La aparición del expresidente Lacalle Pou está claramente digitada con una dosificación planificada. La presentación de un documento criticando la gestión del novel gobierno -a horas de las palabras del presidente Orsi ante la Asamblea General al cumplirse un año de su mandato- es tan solo una perla del largo collar que va construyendo la oposición multicolor desde hace un año. Claro que sin lograr el nivel de consenso que esperaban porque ni Identidad Soberana ni Cabildo Abierto son socios incondicionales sino bastante críticos. No es para menos, el caso Cardama ha desnudado lo que llevó a la coalición multicolor a la derrota, un sinnúmero de acciones contrarias a los intereses nacionales que empiezan a ver la luz gracias a un gobierno que, sin prisa pero sin pausa, revisa y corrige los malos negocios heredados. Mal que les pese, construir es otra cosa muy distinta a lo que hicieron durante su gobierno.
Los ojos en la nuca
Solo así se explica un documento de 15 páginas que se presentó para exponer lo que consideran un revisionismo irresponsable del gobierno de Yamandú Orsi respecto a varios ítems heredados de la gestión de Lacalle Pou. El documento comienza con una conclusión que si no estuviera escrita resultaría increíble, aludiendo a un revisionismo instalado por esta administración como un método y no como una herramienta útil en casos que lo ameriten. Acaso el redactor del libelo olvidó el cúmulo de auditorías que vociferaron al inicio de su mandato y de las que solo encontraron “café vencido”. Eso sí que era una gestión constructiva, ¿no?
Dedica parte de su introducción a las promesas de campaña sobre que no habría aumentos impositivos, pero obvian decir que dejaron al país sumido en un déficit fiscal muy superior al declarado y con la caja vacía para hacer frente a los compromisos asumidos. Y no les alcanza con argumentar las razones de tales desequilibrios macroeconómicos aludiendo a la pandemia porque está plenamente comprobado que ese costo lo asumió la clase trabajadora junto a jubilados y pensionistas. Los malla oro quedaron bien al resguardo de un gobierno selectivo y clasista como fue el multicolor.
Una de las “incumplidas” promesas refiere a los 2 mil efectivos para la Policía Nacional y con esa referencia dejan en clara evidencia la pésima gestión que les cupo a quienes dejaron sin cubrir 1600 vacantes que fueron cubiertas ahora por el gobierno de Orsi. Esto habla de buena administración por cuanto una vacante no cubierta implica un recurso que no se usa para el destino que fue creado y ese dinero se usa para otro fin que no es para el que fue adjudicado. Llenar vacantes es lo primero que debe hacer un buen gestor público y si con ello se cubre en gran medida la necesidad de recursos humanos prometida, más que promesa incumplida es una decisión correcta y ajustada a la realidad.
Critica que se apele al diálogo en múltiples áreas estratégicas quienes fueron afectos a atropellar y avasallar la discusión democrática con leyes ómnibus como la LUC; les resulta extraño que vuelva un gobierno que escucha, dialoga y resuelve buscando el más amplio consenso. Algo de lo que hace gala el presidente Orsi, condición que lo llevó a la más alta magistratura, entre otras cualidades, sin lugar a dudas..
Revisar lo revisable
Hablar de revisionismo cuando se trata de temas de alta repercusión pública equivoca el concepto pues se trata -ni más ni menos- que de defender los intereses de los uruguayos. Y hacerlo de forma pública a escasos días de asumir el mandato, lo convierte en un acto de responsabilidad republicana que debió honrarse de otra manera y no apurando la firma de un negocio al que el gobierno entrante había solicitado expresamente que no se firmara (proyecto Neptuno). No se trata de revisionismo sino todo lo contrario, era un acto de responsabilidad que le compete a quien fue elegido por el soberano para dirigir los destinos del país por los próximos 5 años (que también le cabía a quien dejaba el cargo en pocos días).
El caso CARDAMA dejó en evidencia el grado de nerviosismo que impera en los anteriores gestores de la cosa pública, responsables de negocios teñidos de sospecha por donde se los mire.
A pesar de lo que sostienen sobre el dictamen del TCA correspondiente al contrato por el negocio de contenedores del puerto de Montevideo, la sentencia es categórica en anular el monopolio adjudicado sin ley y eso hace parte esencial del reclamo incoado por los denunciantes. Esa recuperación de la soberanía portuaria pretendió ocultarse en una conferencia de prensa desnaturalizada por los exabruptos de una legisladora que dejó claro el nivel de la oposición y el grado de personalismo que impera en muchos de sus protagonistas.
Por su parte, el caso de las patrulleras OPV puso en evidencia el nivel de los negociadores que participaron de un negocio que dejó claro que si algo no tuvieron fue criterio técnico para adjudicar una compra de esas características eligiendo al más barato y menos confiable de los oferentes. Encima, sin controlar un elemento esencial del contrato como las garantías, esas que resultaron falsas y llevaron al gobierno a la rescisión y denuncia penal contra el astillero.
