La inmediatez de las redes sociales lleva todo a un ritmo de vértigo que deja el mensaje implícito de la ineficacia muchas veces. Parece que todo se sabe, parece que todos los saben, menos las autoridades. Me refiero muy especialmente al tema de la seguridad, donde pululan las denuncias (algunas falsas y hasta de otro país), y los comentarios siguientes sobre una supuesta inoperancia policial y -por elevación- del ministro más interpelado y cuestionado: Eduardo Bonomi. Sin embargo, más temprano que tarde se dan los operativos policiales y con estos, llegan los resultados. Y esa suerte de restauración de los principios de legalidad, autoridad y convivencia, se despliega sin pausa por los barrios de Montevideo y de otros rincones del país, donde la delincuencia había iniciado un proceso de dominación territorial llegando al punto de desplazar gente de sus hogares. La seguridad va por barrios y se nota...
Son otros chalecos amarillos
Mientras en Europa (en Francia, particularmente), la aparición de los llamados “chalecos amarillos” está vinculada a las movilizaciones sociales cuyo detonante fue un alza en el precio de los combustibles, en nuestro país se los empieza a asociar con la presencia policial. Una forma de visibilizar a los uniformados que patrullan por las callecitas montevideanas y que tienen la misión de interactuar con la gente en los barrios al tiempo de disuadir la presencia criminal.
Desde los cadetes que hacen su praxis pre-profesional en el territorio, supervisados por sus oficiales instructores, hasta las Unidades de Respuesta de la Policía – URP y los equipos PADO, que completan un importante despliegue en las zonas de mayor concentración de delitos, hoy el despliegue policial es percibido por la ciudadanía. Móviles patrulleros, agentes en moto o directamente equipos pie a tierra, forman parte de una estrategia de despliegue que se complementa con la red de videovigilancia a la que se suma el ojo alerta desde el aire con la Unidad Aérea de la Policía Nacional.
Pero hay otro equipo de policías que empiezan a mostrarse por los barrios y que tienen el rol principal de la disuación y prevención, y son los Policías del programa PCOP (Policiamiento Comunitario Orientado al Problema), un policía con perfil comunitario, primer eslabón de una cadena que busca la construcción de puentes con los vecinos en los barrios. Agentes que construyan más confianza y se constituyan en verdaderos referentes locales que permitan resolver asuntos antes que se conviertan en un problema de seguridad.
Esa es solo parte de una estrategia más compleja y que llevó muchos años de construcción para llegar a este despliegue y movilización actual que está dando resultados. Una estrategia que incluye un nuevo Código del Proceso Penal muy discutido y controvertido que debió actualizarse para potenciar sus virtudes, las mismas que hoy hacen más efectiva la coordinación entre Fiscales y Policías.
Urgencias por la red
Pero están ellas, las redes, con sus urgencias y sus veredictos implacables, para emitir sus dictámenes irreductibles sin que -luego- se reconozca ningún resultado. Pero, así como el rinoceronte se enfoca y sigue adelante hacia el objetivo, así transcurre una gestión que soporta una escalada de violencia que se traduce en estadísticas que lentamente empiezan a dar muestras de decrecimiento de los delitos de rapiña.
Los Operativos “Mirador” -que ya suman 11 desde diciembre de 2017- han mostrado los mejores efectos de una reforma muy cuestionada en su momento pero que en el balance final arroja el saldo positivo de la sincronizada participación de fiscales y policías, con muy buenos resultados.
Pero siguen estando ellas, las redes, reclamando por qué no se hicieron antes, sin preguntarse si antes era posible actuar con la eficacia que hoy se hace. Antes, la Policía recogía las pruebas, las llevaba a un Juez quien debía investigar y resolver en un plazo exiguo que marca la Constitución. Hoy el proceso se invierte en beneficio de la investigación; hoy la Policía -dirigida y acompañada por un Fiscal- investiga y recién cuando se reúne un cúmulo de material probatorio e indicios suficiente, se solicita la orden de allanamiento para dar el golpe de gracia que confirme la investigación realizada. Y lo han hecho con un alto porcentaje de efectividad a estar por la cantidad de personas formalizadas tras esos procedimientos.
Esa pata de la historia es la que debemos destacar hoy, donde -además- el Estado acompaña con una coordinación interinstitucional que permite un abordaje de la seguridad que trasciende a la propia Policía y asegura convivencia, ingrediente fundamental para que los resultados sean duraderos.
Poco a poco, lenta pero sostenidamente, la seguridad puesta en riesgo en algunos rincones del país empieza a ser restaurada y los barrios recuperan servicios, espacios públicos usurpados de forma ilegal y -fundamentalmente- convivencia.
La seguridad va por barrios y la gente lo empieza a valorar positivamente.
el hombre tomaba mate,
el perro recorría el barrio...
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