Quizás alguno se escandalice por el título que elegimos para esta nota pero seguramente compartan el mismo cuando lean lo que me sugirió una nota del semanario Búsqueda de esta semana, que comenta lo que invierte el Estado para mantener a un joven privado de libertad y lo que se invierte en educación para el mismo joven.
La diferencia es abismal no solo por el monto, sino por el tiempo en que ese monto se consume o invierte. Según el periodista, (Guillermo Draper), se invierte en la privación de libertad de un menor la misma cantidad que el Estado destina a la educación en todo un año lectivo de un alumno de Primaria o Secundaria. Ese punto inspiró esta nota, pues resulta llamativo (y paradójico al mismo tiempo), que la frase que todos reconocemos y que se atribuye al prócer oriental, no se corresponda en estos tiempos.
A estar por estos datos algo estamos haciendo mal.
O bien se invierte muy poco en la educación (lo cual nos parece raro en un gobierno que aumentó el presupuesto llevándolo al 4,5 % del PIB y que atado al crecimiento del mismo aumenta proporcionalmente también), o bien se invierte demasiado y mal en la privación de libertad a los jóvenes infractores, si nos atenemos a las estadísticas frías de la participación de menores en delitos.
Cabe consignar que no es una lectura lineal la más recomendable y hay que hilar fino para poder acertar al momento de emitir un juicio que se aproxime a la realidad de la información. La inversión en el caso de los menores privados de libertad puede corresponder a datos que incluyan obras y ello incida en el resultado. Lo cual podrá variar sustancialmente una vez que esos costos no se consideren al tiempo de cerrar las cuentas. Sin embargo, aún con esa salvedad, la comparación rechina.
Cualquiera de los dos aspectos pueden ser ciertos: invertimos mal en educación (los últimos resultados internacionales nos hicieron un llamado de atención importante que hay que atender), e invertimos mal en la privación de libertad de los jóvenes infractores (que se fugan, reinciden y se vuelven a fugar).
En rigor a la verdad- justicia es decirlo- los niveles de fugas han descendido pero sin llegar al cero que todos aspiramos. No ya por la privación lisa y llana de quien siendo menor ha cometido alguna infracción o delito, sino porque con ella aspiramos que se efectivicen los procesos de rehabilitación que no se aplican por efecto de las fugas.
Seguramente haya que invertir la gráfica de manera urgente, una mayor inversión en educación asegura un mejor futuro para los jóvenes y restringe las posibilidades de que esos jóvenes incurran en el delito como forma de realizarse en la vida. También es cierto que “los derechos de niños, niñas y adolescentes deben ser defendidos y recetados como un valor superior que no puede ser mensurado en términos económicos”, al decir de los firmantes de la Comisión Nacional No a la Baja de Edad de Imputabilidad, que integran partidos políticos y organizaciones sociales. Pero no alcanza con decirlo, debemos actuar de inmediato para que sea posible una regresión de las cifras que involucran a menores en delitos (en lo que a delitos violentos refiere es un dato cierto una participación que supera la mitad de los mismos, 53% según las últimas cifras divulgadas por el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior). Pero –y es lo que más nos preocupa- es imperioso marcar una regresión a tiempos pretéritos en lo que a educación se refiere, para que el Uruguay vuelva a lucirse y seamos ilustrados nuevamente en niveles que supimos ostentar (y más aún).
No me sumo –ni por asomo- a una campaña oportunista como la que llevan adelante los impulsores del referéndum por bajar la edad de imputabilidad. Ese es el camino más corto (aunque, si cuaja, verá la luz en el 2014) y menos efectivo. Prefiero el camino largo, un camino que se prolongue en el tiempo a la vez que opera el cambio cultural que necesitamos para recuperar los niveles de seguridad perdidos. No es bajando la edad que obtendremos menos delincuencia, hacerlo solo nos garantiza que tendremos delincuentes más jóvenes (niños), abunda la experiencia internacional al respecto.
La educación es la vacuna, el único remedio posible y tangible que nos dará efectos duraderos. También es la opción más barata, por lejos. Y ello porque no se mide en términos económicos solamente, se mide en desarrollo personal de cada individuo beneficiado por la misma y que se vuelca luego –de modo inexorable- al país. Pero no se trata de una bolsa rota a la cual verter recursos, hay que hacerlo con criterio y visión a largo plazo. Esa media nos devolverá beneficios para todos, principalmente para esa franja de sociedad que queremos sean motor de un país en desarrollo y a quienes no queremos ver detrás de rejas.
El país requiere de esos ilustrados y valientes orientales, los hechos marcan un tiempo inmejorable para recuperar la magna frase.
