Llegaron al gobierno con la promesa de terminar con el recreo, contaron para ello con una pandemia a favor que ralentizó la actividad humana (incluida la criminal) en todo el orbe, efectos que pretendieron capitalizar como propios. Perdieron un tiempo precioso para prepararse para el empuje posterior que no les dio respiro, y eso que pudieron hacerlo con solo atender cómo se había comportado el mundo que nos rodea. En lugar de ello, se preocuparon por reprimir trabajadores y llevaron la seguridad a extremos impensados de improvisación al que sumaron actos de corrupción que terminaron con la destitución de toda la cúpula principal de la Policía Nacional.
Por si fuera poco, cayó -casi que, a renglón seguido- la cúpula misma del Ministerio del Interior, por mentirle al Parlamento en ocasión de tratarse la entrega –inaudita- de un pasaporte a “un narco peligroso y pesado” que aún hoy sigue prófugo de la justicia internacional gracias al gesto uruguayo. Semejantes actos de una inexplicable y turbia gestión no podían generar otro efecto que el que estamos padeciendo hoy.
Sin perjuicio de aceptar que esta situación no es producto (únicamente) de esta administración, es innegable que si algo hicieron mal fue permitir que creciera como creció, porque ese crecimiento exponencial de la violencia fue generado por inexplicables acciones de gobierno que lo permitieron.
Causas y efectos
Uruguay pasó de ser un país de tránsito de la droga que va hacia Europa, a un lugar donde se acumulan los alijos o cargamentos para luego ser enviados al exterior. El puerto de Montevideo se convirtió –de forma consolidada por esta administración- en uno de los principales puntos de salida de la droga que llega a Europa y ello se consiguió con medidas inentendibles tomadas por este gobierno:
• A poco de asumir como ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis A. Heber eliminó el SICTRAC, (Sistema Integral de Control de Transporte de Cargas), lo que dejó librado el tránsito en las rutas nacionales de todas las cargas que circularan por ella. Ese punto fue rápidamente advertido por los grupos de crimen organizado que aprovecharon esa libertad circulatoria para ingresar cargamentos que luego serían acopiados en el territorio nacional hasta su posterior envío al exterior.
• Esa libertad circulatoria nos evolucionó rápidamente a un país de acopio de cargamentos de drogas que necesitarían no solo un lugar para depositarlas sino personal para su custodia. Ese personal reclutado tendría acceso a armas y recibiría en pago parte de la droga acopiada, cuyo destino sería alimentar las bocas de drogas que pululan a lo largo y ancho del país.
• Esos verdaderos ejércitos que custodian los alijos de sustancias serían –en gran medida- los responsables del incremento de la violencia que campea por el país. Las disputas territoriales, de los grupos organizados en clanes, por las franjas del mercado del microtráfico, han generado situaciones que se zanjan de la forma más cruenta que hayamos conocido en mucho tiempo, donde la vida vale menos que una bala.
• A esto se le suma que el puerto de Montevideo cedió su principal negocio (operativa de contenedores) en régimen de monopolio exclusivo por 12 períodos de gobierno a una empresa multinacional belga (Katoen Natie). Contenedores que entraron libremente al país sin saber su contenido gracias a la eliminación del SICTRAC ya referida.
• Asimismo, la demora en la instalación de los escáneres que controlen la salida de los contenedores del puerto, ha deprimido la calificación de Montevideo como puerto limpio poniéndolo bajo sospecha para el comercio internacional con todo lo que ello implica.
Mientras tanto
El problema no es la droga acopiada o en tránsito, sino lo que su pasaje o permanencia generan en el país. Porque el manejo de esa carga es generador de hechos que se traducen en muertes en los barrios uruguayos.
La puja de los grupos criminales queda en evidencia con cruentos enfrentamientos que se cobran muchas vidas, incluidas algunas que ningún vínculo tenían con los principales involucrados. Efectos colaterales de una lucha territorial que no mide – a la hora de cobrarse cuentas pendientes – a quien tienen al lado o en brazos. Ya ni los códigos se respetan y la vida vale menos que una bala, así sea la de un niño, un anciano o quien sea.