Seguridad, combustibles y pago en efectivo
En materia de seguridad tienen una oposición cerrada y hacen gala de una soberbia que les impide asumir que tuvieron el triste récord de homicidios por quinquenio que registra la historia nacional desde que se llevan registros. Y lo tienen a pesar de una pandemia que ralentizó la actividad criminal bajando todos los guarismos pero que una vez sorteada la misma retomó con fuerza el ritmo superando con creces la tendencia anterior.
Hablan del combate al narcotráfico quienes son los responsables de haber entregado un pasaporte que ofició de salvoconducto al (hoy) tercero más buscado por la policía internacional (Sebastián Marset), los mismos que dejaron sin efecto el SICTRAC y permitieron que el país subiera de nivel pasando de país de tránsito a uno de acopio de drogas. Porque, eliminando el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga, permitieron la libre circulación de los camiones sin controles y el crimen organizado rápidamente leyó esa realidad para acopiar alijos que luego saldrían por el puerto de Montevideo hacia Europa. Los mismos que demoraron la instalación de los escáneres en el puerto capitalino dejando sin efecto licitaciones prontas para diferir hasta el final de su período la instalación de los que hoy funcionan. Fueron cinco años de libre tránsito, por más que lo nieguen.
Y si de los combustibles hablan, no hay mejor argumento que los datos fríos que determinan que en un año el gobierno de Orsi rebajó los combustibles contra un 63% de aumento que sufrieron durante la administración de Lacalle Pou. Claro que esto puede cambiar en el corto plazo conforme se siga agravando el conflicto en Medio Oriente, pero eso es algo que sufrirá el mundo sin responsabilidad para el gobierno actual. Lo cierto es que aún con un aumento de la flota de vehículos, se ahorraron más de tres millones de litros de combustible. ¡Hablame de destrucción!
En el caso de los pagos en efectivo, primó el sentido común rebajando una cifra escandalosa para el común de los orientales como era el pago sin rendir cuentas de su origen hasta una suma de 160 mil dólares. Algo que dejaba abierta la puerta a transacciones de dudosa procedencia que, repetidas veces, eran una puerta de ingreso irrestricto al lavado de activos. Semejante discrecionalidad generaba dudas acerca de la ingenuidad de sus defensores. Hoy se corrigió ese número a una cifra razonable que aleja la posibilidad de su uso para fines de lavado de dinero.
Estos son algunas consideraciones sobre un documento que circula para desacreditar el rumbo de un gobierno que ganó legítimamente las elecciones y viene avanzando al ritmo que le permiten las arcas públicas. Esas que vaciaron de contenido y que comprometieron mucho más allá de su mandato los que hoy pretenden dar cátedra de gestión pública.
Los mismos que lejos de construir administraron el país como patrones de estancia...
Solo así se explica un documento de 15 páginas que se presentó para exponer lo que consideran un revisionismo irresponsable del gobierno de Yamandú Orsi respecto a varios ítems heredados de la gestión de Lacalle Pou. El documento comienza con una conclusión que si no estuviera escrita resultaría increíble, aludiendo a un revisionismo instalado por esta administración como un método y no como una herramienta útil en casos que lo ameriten. Acaso el redactor del libelo olvidó el cúmulo de auditorías que vociferaron al inicio de su mandato y de las que solo encontraron “café vencido”. Eso sí que era una gestión constructiva, ¿no?
Dedica parte de su introducción a las promesas de campaña sobre que no habría aumentos impositivos, pero obvian decir que dejaron al país sumido en un déficit fiscal muy superior al declarado y con la caja vacía para hacer frente a los compromisos asumidos. Y no les alcanza con argumentar las razones de tales desequilibrios macroeconómicos aludiendo a la pandemia porque está plenamente comprobado que ese costo lo asumió la clase trabajadora junto a jubilados y pensionistas. Los malla oro quedaron bien al resguardo de un gobierno selectivo y clasista como fue el multicolor.
Una de las “incumplidas” promesas refiere a los 2 mil efectivos para la Policía Nacional y con esa referencia dejan en clara evidencia la pésima gestión que les cupo a quienes dejaron sin cubrir 1600 vacantes que fueron cubiertas ahora por el gobierno de Orsi. Esto habla de buena administración por cuanto una vacante no cubierta implica un recurso que no se usa para el destino que fue creado y ese dinero se usa para otro fin que no es para el que fue adjudicado. Llenar vacantes es lo primero que debe hacer un buen gestor público y si con ello se cubre en gran medida la necesidad de recursos humanos prometida, más que promesa incumplida es una decisión correcta y ajustada a la realidad.
