El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad difundió por estos días las cifras de delitos correspondientes al primer semestre del año en curso. De lo medular de las estadísticas surge que se ha producido un incremento de los delitos en general, y en particular en los que más atormentan a los uruguayos, como las rapiñas. Pero lo que se destaca también es que si bien se produjo un incremento respecto al mismo período del año pasado, el crecimiento es sustantivamente inferior a como crecieron en igual período del año anterior (entonces el crecimiento había sido del 24,5%), lo cual significa –en una apreciación primaria pero significativa- una marcada desaceleración en el crecimiento de ese delito.
Si lo extrapolamos a períodos anteriores la cifra se relativizaría aún más ya que durante los gobiernos posteriores a la dictadura, el crecimiento de este tipo de delitos superó ampliamente ese margen llegando a guarismos entre el 80% y el 50%, que explican que este estado de situación no surgió ni en este gobierno ni en el anterior, sino que arrastra un origen creciente de los gobiernos que nos precedieron pos dictadura.
Pero claro, hoy quienes se rasgan las vestiduras cuando piden mayor seguridad y denuncian cada hecho lamentable que ocurre para llevar agua para su molino (o podríamos decir para sus papeletas recolectoras de firmas), no recuerdan esos tiempos en que ellos tenían la responsabilidad de gobierno y nada hicieron para impedir lo que hoy padecemos. Porque, lo que hoy sufrimos los uruguayos con generaciones cuyo medio de vida es el delito, lo generaron las políticas sustentadas por quienes nos precedieron y también por no haber invertido en educación o en efectivas medidas de rehabilitación cuando quienes caían en el delito eran simplemente depositados en las cárceles. Una situación que hoy difiere con la realidad pues ahora sí existe un proyecto penitenciario pensado en la rehabilitación e inserción del privado de libertad, como no existió nunca en el país (por lo menos de la dictadura a nuestros días).
Entre los factores que enunció el Director del Observatorio, Soc. Javier Donnángelo, para explicar el incremento de las rapiñas, está el incremento del uso del aparato celular. Un elemento de fácil sustracción, valioso y que permite hacerse de efectivo rápido, para quien –en su gran mayoría- necesita dinero para satisfacer su adicción. Efectivamente con ello sumaba otro factor de destaque en su interpretación por cuanto es casi una constante que el perfil del rapiñero es el de un adicto a la pasta base, quien –generalmente- preso de su crisis de ansiedad por solventar la adicción, recurre a la rapiña para hacerse de dinero rápidamente.
En esa línea y respecto al robo de celulares, las autoridades hace tiempo que vienen gestionando el desaliento de ese delito mediante la denuncia de los aparatos hurtados a partir del número IMEI que identifica a cada móvil (número que se obtiene marcando *#06# y es único e irrepetible). De esa manera se pretende generar una lista negra que impida volver al circuito comercial a los móviles hurtados e inutilizarlos para que no sean habilitados por ninguna empresa de las que brindan servicio en el país. A pesar de que el mundo en general recurre a esa práctica que parece obvia, nuestro país –donde todo llega más tarde- aún no aplica la modalidad y recién ahora comienza a plantearse la posibilidad. Las empresas de telefonía parecen haber acordado un pacto en tal sentido que permitirá, seguramente, recurrir a esa técnica para desestimular el arrebato de celulares los que una vez denunciados ya no serían aceptados por ninguna empresa local y por tanto dejarían de ser atractivos para los delincuentes.
Si ello efectivamente ocurre, será también no solo por aplicación de esa práctica sino porque se experimenta una saturación o meseta del mercado de la telefonía celular en todo el mundo, situación a la que no escapa el mercado negro en la materia.
Si lo extrapolamos a períodos anteriores la cifra se relativizaría aún más ya que durante los gobiernos posteriores a la dictadura, el crecimiento de este tipo de delitos superó ampliamente ese margen llegando a guarismos entre el 80% y el 50%, que explican que este estado de situación no surgió ni en este gobierno ni en el anterior, sino que arrastra un origen creciente de los gobiernos que nos precedieron pos dictadura.
Pero claro, hoy quienes se rasgan las vestiduras cuando piden mayor seguridad y denuncian cada hecho lamentable que ocurre para llevar agua para su molino (o podríamos decir para sus papeletas recolectoras de firmas), no recuerdan esos tiempos en que ellos tenían la responsabilidad de gobierno y nada hicieron para impedir lo que hoy padecemos. Porque, lo que hoy sufrimos los uruguayos con generaciones cuyo medio de vida es el delito, lo generaron las políticas sustentadas por quienes nos precedieron y también por no haber invertido en educación o en efectivas medidas de rehabilitación cuando quienes caían en el delito eran simplemente depositados en las cárceles. Una situación que hoy difiere con la realidad pues ahora sí existe un proyecto penitenciario pensado en la rehabilitación e inserción del privado de libertad, como no existió nunca en el país (por lo menos de la dictadura a nuestros días).
Entre los factores que enunció el Director del Observatorio, Soc. Javier Donnángelo, para explicar el incremento de las rapiñas, está el incremento del uso del aparato celular. Un elemento de fácil sustracción, valioso y que permite hacerse de efectivo rápido, para quien –en su gran mayoría- necesita dinero para satisfacer su adicción. Efectivamente con ello sumaba otro factor de destaque en su interpretación por cuanto es casi una constante que el perfil del rapiñero es el de un adicto a la pasta base, quien –generalmente- preso de su crisis de ansiedad por solventar la adicción, recurre a la rapiña para hacerse de dinero rápidamente.
En esa línea y respecto al robo de celulares, las autoridades hace tiempo que vienen gestionando el desaliento de ese delito mediante la denuncia de los aparatos hurtados a partir del número IMEI que identifica a cada móvil (número que se obtiene marcando *#06# y es único e irrepetible). De esa manera se pretende generar una lista negra que impida volver al circuito comercial a los móviles hurtados e inutilizarlos para que no sean habilitados por ninguna empresa de las que brindan servicio en el país. A pesar de que el mundo en general recurre a esa práctica que parece obvia, nuestro país –donde todo llega más tarde- aún no aplica la modalidad y recién ahora comienza a plantearse la posibilidad. Las empresas de telefonía parecen haber acordado un pacto en tal sentido que permitirá, seguramente, recurrir a esa técnica para desestimular el arrebato de celulares los que una vez denunciados ya no serían aceptados por ninguna empresa local y por tanto dejarían de ser atractivos para los delincuentes.
Si ello efectivamente ocurre, será también no solo por aplicación de esa práctica sino porque se experimenta una saturación o meseta del mercado de la telefonía celular en todo el mundo, situación a la que no escapa el mercado negro en la materia.
Sea cual sea la razón, pronto veremos una disminución mayor de los delitos de rapiña producida por efecto de esta saturación celular nacional y mundial, por lo que -contar con un “imei”- pasará a ser una necesidad que hará más negro al mercado delictivo, pero más celeste a nuestra sensación de seguridad.
el hombre marcaba *#06#,
mientras el perro se cargaba a la perra del vecino ...
mientras el perro se cargaba a la perra del vecino ...
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