El “Cardamagate” ha destapado una verdadera caja de Pandora en la política nacional, tan impactante como lo fue el caso Astesiano o la expedición del pasaporte al narcotraficante preso en Dubai – Sebastián Marset- con el diferencial político de que ahora es mano el Frente Amplio y los que eran gobierno entonces son oposición hoy. Es tal el nivel de afectación que implica el caso que ha puesto a los nacionalistas a defenderse atacando con virulencia y sin escatimar recursos. Mientras, los colorados orejean sus cartas, salvo un complaciente Ojeda, (que parece un blanco más). La estrategia impuesta es la del desgaste y pretende ir desmontando piezas al gobierno aprovechando errores propios o instalando un discurso opositor avasallante con el cual manejar la agenda mediática a su antojo… mientras puedan.
No hay mejor defensa que un buen ataque
Tras la media sanción que obtuvo el presupuesto en diputados, una victoria del gobierno que sin mayoría logró su aprobación de forma contundente, la oposición buscó oscurecer el logro instalando temas que pusieran a la defensiva al gobierno.
Tal parece ser la estrategia que han elegido los nacionalistas -y algunos de sus socios colorados- para intentar torcer el rumbo de un gobierno decidido a deshacer los malos negocios heredados.
A poco de iniciar el gobierno, Yamandú concentró su esfuerzo en desmontar el proyecto Neptuno que había firmado el ex presidente Lacalle Pou a días de expirar su mandato. Un pésimo negocio que salía carísimo para todos los uruguayos. Porque todos íbamos a pagar cifras millonarias de cánon por un servicio que no resolvía un problema de alta sensibilidad como el abastecimiento de agua potable a la zona en cuestión. Finalmente el gobierno de Orsi pudo anularlo y fijarse el cumplimiento de una promesa de campaña como es la construcción de la represa de Casupá.
La solución alcanzada fue notoriamente criticada por la actual oposición, y marcó la hoja de ruta de lo que vendría después con una sucesión de hechos controvertidos de forma más que violenta y con la clara intención de impedir el normal desarrollo del gobierno electo. Querían seguir mandando sin aceptar que habían perdido la elección.
La compra de la estancia María Dolores por el Instituto Nacional de Colonización se cobró a su presidente, pero mantuvo la controvertida compra. Una inversión indiscutible por la que el Estado incrementa su acervo patrimonial y compromete una importante inversión para un sector muy golpeado que espera mejorar notoriamente en la zona de influencia del emprendimiento. Un proyecto que tendrá un importante impacto en la producción lechera y negocios conexos de la cuenca de influencia y zonas aledañas.
Luego llegaría el turno de ASSE y su presidente, Álvaro Danza, con la pretendida decisión de hacerlo renunciar alegando incompatibilidades que laudó la JUTEP en discutido informe. Tan discutido que ahora van por la cabeza de su titular -Ana Ferraris- e interpelarán al ministro de Educación y Cultura, Mahía.
Un fin de legislatura abonado por otras dos interpelaciones como la de la ministra de Salud Pública – Cristina Lustemberg, por el caso Danza; y la de la ministra de Defensa – Sandra Lazo- por Cardama.
Son solo algunos de los casos que forman parte de la estrategia de desgaste que lleva adelante la manada nacionalista y sus aliados colorados, que se resisten a aceptar que perdieron las elecciones y siguen actuando como si fueran los dueños del país.
Eruditos de una gestión escandalosa
Asistimos hoy a un escenario donde resulta inverosímil escuchar, a anteriores titulares de desastrosas gestiones, como si las suyas hubieran sido excelentes y dignas de destaque. Sin dejar de reconocer los enormes problemas de seguridad que hoy se viven, parece un verdadero contrasentido escucharlos dando cátedra. Precisamente a ellos, los mentores del peor récord que pueda registrar cualquier país como es el de la cifra histórica de homicidios en un quinquenio. Cifra que lejos de disminuir se incrementó merced a una serie de medidas inentendibles que formaron un combo perfecto a ese fin.
