Pasó la madre de todas las encuestas y dejó sus huellas. Los pronósticos estuvieron cerca, pero ninguno acertó. Las coberturas periodísticas tuvieron sus sesgos de manera inocultable. Ya sea por la elección de los circuitos de votación a cubrir, donde el voto a los partidos tradicionales es mayor, lo que les da paño y tiempo para alimentar proyecciones; o ya sea por la interpretación que hacen de los datos que siempre son ponderados a favor de la hoy llamada “coalición multicolor”. Lo cierto es que a medida que fueron pasando las horas la tendencia se fue revirtiendo y muchos se acostaron viendo el festejo (¿?) multicolor y amanecieron con la noticia de la mayoría frenteamplista en el Senado y sin mayoría para ningún bloque en Diputados.
Lo que sí ya es una constante es despertar con noticias sangrientas que suman más muertos por acciones violentas, donde la vida no vale nada y se pierde en cuestión de segundos. Algo que se ha ido incorporando en la agenda diaria al punto de incorporarlo como un insumo más que copa los informativos por cada vez menos tiempo.
Triste récord
Cuán lejos quedaron aquellos días en que la crónica roja ocupaba los noticieros centrales con amplias y prolongadas coberturas. Tiempos en los que, quienes hoy gobiernan, fogoneaban pidiendo la cabeza del ministro una y mil veces. Tiempos en que las muertes violentas se transmitían y repetían cientos de veces en horario central, como aquella ejecución del planchero de La Pasiva.
Hoy, cerrando un período de gobierno que tuvo el hándicap de casi dos años de una pandemia que bajó la criminalidad en todo el mundo, los homicidios ya superaron ampliamente la cantidad del último quinquenio de administración frenteamplista (1687). Esta administración ya superó los 1750 homicidios a falta de más de 100 días de gobierno multicolor.
Cifras relativizadas al extremo y con el adicional de no incluir las muertes dudosas que han sufrido un preocupante incremento en esta administración, superando las 200 por año, lo que llevaría a pensar que las cifras oficiales son aún peores a las que se presentan.
A pocas semanas de un ballotage que definirá el próximo gobierno, este dato es un indicador a considerar para ponerle un freno a una política que tuvo mucha desidia y poco apego en la gestión de la seguridad, por usar conceptos propios del oficialismo.
Porque, de verdad, hay que tener mucha desidia para cancelar el control de las cargas que circulan por las rutas nacionales, dando vía libre a la circulación. Algo que rápidamente leyó el crimen organizado y contribuyó a que nuestro país se convirtiera en un país de acopio de drogas, subiendo a un peligroso nivel que explica el incremento de la violencia letal.
El acopio de la droga –facilitado por medidas como la eliminación del SICTRAC, entre otras- fue el hecho disparador de esta escalada de violencia, razón principal del crecimiento de los homicidios.
Esos cargamentos acopiados en el territorio nacional requirieron de verdaderos ejércitos para su custodia, y esa mano de obra criminal no solo sería provista de sendos arsenales, sino que muchos de ellos cobrarían en especie, droga con la cual se convirtieron en los principales abastecedores de las bocas y dueños del microtráfico nacional. Un microtráfico que explica en gran medida el incremento de los homicidios derivados por enfrentamientos entre clanes y sus luchas por territorios.
Esta es una, (no la única, por cierto), razón de peso para que el próximo 24 de noviembre pongamos un freno a tanta violencia, eligiendo un gobierno que desmonte el andamiaje jurídico que ha permitido este incremento, haciendo que Uruguay deje de ser un territorio atractivo para el narcotráfico y el crimen organizado.
Un gobierno que no emita ni un pasaporte más a narcos “peligrosos y pesados”, gerentes de hidrovías por la que llega la droga para salir por el puerto de Montevideo.
Un gobierno que recupere la soberanía -entregada por esta administración- de nuestra principal puerta comercial, que ponga cláusulas de seguridad y devuelva el estatus de puerto limpio al puerto de Montevideo.
Un gobierno que no mira a quien votan los funcionarios para imponerles la obligación de gestionar en beneficio del país.
Un gobierno honesto, que no instale una asociación para delinquir en la Torre Ejecutiva.
Un gobierno que nos permita ilusionar y creer que es posible recuperar la seguridad que han deteriorado de forma flagrante.
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