplicar sino -seguramente- por el cambio de roles operado… o por ambas cosas, quizás.
Resulta extraño, al menos, que muchos casos que se producen aparezcan como carentes de sentido común e inexplicables para el común de la gente y hasta para gente no tan común sino con calificada capacidad de opinión.
Los casos referidos en la introducción son solo algunos ejemplos. Casos que no se explican por tratarse de delincuentes habituales, que operan con impunidad y reciben como respuesta una sanción que no garantiza (ni prioriza) el derecho colectivo. No se explica que un delincuente que porta un arma de forma irregular, implicada en casos de homicidios, no termine privado de su libertad y, en cambio, se le impongan medidas sustitutivas a la prisión. O casos como el de los implicados en el asesinato de un hombre en el balneario San Luis, que fueran liberados “por falta de pruebas”. Pruebas que no fueron diligenciadas en tiempo y forma por un Fiscal, (dueño de la investigación hoy), o directamente no controladas convenientemente por un Juez.
Junto a ellos está la Policía. Actor principal de una respuesta que necesita ser complementada con la acción judicial que confirme su trabajo (o lo corrija, de ser necesario). Y en el medio -o como destinatario final en tanto víctima- está la sociedad que espera que los delincuentes tengan su sanción. No se trata de hacer de la prisión la única respuesta pero sí de dar señales claras y precisas en lugar de mensajes que se aproximan a instalar un sentimiento de impunidad que disfrutan delincuentes habituales, reincidentes o reiterantes. Esos que decodifican rápidamente el mensaje y se valen del mismo para continuar haciendo su trabajo habitual: delinquir.
En Libertad (Unidad Nº 3 del INR), un policía corrupto intentó ingresar un arma de fuego escondida en una consola de juegos (X-Box). Un “traidor” para la corporación policial pues esas armas son las que terminan dando muerte a algún preso o a los propios policías que trabajan en los centros penitenciarios. La Justicia lo condenó por tráfico de armas imponíendole como medida cautelar el arresto domiciliario por 92 días. Si ese es el mensaje que se da a quien viola su juramento como servidor público y encima pone en riesgo de vida a sus compañeros de fuerza (o la de cualquier persona), en realidad estamos mal. No se trata de hacer de la cárcel la única solución, pero el mensaje es importante en tiempos de tanta violencia. Y acá el mensaje es de impunidad pues quien trafica armas de fuego es un potencial asesino o un proveedor de asesinos… ¿o no?
Recursos humanos
Cuando el Ministerio del Interior presentó la iniciativa de las tobilleras electrónicas para aplicar en los casos de violencia doméstica y de género, no faltaron las resistencias de los operadores judiciales (jueces y abogados), que se mostraron reacios a la herramienta. Vencidos aquellos prejuicios hoy la situación es diametralmente distinta al punto que se saturó el instrumento que pasó a ser de aplicación necesaria casi sin excepción. Los hechos no tardaron en revelar que los recursos son finitos.
En sustitución, los jueces disponen custodias (claves 1010 en la jerga policial), donde funcionarios policiales son afectados exclusivamente a salvaguarda de la integridad física de la amenazada. Acá tampoco la excepción hace la regla pero aún con custodias asistimos a casos en que no solo se atentó contra la víctima directa sino también contra el Policía que realizaba la tarea (como ocurrió en Salto el 8 de marzo de este 2018).
Cada custodia se integra con dos efectivos por turno, lo que eleva la cifra de policías afectados -por víctima- a seis (tres turnos de 8 horas cada turno). En la Jefatura de Montevideo (la mayor jurisdicción policial del país), la cifra de custodias “1010” se fue elevando constantemente en los últimos meses llegando hoy a un promedio que llega casi a las 90 por día. La cuenta es sencilla: 90 x 6: 540 (a la que hay que sumar los relevos por días de descanso), y estaremos hablando de una cifra cercana a los 600. Esa es la cantidad aproximada de policías desafectados del servicio de patrullaje ordinario cada día en la capital. Una circunscripción donde ocurren el 85% de los delitos, aproximadamente.