Uruguay pasó rápidamente, en la última administración, de ser un país de tránsito a uno de acopio de grandes alijos de drogas. El puerto de Montevideo se convirtió en puerta de salida de la droga con destino a Europa que bajaba por la hidrovía, gerenciada por aquel “narco peligroso y pesado” que advertía el “tarado” de Maciel, según expresiones del cesado exministro de RREE, Francisco Bustillo.
En el anterior párrafo se resumen algunos de los peores hitos que destacaron la gestión multicolor de Lacalle Pou, una gestión que es responsable del agravamiento de la inseguridad que hoy padece el país, mal que les pese. No vale hacerse los distraídos cuando favorecieron el libre tránsito de la droga por las rutas nacionales gracias a la eliminación de controles como el SICTRAC; ausencia de controles que elevaron la cantidad de droga que ingresó al país – que dejó de ser un lugar de tránsito para convertirse en uno de acopio- y que necesitó de mano de obra criminal para su custodia con bandas que se consolidaron en el negocio (microtráfico) y hoy se disputan territorios llevando su guerra a barrios periféricos de la capital y del resto del país.
Un esquema perverso al que la ingenuidad junto con la corrupción y la mano negra del crimen organizado elevó a niveles impensados de violencia que no parecen tener un techo a corto plazo.
Perversa estrategia
El reclamo permanente y constante de lo que no hicieron siendo gobierno marca la agenda de una oposición que no escatima recursos ni respeta límites. Sin embargo, no podemos olvidarnos que durante la mayor parte de su gestión no instalaron ningún escáner en el puerto. Administraron los tiempos para deshacer una licitación que dejó pronta el gobierno de Tabaré Vázquez y dejaron pasar casi todo el período sin que los contenedores -de un puerto entregado por 12 períodos de gobierno- fueran objeto de control y escaneo. Recién al finalizar su período (octubre de 2024), pusieron en operativa los tres escáneres que hoy funcionan en el puerto. Seguramente ese control llevó a que los embarques de droga en la propia terminal debieran trasladarse a altamar permitiendo que el puerto empiece a recuperar -lentamente- la confiabilidad perdida. Proceso que todavía llevará un tiempo considerable adquirir plenamente y abandonar la calificación de “puerto sucio” que ganó durante la pasada administración.
Hoy se reclama, con extrema virulencia, sobre hechos que ellos propiciaron al cortar una política de Estado que venía de gobiernos anteriores al Frente Amplio y fueron discontinuados para poner al frente a personas que no terminaron la gestión por sonados casos de corrupción y/o uso indebido de los recursos de seguridad pública (coletazos del caso Astesiano que se cobró varias figuras de la cúpula policial; y la expedición del pasaporte a Marset, junto con la destrucción de documentos públicos que están hoy en la justicia, y llevó a la destitución de dos ministros y sus respectivos subsecretarios).
Una gestión que no reparó en espiar a senadores de la oposición, traspasando límites que hasta entonces no habíamos visto ni sufrido, y poniendo en tela de juicio el uso de los recursos públicos a los que la ciudadanía les otorgó -mediante el voto- el mandato de administrar. Nada republicanos, mucho menos, democráticos.
En tanto, las auditorías en ASSE avanzan y ya se empiezan a conocer algunos resultados, como los que publicó BUSQUEDA sobre el aumento de un 170% en pagos al Cícrulo Católico, institución ampliamente beneficiada durante los años 2020- 2024.
El caso Cardama es un parteaguas en la novel gestión de Yamandú Orsi, porque la presunción de un fraude contra el Estado uruguayo ha llevado a que se presente una denuncia penal que puede terminar con la rescisión del contrato, por decir lo menos.
