Uruguay, la Justicia y las bananas

El "nuevo ceibo" uruguayo

“Uruguay, país bananero”, lo escuchamos hasta el hartazgo mientras duró la presidencia de Pepe Mujica, sin embargo nunca fuimos tan internacionalmente conocidos como en ese período gracias a él. Aún hoy seguimos cosechando popularidad sumando otro “maracanazo” a nuestro palmarés siendo, “el país de Pepe Mujica”, uno de nuestros signos identitarios de aquí en más, mal que pese a muchos. Sin embargo ostentamos esa condición bananera en algunos aspectos que omiten denunciar los medios y los formadores de opinión de forma llamativa. Un ex tupamaro con identidad falsa ingresó al país para asumir su verdadero “nomenclator” -al punto que le fue retirado el pasaporte como medida cautelar en su momento y terminó procesado con prisión no por eso sino por delitos de lesa humanidad. El citado no fue otro que Amodio Pérez (y no Walter Barboza), pero la Justicia no solo le devolvió el documento (falso en su esencia ya que su portador no es quien dice ser), sino que le autorizó a viajar con el mismo. Si eso no es propio de una “República bananera” entonces no son bananas y menos Repúblicas, las que acuñaron ese calificativo.

Amodio no se va… se va Walter Correa!!

Que alguien me explique, porque la verdad no entiendo nada. ¿Cómo es posible que un Juez autorice a un individuo que está plenamente identificado en su filiación como Héctor Amodio Pérez, a portar y trasladarse por el mundo con un documento que manifiestamente expresa otra identidad, la que -además- es usurpada a otra persona física que también está plenamente identificada?

¿Cómo es posible que alguien, sobre el que no cabe ninguna duda sobre su filiación, pueda portar un documento en el que su principal dato -la identidad de la persona- es comprobadamente falso? Pues eso es lo que ha autorizado no ya un Juez sino el máximo órgano jurisdiccional uruguayo como la Suprema Corte de Justicia, al habilitar al ex tupamaro a salir del país con un documento falso. 

Por supuesto que esgrimen como fundamento que ese documento es original, emitido por una autoridad del exterior y cuya formalidad no puede ser controvertida por las autoridades uruguayas. Sin embargo, las normas dispuestas por organismos  internacionales como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), establecen controles que deben ejercer los países miembros. Entre ellos la veracidad de la información contenida en dichos documentos.

Pues bien, el señor Walter Salvador Correa Barboza, el verdadero, se enteró de la usurpación de su identidad cuando “otro” Walter Salvador Correa Barboza llegó a Uruguay para revelar que en realidad era Héctor Amodio Pérez, razón por la cual se le retiró la documentación que portaba de forma preventiva.

Los registros dactilares -tomados por la Dirección Nacional de Policía Científica a solicitud de la Jueza Staricco- confirmaron su verdadera identidad, el recién llegado era Héctor Amodio Pérez y no Walter Salvador Correa Barboza como decía su pasaporte.

Lo que vino y pasó después no es motivo de esta columna, en la que me sigo preguntando ¿por qué no se le emitió un documento nuevo con su verdadera identidad y por qué no se denunció el documento falso con el cual ingresó? En lugar de ello, la Justicia -su órgano máximo- le autorizó a salir del país con un documento de viaje a nombre de otra persona. Seguramente con ello le eviten al involucrado dar explicaciones en España, país de acogida que lo recibió con otra identidad sin que fuera condición especial para su seguridad (Amodio o Walter, no ingresó como refugiado).

Seguramente Amodio o Walter, Pérez o Barboza, deberá explicar -igualmente- a las autoridades españolas este affaire que adquirió alcance internacional. Allí, deberá blanquear su identidad asumiendo su nombre verdadero liberando al auténtico portador de esa identidad uruguaya, del estigma de haber sido usado sin su consentimiento. Todo ello, claro está, si España no quiere sumarse al grupo de “Repúblicas bananeras”.

Si eso no acontece, menudo problema se daría pues España estaría convalidando una identidad comprobadamente falsa de una persona que dijo ser otra e hizo incurrir en error a ese país que le emitió un documento de viaje sometido a normas internacionalmente admitidas por los países que integran la OACI.

Uruguay dio sobradas pruebas de no ser un “país bananero” como quisieron vender algunos, en cambio asumió responsablemente su papel de controlador de la legalidad y veracidad de los documentos de viaje según las normas internacionales a las que adhirió como país miembro de la OACI. Lo que debió hacer nuestra Justicia -de hecho se hizo parcialmente- era devolver veracidad a una situación ficticia como la identidad de esta persona, emitiendo la documentación que acredite su verdadera filiación (se le emitió la cédula de identidad uruguaya no así el pasaporte). 

La autorización a viajar con el pasaporte a nombre de otra persona es -a mi juicio- un grave error que nos pone en una situación incómoda frente al mundo. 

La Dirección Nacional de Migración es el organismo que ejerce el control de la autenticidad material y formal de los documentos de viaje. En el caso de marras, se encontrará en la disyuntiva de cumplir el mandato judicial de permitir el viaje de una persona que portará un documento falso en su esencia, por cuanto el portador no es verdaderamente quien dice ser y esa Dirección Nacional lo sabe.

¿Qué valor podrán tener de aquí en más los controles migratorios que haga Uruguay si se le obliga a dar por veraz un documento que se sabe no lo es por las razones expuestas? 

Evidentemente este es un caso que nos pone a prueba -una vez más- para saber si de verdad somos tan bananeros como dicen o nos quieren hacer creer...

el hombre leía “Walter”,

el perro olfateaba una banana...