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| Fuente imagen: Ediciones del berretín |
Octubre trae consigo la pelusa de los plátanos potenciada por los vientos primaverales pero, también, la tradicional Feria del Libro que cada año se lleva a cabo en las instalaciones de la Intendencia de Montevideo. Esta vez, con una presentación que dará mucha tela para cortar, algo así como un gran telón que de tan largo se proyecta hasta el 2081. Eso, que representa ni más ni menos que 12 períodos de gobierno, es lo que implica el acuerdo entre el gobierno y la empresa multinacional belga Katoen Natie en lo que se conoce como “la entrega del Puerto de Montevideo”. Un acuerdo entre malos europeos y peores uruguayos…
Las bases del acuerdo –al menos las que se pudieron conocer- lo presentan como un negocio absolutamente desfavorable para los intereses nacionales y que dio argumentos más que suficientes para que el periodista Linng Cardozo los expusiera en un libro que intenta descifrar toda la trama que encierra la mayor entrega de soberanía de la historia nacional.
A contrapelo de la historia, que nos muestra claramente que primero fuimos puerto y luego Nación, este acuerdo echa por tierra la protección de una de las mayores reliquias patrimoniales entregando el principal negocio de nuestra puerta comercial en régimen de monopolio exclusivo por un período extremadamente largo y sin ley que lo avale. Aquel pensamiento artiguista expresado en su Reglamento de Tierras, (Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados), toma cuerpo en un negocio donde los malos europeos se hacen de un patrimonio nacional gracias a la gestión de peores uruguayos que lo permitieron.
Claro que lo de malos europeos es un eufemismo cargado de profundo nacionalismo; son malos para los intereses de todos los uruguayos pero no para quienes buscan el lucro como resultado de su labor empresarial. Si bien cabe ese matiz para los protagonistas del norte, lo de peores uruguayos les corresponde con absoluta certeza a quienes hipotecaron el futuro de tres generaciones de uruguayos con la entrega de la principal puerta comercial del país en las condiciones pactadas.
El libro a presentarse el próximo viernes 6 de octubre en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo y en el marco de una nueva Feria del Libro, será un documento de peso para entender un negocio inexplicablemente consagrado sin otra contrapartida que la de inversiones dispuestas para el exclusivo beneficio del concesionario y con la libertad de fijar el precio de los servicios concesionados, sin restricciones.
Ni la palabra de expertos conocedores de la gestión portuaria como Edison González Lapeyre, han podido cambiar la postura –incomprensible- del Gobierno que acordó poniendo la excusa de un juicio imposible que carecía de fundamentos para llevarse adelante. Contra todo pronóstico y antes de siquiera conocerse alguna supuesta demanda, el mismo Presidente de la República se encargó de anunciar el acuerdo poniendo como principal argumento la razón de evitarle un juicio multimillonario al país.
Claro que lo que no nos dijo ese día fue el costo –este sí multimillonario- que tendríamos todos los uruguayos al extender la concesión del principal servicio portuario (servicio de contenedores), por 12 períodos de gobierno hasta el año 2081, sin posibilidad de control alguno sobre las tarifas con todo lo que ello implica.
Yo te avisé
La entrega del puerto a partir de ese acuerdo con la empresa belga fue motivo de una interpelación a Luis Alberto Heber, quien asumió por un día su rol de Ministro de Transporte y Obras Públicas al cual había dejado para asumir la cartera del Interior tras el fallecimiento de Jorge Larrañaga.
Por tratarse de quien gestionó el acuerdo y tras las inconsistentes comparecencias ante el Parlamento, la interpelación fue un verdadero repaso que dejó más dudas que certezas pero sirvió para anticipar lo que poco tiempo después sería un reclamo generalizado de los agroexportadores e industriales del país: el aumento de las tarifas.
A pesar que las manos de yeso estuvieron prontas para blindar al Ministro, la realidad les pasó por encima y muchos de los que apostaron por este gobierno mastican el precio de una apuesta en la que van perdiendo por goleada. Eso, que han advertido los grupos de interés que dependen de los servicios portuarios, no es otra cosa que el inicio de lo que se decanta luego en el sufrido bolsillo de los uruguayos que son –en definitiva- los que siempre pagan los costos.
Era un hecho, que solo quienes apañaron este mal acuerdo podían defender, que esta concesión mal nacida tendría consecuencias en el mediano y en el largo plazo, con efectos que no se hicieron esperar. A las incomprensibles violaciones de la ley de puertos, que implica –para su modificación- una mayoría especial cuando de conceder monopolios se refiere, se le sumaron otra serie de inconsistencias como la ausencia de informes jurídicos que avalaran las negociaciones pasando por la abusiva intervención del Presidente de la ANP que actuó sin el aval del Directorio, único órgano capaz de pronunciar la voluntad del organismo.