La oposición eligió defender sus malos negocios antes que cerrar filas con el gobierno. La estrategia es clara, saben que hay un único y gran responsable que pretende ser candidato en 2029, y por eso están dispuestos a lo que sea con tal de evitar que se manche su gestión. Saben que no cuentan con la pantalla de ser gobierno para mantener viva una imagen edulcorada que empieza a perder fuerza ante lo que fueron decisiones inconvenientes para el futuro de los uruguayos.
El gobierno sigue firme defendiendo los intereses de todos; la justicia tiene la última palabra.
Tal parece ser la estrategia que han elegido los nacionalistas -y algunos de sus socios colorados- para intentar torcer el rumbo de un gobierno decidido a deshacer los malos negocios heredados.
A poco de iniciar el gobierno, Yamandú concentró su esfuerzo en desmontar el proyecto Neptuno que había firmado el ex presidente Lacalle Pou a días de expirar su mandato. Un pésimo negocio que salía carísimo para todos los uruguayos. Porque todos íbamos a pagar cifras millonarias de cánon por un servicio que no resolvía un problema de alta sensibilidad como el abastecimiento de agua potable a la zona en cuestión. Finalmente el gobierno de Orsi pudo anularlo y fijarse el cumplimiento de una promesa de campaña como es la construcción de la represa de Casupá.
La solución alcanzada fue notoriamente criticada por la actual oposición, y marcó la hoja de ruta de lo que vendría después con una sucesión de hechos controvertidos de forma más que violenta y con la clara intención de impedir el normal desarrollo del gobierno electo. Querían seguir mandando sin aceptar que habían perdido la elección.
La compra de la estancia María Dolores por el Instituto Nacional de Colonización se cobró a su presidente, pero mantuvo la controvertida compra. Una inversión indiscutible por la que el Estado incrementa su acervo patrimonial y compromete una importante inversión para un sector muy golpeado que espera mejorar notoriamente en la zona de influencia del emprendimiento. Un proyecto que tendrá un importante impacto en la producción lechera y negocios conexos de la cuenca de influencia y zonas aledañas.
Luego llegaría el turno de ASSE y su presidente, Álvaro Danza, con la pretendida decisión de hacerlo renunciar alegando incompatibilidades que laudó la JUTEP en discutido informe. Tan discutido que ahora van por la cabeza de su titular -Ana Ferraris- e interpelarán al ministro de Educación y Cultura, Mahía.
Un fin de legislatura abonado por otras dos interpelaciones como la de la ministra de Salud Pública – Cristina Lustemberg, por el caso Danza; y la de la ministra de Defensa – Sandra Lazo- por Cardama.
Son solo algunos de los casos que forman parte de la estrategia de desgaste que lleva adelante la manada nacionalista y sus aliados colorados, que se resisten a aceptar que perdieron las elecciones y siguen actuando como si fueran los dueños del país.
Eruditos de una gestión escandalosa
Asistimos hoy a un escenario donde resulta inverosímil escuchar, a anteriores titulares de desastrosas gestiones, como si las suyas hubieran sido excelentes y dignas de destaque. Sin dejar de reconocer los enormes problemas de seguridad que hoy se viven, parece un verdadero contrasentido escucharlos dando cátedra. Precisamente a ellos, los mentores del peor récord que pueda registrar cualquier país como es el de la cifra histórica de homicidios en un quinquenio. Cifra que lejos de disminuir se incrementó merced a una serie de medidas inentendibles que formaron un combo perfecto a ese fin.
Uruguay pasó rápidamente, en la última administración, de ser un país de tránsito a uno de acopio de grandes alijos de drogas. El puerto de Montevideo se convirtió en puerta de salida de la droga con destino a Europa que bajaba por la hidrovía, gerenciada por aquel “narco peligroso y pesado” que advertía el “tarado” de Maciel, según expresiones del cesado exministro de RREE, Francisco Bustillo.
