Espacio de notas de opinión escritas por su autor Fernando Gil Díaz - "El Perro Gil"
sábado, 23 de julio de 2011
sábado, 16 de julio de 2011
Ellos, los opositores
Ellos se juntan, ellos se preocupan (¿?), ellos piden cámaras, ellos hablan mucho pero hacen poco. Ellos son la oposición política uruguaya.
Durante mucho tiempo fuimos nosotros quienes ocupamos ese lugar, nos decían que poníamos palos en la rueda e impedíamos el desarrollo del país productivo que luego promovimos. Nosotros fuimos una oposición permanente que durante mucho tiempo buscó no ser solo un palo en la rueda sino una pertinaz llovizna de opinión que buscaba convencer a la sociedad que el camino era otro y no el que nos querían vender ellos (los de hoy).
Los hechos hablan por sí solos. Nosotros tenemos la firme convicción que si ellos estuvieran hoy en el lugar de nosotros, seguramente los números que hoy disfrutamos todos no fueran los que son y la torta no se hubiera repartido como la hacemos nosotros (que es mucho mejor a como la repartían ellos, por más que falte mejorar en el reparto).
Muertes bajo cero

Personalmente soy de los que se indignan con la sola presencia de personas viviendo a la intemperie, no porque me invada un prurito de no admitir la pobreza por su sola existencia sino porque me resulta indignante que, teniendo herramientas sociales previstas y presupuestadas para evitar esas situaciones, se dilaten las soluciones por cuestiones ideológicas que debieran quedar en segundo plano cuando de la vida humana se trata.
miércoles, 6 de julio de 2011
La solidaridad es la solución
“La solidaridad es la solución”
Insp. Mayor José Luis Rondán
(Jefe del operativo policial en Cerro Norte – 30/6/11)
Han pasado ya casi cuatro meses desde que el Ministerio del Interior dispuso cambiar la operativa policial y dar frontal lucha a la delincuencia, poniendo en práctica los mediáticamente llamados “megaoperativos” policiales (el nombre técnico que la Policía da a los mismos es el de “operativos de saturación policial”).
Insp. Mayor José Luis Rondán
(Jefe del operativo policial en Cerro Norte – 30/6/11)
Han pasado ya casi cuatro meses desde que el Ministerio del Interior dispuso cambiar la operativa policial y dar frontal lucha a la delincuencia, poniendo en práctica los mediáticamente llamados “megaoperativos” policiales (el nombre técnico que la Policía da a los mismos es el de “operativos de saturación policial”).
En aquellas zonas en las que campeaba el delito, y en las que quienes estaban al margen de la ley obraban con total impunidad, se comenzó una modalidad de saturación policial que era precedida por un trabajo previo de información e inteligencia. Respondiendo a información georeferencial que revela las zonas de mayor índice delictivo, se coordina con el Poder Judicial para gestionar las órdenes de allanamiento que acompañan cada operativo. Primer elemento que los distingue claramente de las razzias con las que se pretendió comparar estos procedimientos.
Seguramente en los primeros fueron sugestivamente altas las detenciones ocurridas las que respondieron en su casi totalidad a la resistencia que generó la presencia policial en dichos lugares en los que dominaba ampliamente quien estaba por fuera de la ley. Aquellos vecinos que sufrían las consecuencias de la delincuencia manifestaron desde el primer operativo su satisfacción por la acción realizada. Vecinos trabajadores que eran víctimas de aquellos a quienes no les gusta este tipo de intervención de la autoridad.
Transcurridos varios meses desde aquel 7 de abril en Chacarita de los Padres hasta este presente de inicios de julio, se han operado cambios que merecen considerarse.
La opinión pública –más allá de sensaciones térmicas- expresa su amplio apoyo a la iniciativa con guarismos que llegaron a difundirse en cifras de un 81% (que seguramente es mayor hoy). Ello no quiere decir que sea esta la solución ni mucho menos, pero para llegar a resultados diferentes había que hacer cosas diferentes.