No solo se mintió en el Parlamento cuando se anunció el mal acuerdo como solución ante un juicio internacional inminente, sino que se avanzó en la mentira con justificaciones inexistentes como la ausencia de informes jurídicos; también se comprometieron acciones que pueden exponer al Uruguay a responsabilidad con quien administra conjuntamente el Río de la Plata (Argentina), como es el caso del compromiso asumido de dragar a 14 metros el canal de acceso. Asimismo, se procedió cediendo soberanía en la regulación del tráfico portuario ya que no se puede modificar el Reglamento de Atraque de Buques –que regula todo el tránsito portuario- sin el consentimiento de la empresa concesionaria.
Anular un mal acuerdo
Legisladores de la oposición lograron una sentencia favorable del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que entendió que tenían legitimación para pedir la anulación del acuerdo, lo que abrió la vía judicial para ir por ese objetivo.
La jurisprudencia nacional ya cuenta con sentencia que saldó un juicio a favor del Estado uruguayo cuando en el año 2008 determinó que no le asistía razón a TCP por su reclamo de competencia exclusiva en el negocio del manejo de contenedores en el Puerto de Montevideo. Una sentencia que ignoró el gobierno para sellar un acuerdo que se da de frente contra los más caros intereses del país en materia de gestión de su principal puerta comercial.
Mientras tanto, el tiempo va en contra de los intereses orientales con un acuerdo ilegal (se concedió una concesión monopólica sin ley que lo avale), inconveniente (porque expone al país a litigios internacionales con Argentina y gestores de servicios portuarios afectados por el acuerdo), y por un lapso de tiempo excesivamente extenso (12 períodos de gobierno).
Son muchas las razones que hacen de este un mal acuerdo, pero la principal es –sin dudas- la que repercute en el bolsillo de TODOS los uruguayos, y no es otra que la afectación que tiene ese negocio en los precios de lo que consumimos. La inmensa mayoría de lo que se produce y consume en el país ingresa por el puerto de Montevideo, y el precio que se pague por los servicios de carga y descarga desde los contenedores hacen parte del costo final que tendremos que pagar cada uno de nosotros. Eso, ya está impactando en la marcha de una economía con señales de caída del consumo agravado con el incremento discrecional de las tarifas como ocurrió hace muy pocas semanas.
Un libro testimonial
La recopilación histórica que nos trae el libro en cuestión no es otra cosa que un fiel y necesario registro documental de la mayor entrega de soberanía desde que somos Nación. Un relato pormenorizado desde los orígenes mismos de la construcción del Puerto de Montevideo con una paradojal coincidencia de intereses muy poco republicanos que vuelven a repetirse.
Aquella expresión de Artigas de “malos europeos y peores americanos” se reitera en pleno Siglo XXI, con el agravante de “peores uruguayos” que no vacilan en “vender el rico patrimonio de los orientales” a cambio de nada…
A contrapelo de la historia, que nos muestra claramente que primero fuimos puerto y luego Nación, este acuerdo echa por tierra la protección de una de las mayores reliquias patrimoniales entregando el principal negocio de nuestra puerta comercial en régimen de monopolio exclusivo por un período extremadamente largo y sin ley que lo avale. Aquel pensamiento artiguista expresado en su Reglamento de Tierras, (Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados), toma cuerpo en un negocio donde los malos europeos se hacen de un patrimonio nacional gracias a la gestión de peores uruguayos que lo permitieron.
Claro que lo de malos europeos es un eufemismo cargado de profundo nacionalismo; son malos para los intereses de todos los uruguayos pero no para quienes buscan el lucro como resultado de su labor empresarial. Si bien cabe ese matiz para los protagonistas del norte, lo de peores uruguayos les corresponde con absoluta certeza a quienes hipotecaron el futuro de tres generaciones de uruguayos con la entrega de la principal puerta comercial del país en las condiciones pactadas.
El libro a presentarse el próximo viernes 6 de octubre en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo y en el marco de una nueva Feria del Libro, será un documento de peso para entender un negocio inexplicablemente consagrado sin otra contrapartida que la de inversiones dispuestas para el exclusivo beneficio del concesionario y con la libertad de fijar el precio de los servicios concesionados, sin restricciones.
Ni la palabra de expertos conocedores de la gestión portuaria como Edison González Lapeyre, han podido cambiar la postura –incomprensible- del Gobierno que acordó poniendo la excusa de un juicio imposible que carecía de fundamentos para llevarse adelante. Contra todo pronóstico y antes de siquiera conocerse alguna supuesta demanda, el mismo Presidente de la República se encargó de anunciar el acuerdo poniendo como principal argumento la razón de evitarle un juicio multimillonario al país.
