La cuestión militar… a la uruguaya!

Una reciente publicidad de una institución médica reivindica la forma que nos damos los uruguayos para resolver algunas cuestiones. Ese corto publicitario me llevó a la idea de comparar que también para cuestiones de alta trascendencia los uruguayos encontramos una forma particular y propia de darle trámite. Así ocurrió con el fin de la dictadura y el promocionado “cambio en paz” que llevó adelante el primer gobierno de Sanguinetti tras la recuperación de la democracia. Una democracia tutelada en cierta forma pero que fue ganando músculo haciendo de aquella instancia una peculiar forma de rescindir un proceso dictatorial. Claro que tuvo (y aún mantiene) sus imperfecciones, pero vaya si la democracia uruguaya ha adquirido fortalezas tras cuatro décadas ininterrumpidas de un proceso por el que han pasado gobiernos de derecha e izquierda sin sobresaltos institucionales. También es cierto que la cuestión militar sigue generando agenda y continúa en deuda con el Uruguay, lo que no hace otra cosa que confirmar que la misma fue una solución “a la uruguaya”...

Los escrúpulos uruguayos

En un posteo de la red social X se narra la historia del concepto de los escrúpulos, que no eran otra cosa que las afiladas piedras que se les incrustaban en las sandalias a los legionarios romanos originándoles dolores insoportables en las marchas. Así, la decisión de detenerse para quitárselos era una cuestión que repercutía en la tropa porque una detención afectaba al resto y los exponía al castigo.

Semejante dilema llevó a que se le diera a aquella palabra el significado de una conducta a seguir para resolver un problema asumiendo decisiones importantes en la vida según el dictado de nuestra conciencia; en otras palabras, tomar recaudo de las consecuencias de nuestros actos, es decir, tener escrúpulos. Y vaya si la cuestión militar uruguaya se convirtió en una “afilada piedra en el zapato” para los gobiernos que se fueron sucediendo a partir de la restauración de la democracia. Porque al "cambio en paz" del primer gobierno pos dictadura, le siguieron acciones como la de la Comisión para la Paz en el gobierno de Jorge Batlle, no sin antes sufrir la peripecia de la Ley de Caducidad y la patriada del voto verde que si bien se perdió en las urnas consolidó un espacio de lucha que aún persiste y que se manifiesta abrumadoramente cada 20 de mayo.

También es una cuestión de sensibilidades, al punto que con la llegada de la izquierda al gobierno llegó la hora de devolver algo de justicia a las víctimas del terrorismo de Estado con el juicio y condena a varios de sus responsables. Una cuestión que hoy genera controversias ante los intentos de liberación para los militares condenados, en razón de su edad o estado de salud. Algo que genera ruido y molestia en colectivos de familiares y víctimas de la dictadura en tanto siguen sin saber el destino de sus familiares desaparecidos por esa omertá impuesta entre el clan militar de la época.

En ese tire y afloje estamos hace ya más de cuatro décadas sin que nadie se apiade de nadie mientras la verdad sigue oculta como los cientos de compatriotas de los que no sabemos aún su destino.

La caja fuerte de Medina

Recientes hechos han puesto al tema en la agenda mientras transcurría el pasado mes de mayo, el mes de la memoria. El fiscal Ricardo Perciballe informó que había militares prófugos de la justicia que seguían cobrando sus pensiones o retiros. Así lo expresó en varias entrevistas donde relató que los oficios debidamente diligenciados a la Caja Militar fueron ignorados por esta quien continuaba realizando los depósitos o transferencias a los involucrados. El caso más reciente y disparador de todo esto fue el de un militar que solicitó una fe de vida en el consulado uruguayo de Miami (EEUU), siendo que estaba requerido por la justicia uruguaya e Interpol.

Semejante rutina (porque el caso no sería el único), me trajo a la memoria al exministro de Defensa del primer gobierno de Julio María Sanguinetti, el Tte. Gral. Hugo Medina, cuando depositó bajo llave en una caja fuerte las citaciones a los militares que pretendían ser indagados por la justicia por la comisión de delitos de lesa humanidad, tras la restauración de la democracia. Aquel cerrojo institucional tendría su final (in)feliz con la sanción -entre gallos y medias noches- de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Una nefasta noche que tuvo como corolario el desafuero de Germán Araújo, bajo la complicidad de blancos y colorados que le imputaron el delito de asonada.

Luego, con la llegada del Frente Amplio al gobierno, se puso voluntad para avanzar en los juicios y devolver algo de justicia a las víctimas del terrorismo de Estado. Por aquellos años (primer gobierno de Tabaré Vázquez), se dieron también algunas recordadas fugas de militares presos que llevaron a célebres declaraciones de connotadas figuras políticas de la época. Una de ellas fue la fuga de Gilberto Vázquez, que motivó diligentes declaraciones de políticos de la oposición de entonces (blanqui-colorada) sobre la debilidad de mantener bajo custodia a los militares presos. En respuesta a esos dichos, el recordado Carlos Gamou (entonces diputado) respondió sagazmente que “a nosotros se nos escapan porque fuimos los únicos que los metimos presos”.

Mantener los privilegios de la Caja Militar cuesta muchos cientos de millones de dólares por año a todos los uruguayos (unos 500 o más, aprox.), es hora que devuelvan parte con servicios como la atención a las personas en situación de calle (algo que hemos referido en varias columnas). Sería una forma de empezar a restañar heridas asignándoles una misión más a las que hoy asumen en las emergencias climáticas, por ejemplo. En este caso sería otro tipo de emergencia donde con su infraestructura y capacidad logística podrían no solo dar cobijo sino enseñar oficios, o hasta despertar vocaciones para quienes quieran seguir la carrera militar. También podrían dar atención sanitaria, con la debida complementariedad del resto del Estado en ese caso. 

Tarda pero llega

Hace pocos días se resolvió el cese del pago de esas pensiones, lo que recompuso el desigual tratamiento que tuvieron hasta ahora con el resto de los mortales orientales. La justicia tarda pero llega y este caso lo confirma, aunque haya tenido que pasar mucho tiempo y se haya abonado dinero de forma irregular que seguramente el Estado reclamará llegado el momento.

Era de estricta justicia que eso sucediera, pues muchos de nosotros no percibimos nuestros haberes si no cumplimos antes con algunos requisitos como pagar el Fondo de Solidaridad, por citar un ejemplo. Mucho menos si estamos prófugos de la justicia.
 
La justicia es ciega (o debería serlo), porque se aplica sin mirar a quien. También es lenta lo cual a veces genera ruido y se confunde con injusticia.

Pero, aunque lenta y no tan ciega, al final, siempre llega...

el hombre sacaba cuentas,
el perro ladraba su fe de vida canina...