Un pediatra sin título
La denuncia por fraude presentada por el gobierno de Yamandú Orsi en el caso Cardama es una de las perlas que ha cosechado esta administración y que forma parte del collar de entuertos heredados de la gestión del expresidente Lacalle Pou. Al Proyecto Neptuno se le suma este otro “negocio” que tiene el adicional de estar en curso con el agravante de haberse desembolsado el pago de unos 30 millones de dólares, de una forma cuestionable como todo el negocio en sí mismo.
Una peculiar situación que pone en aprietos al exministro de Defensa – hoy fungiendo como Senador de la República- Javier García, aunque haya esgrimido que al momento de la firma del contrato de marras ya no estaba al frente de la cartera. Algo que no le exime de responsabilidad en tanto la gestión se inició durante su mandato y hace parte de una decisión que lejos de cuestionar aprueba, sin remordimientos.
Resulta insólito que ante la comprobación de la falsedad de la garantía presentada por el proveedor se siga sosteniendo que no hace a la esencia del negocio, cuando hubo que esperar 11 meses para que el contrato se consolidara con la firma de ese aval que terminó siendo falso. Una estratagema que -por lo menos- afectó la buena fe que debe imperar en todo acuerdo. Una estrategia que fue advertida por el prestigioso estudio Delpiazzo y de la que no acusó recibo la cartera que dirigió el interpelante ni su sucesor, Armando Castaingdebat firmante del cuestionado contrato.
Y si algo parece quedar claro ahora es la soledad que ostenta el interpelante, por cuanto según trascendidos de prensa quedó en la más absoluta orfandad al momento de dirimir quien llevaría adelante esta interpelación. Justo él que tiene en su haber compras harto discutidas por su obsolescencia (aviones Hércules españoles) o por vicios (ocultos y visibles), como los de ciertos gomones que no flotan, por citar solo algunos. En medio de todo eso sobrevuelan las frustradas compras a cierta empresa especializada en espiar a senadores opositores (Vertikal Skies). Compras desestimadas tras conocerse las acciones de espionaje emprendidas contra los senadores Mario Bergara y Charles Carrera, que terminaron con la condena de uno de sus responsables, sin que se sepa –aún- quien fue el que encargó tales acciones.
El miembro interpelante guarda en su acervo político el triste episodio de su falso título de pediatra con el que permitió que se lo presentara durante gran parte de su actividad parlamentaria hasta que se conoció que no poseía dicha especialidad. Claro que contó con la complicidad del mutismo mediático que ni por asomo llegó a igualar el acoso sufrido por Raúl Sendic quien padeció un escandaloso y encarnizado bullyng por su –también- inexistente título profesional de Licenciado en Genética Humana. Un caso que terminó archivado y que no ocasionó perjuicio alguno según lo resuelto oportunamente por la jueza Ana de Salterain.
“Lo importante es que quede en actas”
Si hubo alguien que supo sortear interpelaciones fue el fallecido Eduardo “Bicho” Bonomi, alguien que no le escapaba a la oportunidad de asistir al Parlamento tantas veces como fueran necesarias. Alguien que entre llamados en régimen de Comisión o Interpelación ostenta un récord absoluto por haber sido el ministro del Interior más longevo en el cargo (10 años).
El Bicho tenía por regla asistir a explicar los puntos cuestionados de su gestión, y lo hacía a sabiendas que los legisladores de la oposición no lo escuchaban. Pero él tenía la convicción absoluta que lo importante era dejar asentado en las actas parlamentarias las razones de sus decisiones políticas al frente de la cartera. Resultaba ofensivo ver a la oposición en una postura ausente, sin prestarle la más mínima atención durante sus exposiciones como miembro interpelado. Sin embargo, él seguía adelante exponiendo, porque lo importante era dejar todo por escrito y debidamente documentado en las versiones taquigráficas.
Es que el instrumento de la interpelación es un derecho inherente al control parlamentario sobre la tarea ejecutiva. Una herramienta que el constitucionalista diseñó para contribuir al equilibrio entre los poderes del Estado y para ejercer un control sobre la gestión ejecutiva. Y es, también, una oportunidad para explicar puntos de la gestión que pueden ser cuestionados por diversas razones, algunas, por desconocimiento de los objetivos que los motivaron.
Es esperable que la interpelación sobre un asunto tan vidrioso como el caso Cardama permita conocer un entramado que permaneció oculto y que, de no haber sido por el resultado electoral adverso de la coalición multicolor, seguramente jamás hubiéramos conocido.
Esperamos que el miembro interpelante se dedique a explicar las razones que llevaron a concretar un negocio como ese sin licitación, y con un cúmulo de desprolijidades que han llevado al gobierno a denunciar penalmente la transacción y poner en duda el negocio mismo con el astillero Cardama.
La interpelación es una oportunidad, pero también es un riesgo… En este caso, lo es para el interpelante porque como viene la mano y a estar por el contexto que se conoce de este caso, hay mucho para explicar de su parte para justificar un negocio viciado de nulidad por un fraude manifiesto en un elemento formal sin el cual el contrato no se podía firmar.
Hay mucho nerviosismo en filas blancas, porque tal parece ser que en esta ocasión hacen agua y no hay –a la vista- patrulleras que los salven…
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