Critica que se apele al diálogo en múltiples áreas estratégicas quienes fueron afectos a atropellar y avasallar la discusión democrática con leyes ómnibus como la LUC; les resulta extraño que vuelva un gobierno que escucha, dialoga y resuelve buscando el más amplio consenso. Algo de lo que hace gala el presidente Orsi, condición que lo llevó a la más alta magistratura, entre otras cualidades, sin lugar a dudas..
Revisar lo revisable
Hablar de revisionismo cuando se trata de temas de alta repercusión pública equivoca el concepto pues se trata -ni más ni menos- que de defender los intereses de los uruguayos. Y hacerlo de forma pública a escasos días de asumir el mandato, lo convierte en un acto de responsabilidad republicana que debió honrarse de otra manera y no apurando la firma de un negocio al que el gobierno entrante había solicitado expresamente que no se firmara (proyecto Neptuno). No se trata de revisionismo sino todo lo contrario, era un acto de responsabilidad que le compete a quien fue elegido por el soberano para dirigir los destinos del país por los próximos 5 años (que también le cabía a quien dejaba el cargo en pocos días).
El caso CARDAMA dejó en evidencia el grado de nerviosismo que impera en los anteriores gestores de la cosa pública, responsables de negocios teñidos de sospecha por donde se los mire.
A pesar de lo que sostienen sobre el dictamen del TCA correspondiente al contrato por el negocio de contenedores del puerto de Montevideo, la sentencia es categórica en anular el monopolio adjudicado sin ley y eso hace parte esencial del reclamo incoado por los denunciantes. Esa recuperación de la soberanía portuaria pretendió ocultarse en una conferencia de prensa desnaturalizada por los exabruptos de una legisladora que dejó claro el nivel de la oposición y el grado de personalismo que impera en muchos de sus protagonistas.
Por su parte, el caso de las patrulleras OPV puso en evidencia el nivel de los negociadores que participaron de un negocio que dejó claro que si algo no tuvieron fue criterio técnico para adjudicar una compra de esas características eligiendo al más barato y menos confiable de los oferentes. Encima, sin controlar un elemento esencial del contrato como las garantías, esas que resultaron falsas y llevaron al gobierno a la rescisión y denuncia penal contra el astillero.
Seguridad, combustibles y pago en efectivo
En materia de seguridad tienen una oposición cerrada y hacen gala de una soberbia que les impide asumir que tuvieron el triste récord de homicidios por quinquenio que registra la historia nacional desde que se llevan registros. Y lo tienen a pesar de una pandemia que ralentizó la actividad criminal bajando todos los guarismos pero que una vez sorteada la misma retomó con fuerza el ritmo superando con creces la tendencia anterior.
Hablan del combate al narcotráfico quienes son los responsables de haber entregado un pasaporte que ofició de salvoconducto al (hoy) tercero más buscado por la policía internacional (Sebastián Marset), los mismos que dejaron sin efecto el SICTRAC y permitieron que el país subiera de nivel pasando de país de tránsito a uno de acopio de drogas. Porque, eliminando el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga, permitieron la libre circulación de los camiones sin controles y el crimen organizado rápidamente leyó esa realidad para acopiar alijos que luego saldrían por el puerto de Montevideo hacia Europa. Los mismos que demoraron la instalación de los escáneres en el puerto capitalino dejando sin efecto licitaciones prontas para diferir hasta el final de su período la instalación de los que hoy funcionan. Fueron cinco años de libre tránsito, por más que lo nieguen.
Y si de los combustibles hablan, no hay mejor argumento que los datos fríos que determinan que en un año el gobierno de Orsi rebajó los combustibles contra un 63% de aumento que sufrieron durante la administración de Lacalle Pou. Claro que esto puede cambiar en el corto plazo conforme se siga agravando el conflicto en Medio Oriente, pero eso es algo que sufrirá el mundo sin responsabilidad para el gobierno actual. Lo cierto es que aún con un aumento de la flota de vehículos, se ahorraron más de tres millones de litros de combustible. ¡Hablame de destrucción!
En el caso de los pagos en efectivo, primó el sentido común rebajando una cifra escandalosa para el común de los orientales como era el pago sin rendir cuentas de su origen hasta una suma de 160 mil dólares. Algo que dejaba abierta la puerta a transacciones de dudosa procedencia que, repetidas veces, eran una puerta de ingreso irrestricto al lavado de activos. Semejante discrecionalidad generaba dudas acerca de la ingenuidad de sus defensores. Hoy se corrigió ese número a una cifra razonable que aleja la posibilidad de su uso para fines de lavado de dinero.
Estos son algunas consideraciones sobre un documento que circula para desacreditar el rumbo de un gobierno que ganó legítimamente las elecciones y viene avanzando al ritmo que le permiten las arcas públicas. Esas que vaciaron de contenido y que comprometieron mucho más allá de su mandato los que hoy pretenden dar cátedra de gestión pública.
Los mismos que lejos de construir administraron el país como patrones de estancia...
el hombre levantaba una pared,
el perro ladraba otra canchada…
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