INISA y una cuestión de sentido común

Foto: Alessandro Maradei (La Diaria)

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente – INISA, se plantea por estos días una cuestión que trasciende su público objetivo y se instala en una suerte de limbo legal que es necesario resolver a la brevedad. Refiere al caso de la minoridad infractora que cumple condenas que terminan de efectivizarse una vez que estos alcanzan la mayoría de edad. Algo en lo que hay que apelar a la ley por supuesto, pero, aplicándola con un mínimo de sentido común en algunos casos.

Casos que no serían de gravedad si el proceso de rehabilitación no se interrumpiera por la fuga del o los implicados, esos que -una vez recapturados y cumplida la mayoría de edad- regresan a terminar su condena como menor sin reparar que pudieron tener antes un paso previo por el circuito penal de adultos. El más común de los sentidos nos llevaría a pensar que la “chance” de su proceso y pasaje por la justicia adolescente se extinguió por su propia responsabilidad, (la fuga). Sin embargo, advertida esa circunstancia por la justicia de menores, el Juez está obligado por la ley a restituirle al INISA para que termine de cumplir su pena como menor antes de hacerlo por el delito cometido como adulto.

La situación, aunque compleja, no debería permitir que la propia legislación deje expuesta al fracaso a una gestión orientada a la resocialización de la minoridad infractora (que en su mayoría cumple con los procesos establecidos), y la exponga a sufrir las consecuencias destructivas de quienes vulneran la confianza y los mecanismos dispuestos para su rehabilitación, optando por seguir la carrera delictiva. Esos mismos que se convierten en instructores del delito para una legión de adolescentes que los tienen luego como compañeros en los centros juveniles de detención.

Este problema legal merece la atención inmediata del sistema político porque una pieza que se echa a perder puede estropear toda la fruta del cajón. Es cierto que todos merecen la oportunidad y el sistema no puede ni debe discriminar a ninguno, pero ofrecida la opción está en cada uno de los involucrados poner de su parte  y asumir el compromiso de recorrer ese camino o proceso educativo que lo aleje de los circuitos delictivos.

Esto que parece de sentido común, se choca contra la letra fría de la ley que impone el estricto cumplimiento de las condenas recaídas siendo menor en centros infraccionales para adolescentes, aún cuando sus protagonistas hayan dejado (algunos hace tiempo) de ser adolescentes o menores. Entonces aparece algo paradójico, y es que convivan en centros de rehabilitación para adolescentes, personas que no solo superaron la franja etaria sino que tuvieron pasajes por la justicia de mayores en centros de privación de libertad que los marca y condiciona, indefectiblemente.

El presidente del INISA, Lic. Jaime Saavedra salió de forma contundente a manifestar su malestar con la situación, y marcó un límite claro que no está dispuesto a eludir en lo que refiere al compromiso que deben asumir los internos. Sus declaraciones, (tras un motín que expuso a dos funcionarias a una situación límite con riesgo de vida), le merecieron algunas críticas por el tono y contenido de sus dichos, pero si algo debe reconocérsele es que puso el foco en un tema de singular relevancia para la gestión de la minoridad infractora. El tono pudo ser otro, pero no fue ajeno al sentir y pensamiento de un directorio comprometido en forma unánime con la gestión que dejó en claro, también, el respaldo al funcionariado que está en la primera línea de atención de la población adolescente.

Esa circunstancia expuesta de forma contundente por Saavedra, interpela al sistema político que debe resolver -de manera urgente- un tema donde la falta de sentido común pone en peligro los procesos educativos y laborales que hacen parte principal de la inclusión adolescente que se propone el INISA para esta administración.

No tan “pollitos” en fuga

Los recientes incidentes que acumula en poco tiempo el hogar del INISA de Bvar. Artigas y Cufré, fueron protagonizados por internos mayores de edad. Unos, que se fugaron en enero, y otros que generaron un incidente tomando de rehenes a dos funcionarias. Si bien este último caso se resolvió en poco tiempo y sin lesiones para las involucradas, no dejaron de ser de extrema gravedad. En ambos casos hubo protagonistas mayores de edad que cumplían condena como menores, lo que mereció el reproche del presidente del organismo. Un reproche en el que le asiste la razón y que hay que resolver cuanto antes.

Las palabras de Jaime Saavedra le valieron sendas críticas de parte de algunos colectivos y formadores de opinión que no reparan en el público objetivo de las expresiones del presidente del INISA y, en cambio, las interpretaron como si fueran su sentir para todos los adolescentes privados de libertad. El mensaje fue claro y rotundo para esos “delincuentes de poca monta”, mayores de edad que pretenden liderar un espacio dedicado a la resocialización de menores infractores, usando su pasaje por la cárcel de mayores, (donde seguramente no se hubieran atrevido nunca a hacer algo parecido),para aprovechar la oportunidad que da el sistema y “entrenarse” como jefes criminales. Algo que Saavedra ni el  resto del directorio del INISA están dispuestos a permitir; así como tampoco el gobierno de Yamandú Orsi, la mayoría de la sociedad uruguaya y hasta el sistema político que parece reaccionar al respecto promoviendo modificaciones sobre este punto.

La cuestión parece ser clara, ahora la pelota está en la cancha de los legisladores y/o del gobierno que deberían aportar una solución legal a un problema que pone en riesgo el futuro de cientos de gurises que se equivocaron un día pero que tienen una oportunidad inmejorable de volver a ser parte de una sociedad que los necesita.

La solución debería instrumentarse de una forma que no permita el regreso al sistema infraccional juvenil de aquellos que “quemaron su chance” fugándose y durante su tiempo en fuga dejaron de ser menores y cometieron delitos siendo adultos. Esos, que tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon eligiendo el camino equivocado, no deberían poder regresar al sistema penal adolescente para convertirse en potenciales instructores del delito.

Una cuestión de puro sentido común… ¿no?

el hombre habló fuerte y claro,
el perro solo ladró...