Depende de nosotros saber aprovecharlo.
La diferencia es abismal no solo por el monto, sino por el tiempo en que ese monto se consume o invierte. Según el periodista, (Guillermo Draper), se invierte en la privación de libertad de un menor la misma cantidad que el Estado destina a la educación en todo un año lectivo de un alumno de Primaria o Secundaria. Ese punto inspiró esta nota, pues resulta llamativo (y paradójico al mismo tiempo), que la frase que todos reconocemos y que se atribuye al prócer oriental, no se corresponda en estos tiempos.
A estar por estos datos algo estamos haciendo mal.
O bien se invierte muy poco en la educación (lo cual nos parece raro en un gobierno que aumentó el presupuesto llevándolo al 4,5 % del PIB y que atado al crecimiento del mismo aumenta proporcionalmente también), o bien se invierte demasiado y mal en la privación de libertad a los jóvenes infractores, si nos atenemos a las estadísticas frías de la participación de menores en delitos.
Cabe consignar que no es una lectura lineal la más recomendable y hay que hilar fino para poder acertar al momento de emitir un juicio que se aproxime a la realidad de la información. La inversión en el caso de los menores privados de libertad puede corresponder a datos que incluyan obras y ello incida en el resultado. Lo cual podrá variar sustancialmente una vez que esos costos no se consideren al tiempo de cerrar las cuentas. Sin embargo, aún con esa salvedad, la comparación rechina.
Cualquiera de los dos aspectos pueden ser ciertos: invertimos mal en educación (los últimos resultados internacionales nos hicieron un llamado de atención importante que hay que atender), e invertimos mal en la privación de libertad de los jóvenes infractores (que se fugan, reinciden y se vuelven a fugar).
En rigor a la verdad- justicia es decirlo- los niveles de fugas han descendido pero sin llegar al cero que todos aspiramos. No ya por la privación lisa y llana de quien siendo menor ha cometido alguna infracción o delito, sino porque con ella aspiramos que se efectivicen los procesos de rehabilitación que no se aplican por efecto de las fugas.
Seguramente haya que invertir la gráfica de manera urgente, una mayor inversión en educación asegura un mejor futuro para los jóvenes y restringe las posibilidades de que esos jóvenes incurran en el delito como forma de realizarse en la vida. También es cierto que “los derechos de niños, niñas y adolescentes deben ser defendidos y recetados como un valor superior que no puede ser mensurado en términos económicos”, al decir de los firmantes de la Comisión Nacional No a la Baja de Edad de Imputabilidad, que integran partidos políticos y organizaciones sociales. Pero no alcanza con decirlo, debemos actuar de inmediato para que sea posible una regresión de las cifras que involucran a menores en delitos (en lo que a delitos violentos refiere es un dato cierto una participación que supera la mitad de los mismos, 53% según las últimas cifras divulgadas por el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior). Pero –y es lo que más nos preocupa- es imperioso marcar una regresión a tiempos pretéritos en lo que a educación se refiere, para que el Uruguay vuelva a lucirse y seamos ilustrados nuevamente en niveles que supimos ostentar (y más aún).
No me sumo –ni por asomo- a una campaña oportunista como la que llevan adelante los impulsores del referéndum por bajar la edad de imputabilidad. Ese es el camino más corto (aunque, si cuaja, verá la luz en el 2014) y menos efectivo. Prefiero el camino largo, un camino que se prolongue en el tiempo a la vez que opera el cambio cultural que necesitamos para recuperar los niveles de seguridad perdidos. No es bajando la edad que obtendremos menos delincuencia, hacerlo solo nos garantiza que tendremos delincuentes más jóvenes (niños), abunda la experiencia internacional al respecto.
La educación es la vacuna, el único remedio posible y tangible que nos dará efectos duraderos. También es la opción más barata, por lejos. Y ello porque no se mide en términos económicos solamente, se mide en desarrollo personal de cada individuo beneficiado por la misma y que se vuelca luego –de modo inexorable- al país. Pero no se trata de una bolsa rota a la cual verter recursos, hay que hacerlo con criterio y visión a largo plazo. Esa media nos devolverá beneficios para todos, principalmente para esa franja de sociedad que queremos sean motor de un país en desarrollo y a quienes no queremos ver detrás de rejas.
El país requiere de esos ilustrados y valientes orientales, los hechos marcan un tiempo inmejorable para recuperar la magna frase.
Depende de nosotros saber aprovecharlo.
el hombre no firmó,
el perro gruñía al señor de rojo
el perro gruñía al señor de rojo
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