Fuente imagen: Psyciencia |
Empalagosa corrupción
A pesar de los intentos de algunas encuestadoras, el caso Astesiano afectará irremediablemente la imagen presidencial. En la opinión pública ya nadie se cuestiona la ineludible responsabilidad del Presidente de la República en la designación de su Jefe de Seguridad, con todo lo que ello implicaba.
Pero si esto que podría aceptarse como un dato que ya de por sí lo comprometía bastante, lo que ha empezado a conocerse a partir de la revelación del contenido recuperado de su celular debería preocupar realmente al primer mandatario y a las autoridades que hoy tienen a su cargo la gestión del Ministerio del Interior.
Al Presidente, porque debiera ser el primero en procurar la mayor transparencia en este caso de manera que no le salpiquen las consecuencias de una investigación que tiene como protagonista a quien fue su seguridad personal con altísima responsabilidad. Él, más que nadie, debería impartir directivas a su Ministro del Interior para que se blinde la investigación y se otorguen las máximas garantías a la Fiscal que investiga. Alguien que ha dado señales de abandonar el caso seguramente por varias razones que pueden ir desde presiones que pudiera estar recibiendo a la falta de transparencia ante el no apartamiento de autoridades policiales comprometidas por su relación con Astesiano y que son responsables de quienes actúan directamente en la investigación fiscal (que además están siendo investigadas por su conexión con el detenido).
También al Ministro del Interior, quien debiera apartar de inmediato a las autoridades que hoy están siendo relacionadas con Astesiano en conversaciones que los vinculan y son parte de los contenidos divulgados por estas horas. Los números 2 y 3 de la Policía Nacional, así como autoridades de Inteligencia Policial, son algunos que debieran ser apartados de sus cargos hasta tanto se avance en la investigación. Por la sencilla razón que son quienes tienen bajo su jerarquía a cuadros policiales que llevan adelante las pericias y forman parte del grupo de auxiliares que trabajan con la Fiscal Fosatti.
Ese punto es de por sí escabroso y ameritaría que se impartieran directivas claras para que no haya ni la más mínima posibilidad de perjudicar la investigación.
Es muy delicado el punto y afecta a muchos actores que hacen parte principal del caso, ya que el hoy detenido Alejandro Astesiano, involucró con sus acciones a un vasto número de actores con responsabilidad ejecutiva (policías, funcionarios públicos y autoridades del Poder Ejecutivo).
Dueño de una llave maestra que supo usar para sus intereses, mal que pese a quienes todavía defienden lo indefendible, desde Torre Ejecutiva se impartían órdenes y se usaban recursos públicos de manera indebida.
El acceso al circuito de video vigilancia pública (cámaras) así como también al Sistema de Gestión de Seguridad Policial (SGSP), son algunas de las derivaciones que afectan la imagen del Poder Ejecutivo y sus controles para dar garantías del buen uso de instrumentos estratégicos para la seguridad pública.
No sólo falló la Policía, que permitió ese abuso funcional, también falló la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, que ni siquiera advirtió en tiempo y forma de esos abusos. Un rol que le cabe, en tanto es (o debería ser), la encargada de anticipar eventos como ese para evitar riesgos que puedan afectar nada menos que la figura del Presidente de la República. Ese, que es uno de los principales cometidos que debería tener, ha sido un error inexcusable que ha querido disimular el Dr. Garcé con la filtración de un documento entregado a legisladores (que –además- ni siquiera es el mismo que hizo llegar a Fiscalía, según se supo).
Los chats de Astesiano son una piedra de dimensiones extraordinarias que se ha instalado en las oficinas de la Torre Ejecutiva y cuyas derivaciones todavía son incalculables.
Son muchas, demasiadas, las desgracias que ha dejado escapar este caso; consecuencias que empiezan a conectarse a través de ese tronco común que fungía como jefe de seguridad del primer mandatario. Alguien que usó su lugar y sus credenciales para tejer una red de servicios ilegales usando la infraestructura pública en su propio beneficio o de terceros.
La caja de Pandora blanca está abierta y por cómo viene el caso, todavía quedan muchas desgracias por salir a la luz.
Ojalá quede, aunque sea, un poco de esperanza en el fondo…
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