Es un grave y preocupante problema que tendrá que afrontar el nuevo gobierno, y del que ningún partido político está exento de responsabilidad. Es tiempo de dejar de lado cualquier interés político electoral para emprender con honestidad republicana y de una buena vez, el camino de pacificación que necesita el país.
No hay país en el mundo que haya resuelto una baja de la letalidad sin un programa asociado de desarme civil, según nos expresaran estudiosos del tema. En su momento lo intentó la administración Bonomi con su pretencioso plan de “Armas para la vida”, por el que se proponía permutar un arma por una tablet o una bicicleta. Lamentablemente la demora en la reglamentación de la “Ley de tenencia responsable de armas” dilató los tiempos hasta hacerlos confluir con las elecciones lo que afectaría a una campaña cuyo sentido sería desvirtuado por quienes usaron –siempre- a la seguridad como botín electoral.
Hoy son otros tiempos, donde todos los partidos políticos tuvieron la posibilidad de gestionar los destinos del país. En el tema seguridad, TODOS fracasamos con total éxito, en lo que a números y estadísticas de delitos se refiere. Porque en otros aspectos, lejos de fracasar se recuperó dignidad en la profesión policial con sueldos, vestimenta, tecnologías y capacitación, herencia de la gestión de Eduardo Bonomi mal que les pese a muchos.
Aspiro que este nuevo tiempo sea de acuerdos, pero presumo que no todos opinan lo mismo. Así lo sugieren las diferencias en el Partido Colorado, donde un sector importante no reconoce el gesto de sumar a Sanjurjo al equipo del futuro ministro Carlos Negro. Algo que me hace sospechar que tendrán el ojo puesto – nuevamente – en la seguridad pública sin atisbo de cooperar en una política de Estado que busque soluciones al problema. Ojalá me equivoque.
Por lo pronto, cerraremos el quinquenio más violento desde que se lleva registro sin que al gobierno saliente se le mueva un pelo. Por estas horas el ministro Martinelli prepara la publicación de datos que se dan de frente con la realidad. Sus datos serán muy diferentes a los que ha publicado la prensa en estos últimos cinco años, y ellos lo saben.
Récord de homicidios
Con casi dos años de pandemia a favor, este quinquenio va cerrando con la friolera de 1843 homicidios, cifra que se construye con datos oficiales recogidos del último informe de Rojido (que actualizó cifras del Observatorio), los datos de homicidios publicados por la prensa, (no oficiales), del año 2024 y los que se acumulan en esta primera quincena de enero de 2025 (también extra oficiales).
• 2020 343*
• 2021 314*
• 2022 388*
• 2023 382*
• 2024 401**
• 2025 15**
Datos que no incluyen las muertes dudosas, cuyo número ha sido objeto de críticas fundadas por su desmesurado aumento y entre cuyos casos se incluyen –seguramente – un sinnúmero de homicidios que no están contabilizados (aún) por las estadísticas oficiales.
La multi-causalidad hace que el problema de los homicidios no se circunscriba – exclusivamente – a la problemática de las drogas, pero hacen parte importante de su causalidad. Tampoco se debe excluir del asunto a la violencia que campea por todos los estratos sociales y que hacen que el problema supere a la Policía y por ende al propio Ministerio del Interior. Esa multiplicidad de causas hace imperioso que el abordaje de la seguridad tenga la integralidad tantas veces reclamada y que comprometa a todos los ámbitos del gobierno y de la sociedad civil unidas. Sin esa mirada integral será imposible encontrar una solución de fondo y duradera que nos devuelva la convivencia que hemos ido perdiendo a lo largo de estos años.
En suma, los homicidios son un gran problema de muy difícil solución si no se logran los consensos esperados. El tiempo corre en contra de los intereses de quienes no queremos ver más titulares de prensa donde la sangre oriental se escurre sin que nadie haga algo por parar semejante sangría.
Ojalá prime la cordura y, sobre todo, la responsabilidad histórica de quienes tienen en sus decisiones políticas, la llave para encontrar una solución que ponga freno a esta escalada de violencia.
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