Y por si fuera poco, junto con esos policías están muchos de los vehículos destinados a dar respuesta inmediata que no pueden abandonar la custodia mermando notoriamente la fuerza efectiva para atender la emergencia.
La cuenta es clara y la respuesta no puede estar alejada de la propia lógica o del sentido común.
No son excusas, son datos de la realidad. Una realidad que es imperioso cambiar apuntando al agresor para reducir el riesgo de las víctimas. Si el nivel de amenaza es tal que merece una custodia personal de ese tipo, ¿no sería más sensato contener al victimario librando su requisitoria y detención inmediata? Mientras ello no ocurra se protegería a la víctima de forma temporal en un refugio hasta tanto baje la amenaza con la detención del agresor. Es preferible 90 violentos presos a 600 policías inmovilizados en custodias. Seguramente con la amenaza cierta de la privación de libertad el nivel de violencia de cada uno desaparezca y con ello, la necesidad de una custodia personal para la víctima.
Esa medida devolvería un importante contingente de policías a las calles; la situación se repite también en el interior -aunque con otras cifras- pero con igual resultado al quitar recursos humanos del patrullaje y debilitando la respuesta policial en la emergencia.
Parece lógico y de sentido común… ¿no?
Excepciones y reglas
No vamos a caer en el simplismo de creer que todas las excepciones confirman la existencia de una regla, pero cuando aquellas se reiteran en casos de extrema gravedad y violencia, llevan a que se crea en la existencia de una generalización descontrolada que flaco favor le hacen al sistema judicial. Máxime en tiempos donde las comunicaciones se han perfeccionado y las redes sociales aumentaron la accesibilidad con el riesgo, (comprobadamente cierto), de que no todo lo que se difunde ocurrió en realidad.
Pero, hay señales que no están siendo las esperadas por la población y -mucho menos- por las autoridades que venían ganando la batalla y hoy contemplan el aumento de las cifras de delitos de una manera que nadie imaginó.
El quiebre es notorio y basta con ver las gráficas del año pasado para advertir que en el último trimestre se produjo un corte. En ese tiempo es que comienza la vigencia del nuevo código del proceso penal, y por más que uno intente obviarlo resulta imposible no asociar el cambio con el incremento de las cifras de forma constante. Ya lo habían advertido los operadores judiciales y asesores internacionales que participaron del proceso de capacitación y adecuación, que en los tiempos de transición los delitos aumentarían, pero nadie supuso que fuera con este nivel de crecimiento tan marcado.
Lejos de ser detractores de un sistema penal garantista que nos devolvió el crédito internacional en materia de derechos, resulta claro que hay desajustes propios de quienes hacen andar el sistema. Hay errores notorios de los operadores en la aplicación del nuevo código y no por la novedad de la norma a aplicar sino -seguramente- por el cambio de roles operado… o por ambas cosas, quizás.
Resulta extraño, al menos, que muchos casos que se producen aparezcan como carentes de sentido común e inexplicables para el común de la gente y hasta para gente no tan común sino con calificada capacidad de opinión.
Los casos referidos en la introducción son solo algunos ejemplos. Casos que no se explican por tratarse de delincuentes habituales, que operan con impunidad y reciben como respuesta una sanción que no garantiza (ni prioriza) el derecho colectivo. No se explica que un delincuente que porta un arma de forma irregular, implicada en casos de homicidios, no termine privado de su libertad y, en cambio, se le impongan medidas sustitutivas a la prisión. O casos como el de los implicados en el asesinato de un hombre en el balneario San Luis, que fueran liberados “por falta de pruebas”. Pruebas que no fueron diligenciadas en tiempo y forma por un Fiscal, (dueño de la investigación hoy), o directamente no controladas convenientemente por un Juez.
