 |
| Fuente imagen: Maquinas y Herramientas |
Si algo no admite dudas es que la gestión del hoy senador Javier García mientras fungió como ministro de Defensa dejó más dudas que certezas. Compró aviones obsoletos por cifras millonarias que pasan más rotos que volando; y fue de los artífices de la venta (regalo) del único avión multipropósito de la administración de Tabaré Vázquez que servía como avión sanitario. Compró gomones que no flotan y, por si fuera poco, remató su gestión con una “oferta” según sus propias palabras, de dos lanchas OPV a un astillero que jamás construyó embarcaciones semejantes y cuya situación financiera está en entredicho al punto que le resultó harto difícil obtener garantía para respaldar su propuesta.
La administración de Lacalle Pou se caracterizó por decisiones que comprometieron los destinos de varias generaciones de uruguayos. Así lo confirmó la entrega del puerto de Montevideo a una empresa belga por 12 períodos de gobierno, una decisión que debió tener el respaldo de toda la clase política para no dejar espacio a ninguna duda. Mucho menos cuando se argumentó la decisión en una amenaza de juicio internacional que no tenía otro fundamento que la amenaza misma. Un dislate que no tuvo reproche penal por la insólita decisión de una Fiscalía miope que no vio los enormes abusos de funciones cometidos y juzgó de forma dispar a este caso respecto a casos similares de anteriores administraciones (Calloia, Lorenzo).
Hoy sale al ruedo el expresidente Lacalle Pou para defender su gestión atacando la decisión soberana del presidente Orsi, de echar a andar los mecanismos hacia la recisión del contrato con el astillero Cardama. Y las razones no le faltan en cuanto quedó de manifiesto la inexistencia de garantía para un negocio que le costará al Estado uruguayo unos 80 millones de euros de los cuales ya se abonaron 30. Los hechos han demostrado que el proveedor español no contó nunca con una garantía que avalara su oferta, algo que pone en riesgo una operación de la que el fabricante pretende seguir cobrando adelantos a pesar del notorio retraso en la construcción de las lanchas prometidas.
Lacalle Pou se atribuye el derecho de exigirle al presidente Orsi que no rescinda el contrato con Cardama cuando él hizo caso omiso al pedido de Yamandú de no firmar el contrato del proyecto Neptuno a escasos 15 días de entregar el mandato. ¿Ni un poquito de vergüenza siente al realizar un pedido como ese? Pues debería…
Algo huele a podrido
El mal olor de este negocio se viene sintiendo desde su génesis, cuando se desistió de una licitación, se desestimaron otras ofertas (entre ellas la china), y se terminó eligiendo a la peor oferta presentada por un astillero sin experiencia alguna en la fabricación de este tipo de embarcaciones y que debió solicitar prórrogas sucesivas para presentar una garantía que terminó siendo trucha.
Son muchas casualidades juntas que terminan en un único denominador que es la pérdida de credibilidad de quienes gestionaron “los peores cinco años de nuestras vidas”, inventaron relatos y dispusieron de los recursos públicos como si fueran patrones de estancia.
Las lanchas oceánicas son necesarias -nadie lo discute- para custodiar nuestra riqueza en aguas territoriales que son saqueadas ante la inexistente custodia de nuestro mar. Aguas orientales por las que se nos va el pescado y circulan libremente los cargamentos de droga que viajan a Europa, porque también eso es aprovechado por el crimen organizado internacional.
Ahora bien, que sean necesarias no es un salvoconducto para aceptar sin más cualquier negocio, y para ello existen las normas y los tratados internacionales que deben contemplarse para asegurar no solo transparencia sino el fiel cumplimiento de lo acordado defendiendo los intereses de todos los uruguayos. Y el caso Cardama está plagado de irregularidades desde el principio, y fue la gota que derramó el vaso el vencimiento de una garantía que no se pudo ejecutar porque la misma era falsa o mejor dicho inexistente. No existe la firma aludida en la misma ni su domicilio fiscal, y la empresa estaba denunciada en el boletín oficial del Reino Unido.
Con ese panorama ¿cómo puede pensarse en otra cosa que no sea en cerrar filas con el gobierno y salir a respaldarlo? ¿Cómo se explica que defiendan al privado antes que a su propio Estado? Y no se trata de defender por simpatía o afinidad nacional, sino porque hay pruebas que refieren a un riesgo potencial de dejar al Estado indefenso ante una compra de esa magnitud, sin aval que la respalde.
El expresidente Lacalle Pou pidió “no pasarse de rosca” y con ese pedido forzó cualquier posibilidad de diálogo coherente, porque fue justo él quien no pudo explicar la entrega de un pasaporte a un narco; alguien que solo pasó a saludar mientras se urdía una estrategia para mentirle al Parlamento y se destruían documentos oficiales que eran parte de un expediente cuya existencia negó. Alguien que hizo caso omiso al pedido del presidente electo y a días de dejar su mandato firmó un proyecto millonario e inconveniente para los uruguayos que debió ser cancelado por el gobierno entrante, no sin negociación mediante.
“Había otros mecanismos” -dijo, antes que rescindir con Cardama; ¡qué paradoja!, lo dice quien entendía que no había otros mecanismos que entregar un pasaporte a un narco, cuando en realidad había otros caminos posibles: demorar la emisión permitiendo que las autoridades paraguayas lo capturaran, o emitir uno exclusivo para su deportación a Uruguay donde sería detenido a pedido de Paraguay, por citar algunos.
El caso Cardama es uno que los puso a la defensiva, justo cuando arreciaban las denuncias contra el presidente de ASSE y luego de una aplastante derrota política tras la media sanción del presupuesto en diputados.
La oposición está apretando las tuercas y forzando la rosca del diálogo político, para trancarlo todo.
Perdieron la elección, pero todavía no lo asumieron.
No hay comentarios:
Publicar un comentario