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| PNSP - Presidencia de la República |
Por supuesto que la ausencia de esos acuerdos que hoy no se ven (a estar por las críticas que surgieron ni bien se presentó el mismo), no pueden inmovilizar a un gobierno que tiene la responsabilidad de dirigir el país. Sin embargo, podrían disimular su falta de compromiso político y esperar, aunque sea unos días, para salir a denostar un compendio de más de 300 páginas que ni leyeron. Tenían prontos los posteos para salir en manada a pegarle al Ministro y su trabajo al que calificaron de una obra académica que no ataca el problema de fondo de la inseguridad.
Es cierto que hubo que esperar un año para conocer este plan, pero si hacemos un poco de memoria todavía esperamos conocer “otro plan” que nunca se divulgó y que hicieron gárgaras de tener en el período pasado, los mismos que ahora critican un proyecto real y tangible que deberían leer antes de salir a criticarlo de forma apresurada.
Y así es que me permito volver a recordar a Julio Guarteche, para repetir que lo que le falta a la clase política es tener esa percepción compartida de la amenaza y dejar de lado cualquier interés electoral cuando de seguridad se trata, porque el problema ya cobró una magnitud tal que si no hacemos algo será imposible revertir. Hubo un tiempo precioso que se perdió pidiendo la renuncia de los ministros de turno, buscando el botín electoral que les otorgara una pírrica victoria. Un tiempo en que dejaron de atender lo importante, evitaron conocer los procesos de profesionalización de la policía no asistiendo a las convocatorias realizadas en su momento para dedicarse a dinamitar la gestión por apetencia electoral pura y dura. Instalaron el “renunciá Bonomi” pero no fueron ni son capaces de reconocerle la mayor reforma policial de toda la historia con dignificación profesional y operativa de la Policía Nacional que hoy esgrimen (y añoran los cuadros policiales).
Consiguieron desgastarlo, llegaron al gobierno y lo primero que hicieron fue interrumpir un proceso que había trascendido gobiernos y partidos políticos, pusieron a sus cuadros de confianza política que terminaron “renunciados” por casos de corrupción que aún resta dilucidar en la justicia (cayó la cúpula del Ministerio y de la Dirección de la Policía Nacional). Aún con esos antecedentes a cuestas, se animan a criticar -sin estudio alguno- una propuesta que podrá o no ser eficaz, pero que merece un paréntesis de mínimo consenso político. Y lo merece porque en él se involucraron todos los partidos políticos (mal que les pese ahora reconocerlo), organizaciones civiles y la academia, haciendo sus aportes.
Un plan, un compromiso
Con la presentación de este trabajo, se asume un compromiso público indelegable que tiene la particularidad de establecer hitos de cumplimiento o evaluación. Una medida arriesgada que cumple con el compromiso público asumido de hacerse cargo de la seguridad. No solo ubica el tema, comparte responsabilidades de todos los organismos que deben participar, dejando escrito el concepto de integralidad de la seguridad pública. Un problema que no es solo policial ni de la cartera de Interior, sino que abarca a múltiples sectores de la administración que ahora se integran a un sistema que deberá ser revisado y monitoreado regularmente.
No vale decir que se colectiviza la responsabilidad al integrar a otros actores (públicos y privados), porque la seguridad es un concepto que los incluye y que se construye desde múltiples lugares. La Policía es (o debería serlo) el último recurso, sin perjuicio de reconocer que también tiene responsabilidades en la prevención de los hechos siendo parte de un preventivo circuito virtuoso. Aunque casi siempre su actuación es mayormente represiva, también hace parte de los instrumentos de prevención de situaciones violentas.
El establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo estipulados en el plan son mojones que comprometen la operativa y que permitirá medir sus resultados en base a evidencias. Eso no debería ser objeto de crítica apresurada pues hay un compromiso asumido de estar a los resultados que surjan oportunamente, allí se podrá medir objetivamente el éxito o el fracaso de la gestión. En ese punto le atribuyo una alta dosis de valentía al plan, porque establece su eficacia en base a datos y no a meras percepciones o talenteos.
El principal objetivo de este plan es reducir la violencia por el período 2025 -2035, y en tal sentido orienta sus acciones de forma transversal con todos los actores en sus diferentes ámbitos. En particular, establece fechas o mojones donde deberían cumplirse los objetivos dispuestos, según reza:
• Fase 1. Control y estabilización (2026-2027): concentra capacidades en la reducción del daño letal, el control de factores clave, la protección de casos de alto riesgo y la puesta en marcha de mecanismos de coordinación con seguimiento común desde el inicio.
• Fase 2. Desarticulación e integración sistémica (2028-2031): profundiza la investigación, la articulación interinstitucional, la persecución patrimonial y la mejora de la judicialización y la ejecución penal para sostener y ampliar resultados.
• Fase 3. Sostenibilidad y prevención estructural (2032-2035): consolida capacidades de prevención de mediano y largo plazo, la atención pos-egreso penitenciario, la calidad institucional y la resiliencia frente a amenazas emergentes como base de estabilidad.
Esta hoja de ruta está escrita y constituye un compromiso real que permitirá ir controlando su nivel de cumplimiento. Un riesgo que asume de forma clara y valiente una gestión que está siendo altamente cuestionada por sus resultados a pesar de los datos que indican lo contrario.
Si bien los números divulgados por la cartera le son favorables en cuanto a una disminución de las cifras de denuncias, la percepción ciudadana no acompaña todavía esos resultados sino todo lo contrario. Los homicidios -el verdadero y cruel nudo gordiano de la seguridad pública uruguaya- siguen manteniendo su tendencia de uno por día, a pesar de una pequeña disminución que los sostiene en una meseta que sigue siendo alta.
Este conjunto de medidas contenidas en el PNSP constituyen un instrumento al que apuesta el gobierno para empezar a construir una verdadera política de Estado en la materia. Sin embargo, arrancó mal con la postura de una oposición que no transa ni da tregua para colocar el problema a la altura que esperamos los uruguayos. Sin esos acuerdos será muy difícil que este o cualquier otro plan que se pretenda, tenga los resultados que esperan y esperamos todos.
Malas señales
La presentación del plan no contó con la presencia de los representantes de la oposición quienes optaron por no asistir, solo el líder de Cabildo Abierto -Gral. Manini Ríos- estuvo presente dejando claro que la otrora Coalición Republicana ya no existe. En este juego de roles es notorio que hay una puja por recuperar espacios perdidos de parte de todos los actores. Lo triste es que no reparen en la importancia del tema principal (la inseguridad) que sufrimos quienes vivimos en este país, y en lugar de ello sigan apostando al disenso que nos aleja (¿definitivamente?) de construir una política de Estado.
Ojalá podamos entender, de una buena vez, que este es un problema que nos comprende a todos sin excepciones porque nadie está libre de ser víctima de un delito. Una razón de peso suficiente como para intentar acuerdos en lugar de ser un objetivo para colectar votos.
Los hechos irán revelando la oportunidad y pertinencia de lo escrito. La bajada a tierra es el aspecto principal que se debe sintetizar para que la ciudadanía entienda y aprecie lo establecido en un compendio de 340 páginas escrito en un lenguaje académico que no todos leen ni logran entender.
Sin embargo...
A pesar de muchos y a favor de los uruguayos, finalmente hay un plan.
Pero, siguen faltando los acuerdos...
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