En el anterior párrafo se resumen algunos de los peores hitos que destacaron la gestión multicolor de Lacalle Pou, una gestión que es responsable del agravamiento de la inseguridad que hoy padece el país, mal que les pese. No vale hacerse los distraídos cuando favorecieron el libre tránsito de la droga por las rutas nacionales gracias a la eliminación de controles como el SICTRAC; ausencia de controles que elevaron la cantidad de droga que ingresó al país – que dejó de ser un lugar de tránsito para convertirse en uno de acopio- y que necesitó de mano de obra criminal para su custodia con bandas que se consolidaron en el negocio (microtráfico) y hoy se disputan territorios llevando su guerra a barrios periféricos de la capital y del resto del país.
Un esquema perverso al que la ingenuidad junto con la corrupción y la mano negra del crimen organizado elevó a niveles impensados de violencia que no parecen tener un techo a corto plazo.
Perversa estrategia
El reclamo permanente y constante de lo que no hicieron siendo gobierno marca la agenda de una oposición que no escatima recursos ni respeta límites. Sin embargo, no podemos olvidarnos que durante la mayor parte de su gestión no instalaron ningún escáner en el puerto. Administraron los tiempos para deshacer una licitación que dejó pronta el gobierno de Tabaré Vázquez y dejaron pasar casi todo el período sin que los contenedores -de un puerto entregado por 12 períodos de gobierno- fueran objeto de control y escaneo. Recién al finalizar su período (octubre de 2024), pusieron en operativa los tres escáneres que hoy funcionan en el puerto. Seguramente ese control llevó a que los embarques de droga en la propia terminal debieran trasladarse a altamar permitiendo que el puerto empiece a recuperar -lentamente- la confiabilidad perdida. Proceso que todavía llevará un tiempo considerable adquirir plenamente y abandonar la calificación de “puerto sucio” que ganó durante la pasada administración.
Hoy se reclama, con extrema virulencia, sobre hechos que ellos propiciaron al cortar una política de Estado que venía de gobiernos anteriores al Frente Amplio y fueron discontinuados para poner al frente a personas que no terminaron la gestión por sonados casos de corrupción y/o uso indebido de los recursos de seguridad pública (coletazos del caso Astesiano que se cobró varias figuras de la cúpula policial; y la expedición del pasaporte a Marset, junto con la destrucción de documentos públicos que están hoy en la justicia, y llevó a la destitución de dos ministros y sus respectivos subsecretarios).
Una gestión que no reparó en espiar a senadores de la oposición, traspasando límites que hasta entonces no habíamos visto ni sufrido, y poniendo en tela de juicio el uso de los recursos públicos a los que la ciudadanía les otorgó -mediante el voto- el mandato de administrar. Nada republicanos, mucho menos, democráticos.
En tanto, las auditorías en ASSE avanzan y ya se empiezan a conocer algunos resultados, como los que publicó BUSQUEDA sobre el aumento de un 170% en pagos al Cícrulo Católico, institución ampliamente beneficiada durante los años 2020- 2024.
El caso Cardama es un parteaguas en la novel gestión de Yamandú Orsi, porque la presunción de un fraude contra el Estado uruguayo ha llevado a que se presente una denuncia penal que puede terminar con la rescisión del contrato, por decir lo menos.
La oposición eligió defender sus malos negocios antes que cerrar filas con el gobierno. La estrategia es clara, saben que hay un único y gran responsable que pretende ser candidato en 2029, y por eso están dispuestos a lo que sea con tal de evitar que se manche su gestión. Saben que no cuentan con la pantalla de ser gobierno para mantener viva una imagen edulcorada que empieza a perder fuerza ante lo que fueron decisiones inconvenientes para el futuro de los uruguayos.
El gobierno sigue firme defendiendo los intereses de todos; la justicia tiene la última palabra.
Están nerviosos y se les nota.
el hombre descifraba una táctica,
el perro ladraba una estrategia…
el perro ladraba una estrategia…
No hay comentarios:
Publicar un comentario