Se criticó el carácter mediático que tuvieron los operativos, negando la posibilidad de entender la difusión de los mismos con un doble efecto: disuadir la ocurrencia de hechos delictivos en una clara actitud preventiva, y brindar transparencia a procedimientos policiales que tendrían a los medios de prensa controlando su accionar y otorgando espacios a la población para que se expresara acerca de los mismos.
Estuvimos en varios, nadie nos contó lo que escribimos, lo vivimos. Una amplísima mayoría de ciudadanos se muestran satisfechos por la acción policial, hartos de padecer la impunidad y deseosos de recuperar la tranquilidad perdida en sus barrios.
No reconocer la realidad era el principal escollo a vencer, alejar los prejuicios y admitir que para cambiar la realidad era necesario reconocerla primero y actuar después. Al país le va mejor en muchos aspectos y por tanto no hay más excusas para que quienes viven al margen de la ley aprovechen la ocasión de incluirse. Opciones y oportunidades están vigentes en un gobierno progresista que inició con Tabaré y se continúa con Pepe.
Seguramente hoy la percepción es otra y aunque quedan coletazos de resistencia en la propia izquierda, son cada vez menos los que desconfían de las acciones emprendidas. Y si queda alguno, es tarea militante y muy nuestra (principalmente de quienes compartimos el día a día del trabajo del gobierno), informar a los compañeros y vecinos para vencer todo prejuicio al respecto.
Ya no hay tiempo para excusas, nos debemos la tarea de informar el trabajo y los objetivos de un proyecto a largo plazo que nos devolverá –sin lugar a duda alguna- la confianza y la tranquilidad perdida. Pero no basta con sumar solo exigencias, hacen falta voluntades que acompañen.
En el último operativo de saturación policial en Cerro Norte, se invitó a la prensa a conocer desde el inicio la realización de los mismos. Accedieron por invitación del propio Ministerio con el objetivo cierto que se formaran opinión y pudieran discernir por sí mismos acerca de la naturaleza y alcance de la acción de la Policía Nacional en estas acciones (y del Ministerio como autoridad política).
En ese operativo, comandó el Comisario José Luis Rondán, quien compartió conceptos con los periodistas mientras alternaba con la dirección del operativo. En uno de los tantos momentos que pudimos escucharlo acertó a definir –en su opinión- por donde pasa la solución que nos preocupa a los uruguayos. “Nos falta más solidaridad” –dijo- y lo compartimos plenamente. La solución no vendrá impuesta ni se dará en solitario desde la autoridad política o policial. La verdadera solución debe construirse entre todos con participación ciudadana, sin la misma es una utopía inalcanzable.
Un ejemplo bastó para resumir sus dichos: “en esta zona, días pasados, se frustró una rapiña a un taximetrista... los vecinos comenzaron a prender las luces de sus casas y los delincuentes terminaron huyendo y el taxista salvó la situación. Eso fue posible por la acción conjunta de los vecinos que solidariamente actuaron...” dijo.
Hoy la prensa reseña con menos espectacularidad las acciones; los vecinos –en su gran mayoría- apoyan, otros reclaman más presencia en horarios de la noche. La delincuencia está rodeada y lo sabe. Se acabó la impunidad (en toda la acepción de la palabra) justo en momentos que el Presidente revocó los actos que ampararon gobiernos anteriores en la Ley de Caducidad.
Hoy no puede decirse que los operativos estigmatizan zonas, como todavía sostienen algunos. Es un deber nuestro explicarle -a quien así piensa- para que conozca el verdadero sentido de incursiones pensadas para la inmensa mayoría de vecinos que deben soportar agresiones o privaciones por quienes verdaderamente estigmatizan esas zonas: los delincuentes.
El Estado debe recuperar espacios y esa es la etapa que debe completar el trabajo iniciado. Decir esto no es criticar ausencias sino reconocer que hay que profundizar la presencia del mismo en los espacios que se perdieron o cedieron. Esa acción abonará en la construcción de esa solidaridad de la que habló aquel Policía que nos habló de ella una mañana de invierno en el Cerro.
el hombre se juntó con el vecino,
el perro, con la perrada...
Orientales tan ilustrados como ¿delincuentes?
