Juguemos en Uruguay, mientras las firmas no están... ¿las firmas están?

Tras la jornada de recolección de firmas del pasado sábado 30 de julio, a la que los impulsores de la iniciativa dieron en llamar “jornada del firmazo”, sigue cuestionada la cifra total de adhesiones a la misma.

Contrariamente a lo que podría imaginarse, no es desde filas de gobierno que se la cuestiona sino desde la propia interna blanca que relativiza la información a partir de versiones encontradas aportadas por los propios integrantes del movimiento.

Reconozcamos que no parece lejana la jornada en que se anuncie finalmente que la iniciativa de reforma constitucional que plantea el colectivo pro firmazo (con Bordaberry y Lacalle a la cabeza), se concrete. Ello porque se parte de una consigna que cualquier ciudadano apoyaría al invitársele a “firmar por la seguridad”. Esa consigna –muy bien pensada y aprovechada- lleva a confundir hasta al más informado pues ¿quién puede manifestarse contrario a tal mensaje?

Pero lo que no se dice y es lo que molesta es que la propuesta persigue un fin meramente perfilista, ya que quienes la llevan adelante utilizan un sentimiento colectivo de inseguridad (cierto y/o sobredimensionado), para marcar su posible caudal electoral de cara a las próximas elecciones. Negarlo es imposible ya que su propuesta –la recolección de firmas para impulsar una reforma constitucional- es para someter a la voluntad soberana en la elección siguiente y no persigue (no puede por mandato constitucional) hacerlo de otra forma. Así, aún cuando manifiesten su idea de someter de inmediato a votación su propuesta, la iniciativa tiene un marco regulatorio que se sabía (y sabe) diferida en el tiempo. El planteo tenía de arranque esa marca en contra que disimularon muy bien utilizando cada evento delictivo que ocurre para llevar firmas a sus papeletas, manteniendo vigente el tema.

Lo criticable de la propuesta –además de la dilación de su aplicación – radica en que muchos de los puntos que la impulsan fueron objeto de acuerdo reciente por parte de una comisión multipartidaria que hizo del tema de la seguridad una Política de Estado. Vulnerar ese acuerdo y pretender sacar rédito de un problema que nos afecta a todos, debe leerse como una práctica de baja política. Ese es el punto que más indigna y llama a reflexionar sobre el verdadero alcance de la propuesta.

Mientras tanto, los verdaderos protagonistas son otros. En tiempos en que la derecha más extrema se dedicó a sacar provecho de sus políticas de miedo, hay quienes asumen con responsabilidad la tarea y siguen adelante sin importar otra cosa que la búsqueda de soluciones de fondo a un tema que nos compete a todos sin exclusiones.

 Son los mismos sobre quienes recayó la responsabilidad de resolver el tema de la seguridad pública por parte de una ciudadanía que depositó su confianza a partir del voto. Junto a ellos comparten responsabilidad  otros ciudadanos que cierran filas con quienes están en el gobierno, haciendo del tema una cuestión de Estado como fuera comprometido. Ese colectivo no suma su esfuerzo a una campaña engañosa y busca convencer -con hechos- lo que otros adornan con palabras y promesas a futuro sobre un tema que merece seriedad y esfuerzo.

Mientras todo eso acontece (y se escriben ríos de tinta), la realidad marca la cancha. Los menores infractores, esos que tienen sobre sí la responsabilidad que merecen por sus actos y sobre quienes se procede en consecuencia con las herramientas vigentes hoy, están siendo sometidos a la ley y a procesos de rehabilitación. Demonizarlos de antemano y pretender solucionar el problema solo con reclusión y/o aplicación de sanciones más severas, solo agravará el punto.

La misma receta se aplica en otros lugares del mundo y los resultados no son alentadores ni mucho menos. Solo se obtiene una delincuencia cada vez más precoz merced a un crimen organizado que recluta para sus filas a quienes están por debajo de la línea de imputabilidad. No reconocer esos resultados desatendiendo la experiencia internacional no solo parece ilógico sino –además- una temeridad que lejos de mejorar empeorará la situación sin aportar soluciones definitivas.

La vacuna es y debe ser otra diametralmente opuesta a la que proponen los impulsores de esta campaña. Claro está que es una solución a largo plazo y menos efectista, pero es –a todas luces- la más duradera. Es aplicar –a quienes transgreden las reglas de convivencia- efectivos programas de rehabilitación. Y, obviamente, más y más educación. Salvo que se piense que Uruguay no tiene futuro y las nuevas generaciones tengan que sucumbir al determinismo fundamentalista de quienes esgrimen una papeleta y una lapicera ávidos de obtener una firma más que asegure (¿?) un menor menos jugando en el Uruguay que se nos viene.

Claramente utilizamos el absurdo para explicarnos una batería de razones para un movimiento que entendemos equivocado pues lejos de aportar soluciones de fondo, lo único que promueven es un modelo sancionatorio para gente más joven. Apelando al engaño, pues proponer la rebaja de la edad significa hoy aumentarla ya que hoy existe un sistema penal juvenil que se aplica a menores a partir de los 13 años y no desde los 16 como se pretende.

Matar al perro por portador de rabia sin apelar a su vacunación, es un remedio que nos deja sin perro. Salvo que esa sea la estrategia, apelar a la baja de la edad de imputabilidad solamente, sin verdaderas medidas alternativas para contrarrestar el fenómeno de la minoridad infractora, nos dejará -por un tiempo- sin delincuentes jóvenes pero no solucionará el problema de fondo. Al tiempo, tendremos delincuentes doctorados en la universidad del crimen.

En tanto ello acontece, juguemos en Uruguay mientras las firmas no están... ¿Estarán?

el hombre miró su documento de identidad
y el perro ya no corría como antes.
Pero todavía creen que hay futuro...

Edades de imputabilidad en el mundo