Junto a ellos está la Policía. Actor principal de una respuesta que necesita ser complementada con la acción judicial que confirme su trabajo (o lo corrija, de ser necesario). Y en el medio -o como destinatario final en tanto víctima- está la sociedad que espera que los delincuentes tengan su sanción. No se trata de hacer de la prisión la única respuesta pero sí de dar señales claras y precisas en lugar de mensajes que se aproximan a instalar un sentimiento de impunidad que disfrutan delincuentes habituales, reincidentes o reiterantes. Esos que decodifican rápidamente el mensaje y se valen del mismo para continuar haciendo su trabajo habitual: delinquir.
En Libertad (Unidad Nº 3 del INR), un policía corrupto intentó ingresar un arma de fuego escondida en una consola de juegos (X-Box). Un “traidor” para la corporación policial pues esas armas son las que terminan dando muerte a algún preso o a los propios policías que trabajan en los centros penitenciarios. La Justicia lo condenó por tráfico de armas imponíendole como medida cautelar el arresto domiciliario por 92 días. Si ese es el mensaje que se da a quien viola su juramento como servidor público y encima pone en riesgo de vida a sus compañeros de fuerza (o la de cualquier persona), en realidad estamos mal. No se trata de hacer de la cárcel la única solución, pero el mensaje es importante en tiempos de tanta violencia. Y acá el mensaje es de impunidad pues quien trafica armas de fuego es un potencial asesino o un proveedor de asesinos… ¿o no?
Recursos humanos
Cuando el Ministerio del Interior presentó la iniciativa de las tobilleras electrónicas para aplicar en los casos de violencia doméstica y de género, no faltaron las resistencias de los operadores judiciales (jueces y abogados), que se mostraron reacios a la herramienta. Vencidos aquellos prejuicios hoy la situación es diametralmente distinta al punto que se saturó el instrumento que pasó a ser de aplicación necesaria casi sin excepción. Los hechos no tardaron en revelar que los recursos son finitos.
En sustitución, los jueces disponen custodias (claves 1010 en la jerga policial), donde funcionarios policiales son afectados exclusivamente a salvaguarda de la integridad física de la amenazada. Acá tampoco la excepción hace la regla pero aún con custodias asistimos a casos en que no solo se atentó contra la víctima directa sino también contra el Policía que realizaba la tarea (como ocurrió en Salto el 8 de marzo de este 2018).
Cada custodia se integra con dos efectivos por turno, lo que eleva la cifra de policías afectados -por víctima- a seis (tres turnos de 8 horas cada turno). En la Jefatura de Montevideo (la mayor jurisdicción policial del país), la cifra de custodias “1010” se fue elevando constantemente en los últimos meses llegando hoy a un promedio que llega casi a las 90 por día. La cuenta es sencilla: 90 x 6: 540 (a la que hay que sumar los relevos por días de descanso), y estaremos hablando de una cifra cercana a los 600. Esa es la cantidad aproximada de policías desafectados del servicio de patrullaje ordinario cada día en la capital. Una circunscripción donde ocurren el 85% de los delitos, aproximadamente.
Y por si fuera poco, junto con esos policías están muchos de los vehículos destinados a dar respuesta inmediata que no pueden abandonar la custodia mermando notoriamente la fuerza efectiva para atender la emergencia.
La cuenta es clara y la respuesta no puede estar alejada de la propia lógica o del sentido común.
No son excusas, son datos de la realidad. Una realidad que es imperioso cambiar apuntando al agresor para reducir el riesgo de las víctimas. Si el nivel de amenaza es tal que merece una custodia personal de ese tipo, ¿no sería más sensato contener al victimario librando su requisitoria y detención inmediata? Mientras ello no ocurra se protegería a la víctima de forma temporal en un refugio hasta tanto baje la amenaza con la detención del agresor. Es preferible 90 violentos presos a 600 policías inmovilizados en custodias. Seguramente con la amenaza cierta de la privación de libertad el nivel de violencia de cada uno desaparezca y con ello, la necesidad de una custodia personal para la víctima.
Esa medida devolvería un importante contingente de policías a las calles; la situación se repite también en el interior -aunque con otras cifras- pero con igual resultado al quitar recursos humanos del patrullaje y debilitando la respuesta policial en la emergencia.
Parece lógico y de sentido común… ¿no?
el hombre usó la lógica,
el perro, el olfato…
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