Quizás alguno se escandalice por el título que elegimos para esta nota pero seguramente compartan el mismo cuando lean lo que me sugirió una nota del semanario Búsqueda de esta semana, que comenta lo que invierte el Estado para mantener a un joven privado de libertad y lo que se invierte en educación para el mismo joven.
La diferencia es abismal no solo por el monto, sino por el tiempo en que ese monto se consume o invierte. Según el periodista, (Guillermo Draper), se invierte en la privación de libertad de un menor la misma cantidad que el Estado destina a la educación en todo un año lectivo de un alumno de Primaria o Secundaria. Ese punto inspiró esta nota, pues resulta llamativo (y paradójico al mismo tiempo), que la frase que todos reconocemos y que se atribuye al prócer oriental, no se corresponda en estos tiempos.
A estar por estos datos algo estamos haciendo mal.
O bien se invierte muy poco en la educación (lo cual nos parece raro en un gobierno que aumentó el presupuesto llevándolo al 4,5 % del PIB y que atado al crecimiento del mismo aumenta proporcionalmente también), o bien se invierte demasiado y mal en la privación de libertad a los jóvenes infractores, si nos atenemos a las estadísticas frías de la participación de menores en delitos.
Cabe consignar que no es una lectura lineal la más recomendable y hay que hilar fino para poder acertar al momento de emitir un juicio que se aproxime a la realidad de la información. La inversión en el caso de los menores privados de libertad puede corresponder a datos que incluyan obras y ello incida en el resultado. Lo cual podrá variar sustancialmente una vez que esos costos no se consideren al tiempo de cerrar las cuentas. Sin embargo, aún con esa salvedad, la comparación rechina.
Cualquiera de los dos aspectos pueden ser ciertos: invertimos mal en educación (los últimos resultados internacionales nos hicieron un llamado de atención importante que hay que atender), e invertimos mal en la privación de libertad de los jóvenes infractores (que se fugan, reinciden y se vuelven a fugar).
En rigor a la verdad- justicia es decirlo- los niveles de fugas han descendido pero sin llegar al cero que todos aspiramos. No ya por la privación lisa y llana de quien siendo menor ha cometido alguna infracción o delito, sino porque con ella aspiramos que se efectivicen los procesos de rehabilitación que no se aplican por efecto de las fugas.
Seguramente haya que invertir la gráfica de manera urgente, una mayor inversión en educación asegura un mejor futuro para los jóvenes y restringe las posibilidades de que esos jóvenes incurran en el delito como forma de realizarse en la vida. También es cierto que “los derechos de niños, niñas y adolescentes deben ser defendidos y recetados como un valor superior que no puede ser mensurado en términos económicos”, al decir de los firmantes de la Comisión Nacional No a la Baja de Edad de Imputabilidad, que integran partidos políticos y organizaciones sociales. Pero no alcanza con decirlo, debemos actuar de inmediato para que sea posible una regresión de las cifras que involucran a menores en delitos (en lo que a delitos violentos refiere es un dato cierto una participación que supera la mitad de los mismos, 53% según las últimas cifras divulgadas por el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior). Pero –y es lo que más nos preocupa- es imperioso marcar una regresión a tiempos pretéritos en lo que a educación se refiere, para que el Uruguay vuelva a lucirse y seamos ilustrados nuevamente en niveles que supimos ostentar (y más aún).
No me sumo –ni por asomo- a una campaña oportunista como la que llevan adelante los impulsores del referéndum por bajar la edad de imputabilidad. Ese es el camino más corto (aunque, si cuaja, verá la luz en el 2014) y menos efectivo. Prefiero el camino largo, un camino que se prolongue en el tiempo a la vez que opera el cambio cultural que necesitamos para recuperar los niveles de seguridad perdidos. No es bajando la edad que obtendremos menos delincuencia, hacerlo solo nos garantiza que tendremos delincuentes más jóvenes (niños), abunda la experiencia internacional al respecto.
La educación es la vacuna, el único remedio posible y tangible que nos dará efectos duraderos. También es la opción más barata, por lejos. Y ello porque no se mide en términos económicos solamente, se mide en desarrollo personal de cada individuo beneficiado por la misma y que se vuelca luego –de modo inexorable- al país. Pero no se trata de una bolsa rota a la cual verter recursos, hay que hacerlo con criterio y visión a largo plazo. Esa media nos devolverá beneficios para todos, principalmente para esa franja de sociedad que queremos sean motor de un país en desarrollo y a quienes no queremos ver detrás de rejas.