Claro que lo que no nos dijo ese día fue el costo –este sí multimillonario- que tendríamos todos los uruguayos al extender la concesión del principal servicio portuario (servicio de contenedores), por 12 períodos de gobierno hasta el año 2081, sin posibilidad de control alguno sobre las tarifas con todo lo que ello implica.
Yo te avisé
La entrega del puerto a partir de ese acuerdo con la empresa belga fue motivo de una interpelación a Luis Alberto Heber, quien asumió por un día su rol de Ministro de Transporte y Obras Públicas al cual había dejado para asumir la cartera del Interior tras el fallecimiento de Jorge Larrañaga.
Por tratarse de quien gestionó el acuerdo y tras las inconsistentes comparecencias ante el Parlamento, la interpelación fue un verdadero repaso que dejó más dudas que certezas pero sirvió para anticipar lo que poco tiempo después sería un reclamo generalizado de los agroexportadores e industriales del país: el aumento de las tarifas.
A pesar que las manos de yeso estuvieron prontas para blindar al Ministro, la realidad les pasó por encima y muchos de los que apostaron por este gobierno mastican el precio de una apuesta en la que van perdiendo por goleada. Eso, que han advertido los grupos de interés que dependen de los servicios portuarios, no es otra cosa que el inicio de lo que se decanta luego en el sufrido bolsillo de los uruguayos que son –en definitiva- los que siempre pagan los costos.
Era un hecho, que solo quienes apañaron este mal acuerdo podían defender, que esta concesión mal nacida tendría consecuencias en el mediano y en el largo plazo, con efectos que no se hicieron esperar. A las incomprensibles violaciones de la ley de puertos, que implica –para su modificación- una mayoría especial cuando de conceder monopolios se refiere, se le sumaron otra serie de inconsistencias como la ausencia de informes jurídicos que avalaran las negociaciones pasando por la abusiva intervención del Presidente de la ANP que actuó sin el aval del Directorio, único órgano capaz de pronunciar la voluntad del organismo.
No solo se mintió en el Parlamento cuando se anunció el mal acuerdo como solución ante un juicio internacional inminente, sino que se avanzó en la mentira con justificaciones inexistentes como la ausencia de informes jurídicos; también se comprometieron acciones que pueden exponer al Uruguay a responsabilidad con quien administra conjuntamente el Río de la Plata (Argentina), como es el caso del compromiso asumido de dragar a 14 metros el canal de acceso. Asimismo, se procedió cediendo soberanía en la regulación del tráfico portuario ya que no se puede modificar el Reglamento de Atraque de Buques –que regula todo el tránsito portuario- sin el consentimiento de la empresa concesionaria.
Anular un mal acuerdo
Legisladores de la oposición lograron una sentencia favorable del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que entendió que tenían legitimación para pedir la anulación del acuerdo, lo que abrió la vía judicial para ir por ese objetivo.
La jurisprudencia nacional ya cuenta con sentencia que saldó un juicio a favor del Estado uruguayo cuando en el año 2008 determinó que no le asistía razón a TCP por su reclamo de competencia exclusiva en el negocio del manejo de contenedores en el Puerto de Montevideo. Una sentencia que ignoró el gobierno para sellar un acuerdo que se da de frente contra los más caros intereses del país en materia de gestión de su principal puerta comercial.
Mientras tanto, el tiempo va en contra de los intereses orientales con un acuerdo ilegal (se concedió una concesión monopólica sin ley que lo avale), inconveniente (porque expone al país a litigios internacionales con Argentina y gestores de servicios portuarios afectados por el acuerdo), y por un lapso de tiempo excesivamente extenso (12 períodos de gobierno).
Son muchas las razones que hacen de este un mal acuerdo, pero la principal es –sin dudas- la que repercute en el bolsillo de TODOS los uruguayos, y no es otra que la afectación que tiene ese negocio en los precios de lo que consumimos. La inmensa mayoría de lo que se produce y consume en el país ingresa por el puerto de Montevideo, y el precio que se pague por los servicios de carga y descarga desde los contenedores hacen parte del costo final que tendremos que pagar cada uno de nosotros. Eso, ya está impactando en la marcha de una economía con señales de caída del consumo agravado con el incremento discrecional de las tarifas como ocurrió hace muy pocas semanas.
Un libro testimonial
La recopilación histórica que nos trae el libro en cuestión no es otra cosa que un fiel y necesario registro documental de la mayor entrega de soberanía desde que somos Nación. Un relato pormenorizado desde los orígenes mismos de la construcción del Puerto de Montevideo con una paradojal coincidencia de intereses muy poco republicanos que vuelven a repetirse.
Aquella expresión de Artigas de “malos europeos y peores americanos” se reitera en pleno Siglo XXI, con el agravante de “peores uruguayos” que no vacilan en “vender el rico patrimonio de los orientales” a cambio de nada…
el hombre firmaba un libro,
el perro ladraba un reclamo…
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