El país requiere de esos ilustrados y valientes orientales, los hechos marcan un tiempo inmejorable para recuperar la magna frase.
Depende de nosotros saber aprovecharlo.
La diferencia es abismal no solo por el monto, sino por el tiempo en que ese monto se consume o invierte. Según el periodista, (Guillermo Draper), se invierte en la privación de libertad de un menor la misma cantidad que el Estado destina a la educación en todo un año lectivo de un alumno de Primaria o Secundaria. Ese punto inspiró esta nota, pues resulta llamativo (y paradójico al mismo tiempo), que la frase que todos reconocemos y que se atribuye al prócer oriental, no se corresponda en estos tiempos.
A estar por estos datos algo estamos haciendo mal.
O bien se invierte muy poco en la educación (lo cual nos parece raro en un gobierno que aumentó el presupuesto llevándolo al 4,5 % del PIB y que atado al crecimiento del mismo aumenta proporcionalmente también), o bien se invierte demasiado y mal en la privación de libertad a los jóvenes infractores, si nos atenemos a las estadísticas frías de la participación de menores en delitos.
Cabe consignar que no es una lectura lineal la más recomendable y hay que hilar fino para poder acertar al momento de emitir un juicio que se aproxime a la realidad de la información. La inversión en el caso de los menores privados de libertad puede corresponder a datos que incluyan obras y ello incida en el resultado. Lo cual podrá variar sustancialmente una vez que esos costos no se consideren al tiempo de cerrar las cuentas. Sin embargo, aún con esa salvedad, la comparación rechina.
Cualquiera de los dos aspectos pueden ser ciertos: invertimos mal en educación (los últimos resultados internacionales nos hicieron un llamado de atención importante que hay que atender), e invertimos mal en la privación de libertad de los jóvenes infractores (que se fugan, reinciden y se vuelven a fugar).
En rigor a la verdad- justicia es decirlo- los niveles de fugas han descendido pero sin llegar al cero que todos aspiramos. No ya por la privación lisa y llana de quien siendo menor ha cometido alguna infracción o delito, sino porque con ella aspiramos que se efectivicen los procesos de rehabilitación que no se aplican por efecto de las fugas.
Seguramente haya que invertir la gráfica de manera urgente, una mayor inversión en educación asegura un mejor futuro para los jóvenes y restringe las posibilidades de que esos jóvenes incurran en el delito como forma de realizarse en la vida. También es cierto que “los derechos de niños, niñas y adolescentes deben ser defendidos y recetados como un valor superior que no puede ser mensurado en términos económicos”, al decir de los firmantes de la Comisión Nacional No a la Baja de Edad de Imputabilidad, que integran partidos políticos y organizaciones sociales. Pero no alcanza con decirlo, debemos actuar de inmediato para que sea posible una regresión de las cifras que involucran a menores en delitos (en lo que a delitos violentos refiere es un dato cierto una participación que supera la mitad de los mismos, 53% según las últimas cifras divulgadas por el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior). Pero –y es lo que más nos preocupa- es imperioso marcar una regresión a tiempos pretéritos en lo que a educación se refiere, para que el Uruguay vuelva a lucirse y seamos ilustrados nuevamente en niveles que supimos ostentar (y más aún).
No me sumo –ni por asomo- a una campaña oportunista como la que llevan adelante los impulsores del referéndum por bajar la edad de imputabilidad. Ese es el camino más corto (aunque, si cuaja, verá la luz en el 2014) y menos efectivo. Prefiero el camino largo, un camino que se prolongue en el tiempo a la vez que opera el cambio cultural que necesitamos para recuperar los niveles de seguridad perdidos. No es bajando la edad que obtendremos menos delincuencia, hacerlo solo nos garantiza que tendremos delincuentes más jóvenes (niños), abunda la experiencia internacional al respecto.
La educación es la vacuna, el único remedio posible y tangible que nos dará efectos duraderos. También es la opción más barata, por lejos. Y ello porque no se mide en términos económicos solamente, se mide en desarrollo personal de cada individuo beneficiado por la misma y que se vuelca luego –de modo inexorable- al país. Pero no se trata de una bolsa rota a la cual verter recursos, hay que hacerlo con criterio y visión a largo plazo. Esa media nos devolverá beneficios para todos, principalmente para esa franja de sociedad que queremos sean motor de un país en desarrollo y a quienes no queremos ver detrás de rejas.
El país requiere de esos ilustrados y valientes orientales, los hechos marcan un tiempo inmejorable para recuperar la magna frase.
Depende de nosotros saber aprovecharlo.
el hombre no firmó,
el perro gruñía al señor de rojo
el perro gruñía al señor de rojo
lunes, 20 de junio de 2011
Hay Patria para todos (y para rato)
El país registra nuevamente un crecimiento contra todo pronóstico de los que presagiaban que se terminaba el “veranillo” económico que nos tiene con el viento en la camiseta desde hace tiempo. Y precisamente en tiempos de crecimiento económico es lógico pensar que la redistribución de la riqueza (y lo que de ella deriva como consecuencia) se haga con un poco más de justicia.
Tampoco es cuestión de recargar a quien más tiene por puro capricho, sino tan solo es pedirle que sacrifique un poco de su ganancia (si hilamos fino al fin de cuenta es también plus valía), para que esa porción sacrificada sirva para recuperar lo que su crecimiento económico provocó. En otras palabras: hacerse cargo -sino en todo por lo menos en parte- de ese costo de infraestructura que se deterioró por el incremento de su actividad productiva. Una especie de círculo vicioso (que tiene más de virtud que de vicio), que nos da ingresos pero también rompe rutas y caminos.
Es lógico que si mi actividad comercial me significa un crecimiento exponencial, acompañe con ese crecimiento económico mi responsabilidad por cuanto debo hacerme cargo de esa parte de infraestructura que mi actividad necesita, utiliza y desgasta. Ello, por supuesto, al caudal del propio uso que le doy con mi trabajo productivo.
Es una consecuencia lógica que cualquier gravamen que se pretenda impulsar tendrá resistencia, pero este particularmente debe ser el que más se acerca a un pensamiento de izquierda. La concentración de tierras así como de la riqueza debe tener su contrapeso en los impuestos de modo de hacer realidad la regla tan usada de que “pague más el que más tiene o el que más gana”.
Se podrán esgrimir mil excusas y otras tantas razones para tratar de impedir que cuaje, pero la mayoría es conteste en aceptar como justo este gravamen. Una mayoría legitimada por ser contribuyente de peso en la generación del presupuesto nacional como trabajadores que aportan cada mes su IRPF, por ejemplo.
Se manejan variantes, e incluso -quienes serían los afectados por este impuesto- han barajado la idea de generar un mecanismo que permita que el dinero que se recaude se destine directamente a los fines propuestos (¿a cuáles si no?), y no que sean vertidos a Rentas Generales. Eso, que puede parecer una medida garantista para los que pagan el tributo, también puede resultar poco si los que eso pretenden piensan que, agotadas las obras, se termina el gravamen. El mantenimiento de una obra requiere un trabajo persistente y continuo, por lo que pensar costos fijos es un error.
Por otra parte, es mezquino pensar en retacearle recursos a un Estado que ha propiciado las condiciones para su crecimiento. Si hoy cuentan con un excelente grado de desarrollo es porque el gobierno propició un marco regulatorio que favoreció la inversión de la cual hoy disfrutan. No parece justo pensar en solo disfrutar de los beneficios y no hacerse cargo de los costos que ese beneficio genera.
Particularmente es notorio ver el deterioro de ciertas rutas donde el tránsito pesado ha generado verdaderas canaletas en el asfalto, originando peligrosos desniveles de los que este tipo de gravamen bien puede hacerse cargo para su reparación. Ni hablar de la caminería rural que también padece esas consecuencias.
Entonces, si quienes deben soportar este impuesto han sido los más beneficiados por la bonanza económica, ¿por qué se resisten? Un poco de solidaridad contributiva no les vendrá nada mal, y permitirá ser más iguales en la desigualdad, a los orientales.
En estos días se han hecho anuncios alentadores sobre el país que se viene. Yacimientos de petróleo son casi una realidad; reservorio de gas -mayor al de Bolivia- se anuncian en nuestro territorio; uranio; carbón; en fin, riquezas naturales de las que siempre pensamos eran de otros lugares, se denuncian uruguayas. Casi una confirmación de lo impensable -por mucho tiempo- acerca del salto que había hecho la naturaleza cuando nos marcó un lugar para vivir.
El futuro recién empieza, y si es con más justicia social y tributaria, mucho mejor. Hay (y habrá) Patria para todos... y para rato.
Tampoco es cuestión de recargar a quien más tiene por puro capricho, sino tan solo es pedirle que sacrifique un poco de su ganancia (si hilamos fino al fin de cuenta es también plus valía), para que esa porción sacrificada sirva para recuperar lo que su crecimiento económico provocó. En otras palabras: hacerse cargo -sino en todo por lo menos en parte- de ese costo de infraestructura que se deterioró por el incremento de su actividad productiva. Una especie de círculo vicioso (que tiene más de virtud que de vicio), que nos da ingresos pero también rompe rutas y caminos.
Es lógico que si mi actividad comercial me significa un crecimiento exponencial, acompañe con ese crecimiento económico mi responsabilidad por cuanto debo hacerme cargo de esa parte de infraestructura que mi actividad necesita, utiliza y desgasta. Ello, por supuesto, al caudal del propio uso que le doy con mi trabajo productivo.
Es una consecuencia lógica que cualquier gravamen que se pretenda impulsar tendrá resistencia, pero este particularmente debe ser el que más se acerca a un pensamiento de izquierda. La concentración de tierras así como de la riqueza debe tener su contrapeso en los impuestos de modo de hacer realidad la regla tan usada de que “pague más el que más tiene o el que más gana”.
Se podrán esgrimir mil excusas y otras tantas razones para tratar de impedir que cuaje, pero la mayoría es conteste en aceptar como justo este gravamen. Una mayoría legitimada por ser contribuyente de peso en la generación del presupuesto nacional como trabajadores que aportan cada mes su IRPF, por ejemplo.
Se manejan variantes, e incluso -quienes serían los afectados por este impuesto- han barajado la idea de generar un mecanismo que permita que el dinero que se recaude se destine directamente a los fines propuestos (¿a cuáles si no?), y no que sean vertidos a Rentas Generales. Eso, que puede parecer una medida garantista para los que pagan el tributo, también puede resultar poco si los que eso pretenden piensan que, agotadas las obras, se termina el gravamen. El mantenimiento de una obra requiere un trabajo persistente y continuo, por lo que pensar costos fijos es un error.
Por otra parte, es mezquino pensar en retacearle recursos a un Estado que ha propiciado las condiciones para su crecimiento. Si hoy cuentan con un excelente grado de desarrollo es porque el gobierno propició un marco regulatorio que favoreció la inversión de la cual hoy disfrutan. No parece justo pensar en solo disfrutar de los beneficios y no hacerse cargo de los costos que ese beneficio genera.
Particularmente es notorio ver el deterioro de ciertas rutas donde el tránsito pesado ha generado verdaderas canaletas en el asfalto, originando peligrosos desniveles de los que este tipo de gravamen bien puede hacerse cargo para su reparación. Ni hablar de la caminería rural que también padece esas consecuencias.
Entonces, si quienes deben soportar este impuesto han sido los más beneficiados por la bonanza económica, ¿por qué se resisten? Un poco de solidaridad contributiva no les vendrá nada mal, y permitirá ser más iguales en la desigualdad, a los orientales.

El futuro recién empieza, y si es con más justicia social y tributaria, mucho mejor. Hay (y habrá) Patria para todos... y para rato.
el hombre ya se sentía un Jeque,
mientras el perro le meaba las alpargatas...
*Columnista uruguayo
LA ONDA® DIGITAL
Suscribirse a:
Entradas (Atom)