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| Fuente imagen: El País |
Amor Mío
El 10 de enero de 2019 no fue un día cualquiera en la ciudad de Montevideo, el último enero del período de gobierno no sería la excepción a los demás que tuvieron al Ministerio del Interior siempre ocupado con algún evento de relevancia. Ese día, un despechado novio no tuvo mejor idea para recuperar el amor de su pareja que concurrir al negocio en el que se desempeñaba como peluquera y tras una nueva negativa para retomar la relación, amenazar con quitarle la vida y retener contra su voluntad a quienes estaban en aquella peluquería. Con el ingrediente de mediatizar aquella audaz y peligrosa acción, filmándola para –enseguida- difundirla por una red social.
De inmediato se dispararon las alarmas, algunas clientas lograron escapar por las azoteas, pero hubo otras que debieron sufrir las amenazas del protagonista principal que, blandiendo un arma de fuego, retenía a su víctima junto a la dueña del local y 14 clientes que estaban esa mañana en el comercio.
La noticia –potenciada por aquel video- se hizo viral rápidamente y el barrio de Pocitos se llenó de policías… y de cámaras de televisión, que transmitían en vivo lo que acontecía en las afueras de la peluquería “Amor Mío” de la calle Soca casi Gestido.
El minuto a minuto ganó ese día todo el espectro televisivo, y el de la red social Facebook, por donde también se transmitía en directo todo lo que acontecía fuera del local, un amplio operativo policial.
Al constatarse ese tratamiento mediático de una situación harto compleja y de altísimo riesgo, las autoridades empezaron una estéril exhortación a que los medios cortaran las transmisiones en vivo. Entonces, se hicieron contactos con los responsables de las emisiones, pero el resultado no fue el esperado y la situación llevó al extremo que el propio Jefe de Policía de Montevideo – Crio. Mayor Ricardo Pérez- solicitara en rueda de prensa a los periodistas presentes, que cortaran de inmediato las transmisiones en vivo porque estaban poniendo en riesgo no solo la operación policial sino también la integridad física de los rehenes.
Es que los canales mostraban al detalle cómo era el despliegue policial exterior, la respuesta que se estaba planificando, información que llegaba al secuestrador que veía -en vivo y en directo- esos movimientos, aumentando el nivel de riesgo ante la actitud que podría tomar el mismo.
Un mínimo de sentido común indica que las transmisiones en vivo de lo que ocurre en el exterior de una escena de crisis como esa, otorgan información sensible, generando la posibilidad de una reacción que ponga en peligro la vida de los secuestrados. Es de vital importancia que el único canal de comunicación que se entable sea el de los negociadores policiales y el secuestrador, sin más. Ellos, (los negociadores) son y deben ser los que lleven adelante el proceso de diálogo que permita avanzar hacia un resultado exitoso de una operación de este tipo. Y los medios deberían de entenderlo así y estar a disposición en caso de ser necesario informar algo. No se trata de establecer ningún tipo de censura, sino de ponderar riesgos y asignar valor a lo más importante que se juega en una situación de ese tipo: la vida de los que están directamente involucrados en el caso (rehenes, policías y el o los secuestradores, inclusive)
Es claro que la feroz competencia comercial que protagonizan los medios televisivos es una invitación al minuto a minuto, pero tienen la responsabilidad de contemplar que hay un interés superior a proteger. La adrenalina que genera ese tipo de coberturas afecta –principalmente- a los protagonistas del evento (víctimas, policías y autores), y la exposición lleva a incrementar el riesgo al revelar información que debiera protegerse con mayor celo por su carácter e importancia para la resolución del caso.
Algo tan simple parece no tener eco en los responsables de tomar la decisión de lo que es prioridad, de quienes debieran elegir la vida antes que la cobertura mediática, siempre.
El periodista informa, es su rol y su razón de ser, pero –también- es un ser pensante que puede y debe discernir entre esas prioridades, poniéndose en el lugar de la o las víctimas, para entender que su trabajo puede implicar un riesgo para un tercero (y hasta para sí mismo, según el caso). Nunca puede valer más el derecho a informar que el derecho a la vida, y acá se puso y se sigue poniendo en riesgo, la vida de las personas. Si no se entiende eso tenemos un grave problema.
RSE/Derecho a informar
La tan manida práctica de la responsabilidad social empresarial brilla por su ausencia en situaciones como éstas. Pasó hace más de una década cuando el secuestro de Ignacio Rospide, pasó cuando el de la Dra. Milvana Salomone, volvió a pasar en aquel episodio de la peluquería Amor Mío y se reiteró esta semana en la joyería de la calle Colonia y Vázquez. Claro que, en este último caso, hubo complacencia de parte de las autoridades que cambiaron de hecho un criterio de actuación policial básico que hasta ahora imperaba y era el de preservar un cerco (físico y mediático) en la escena del hecho que comprendiera no solo el distanciamiento prudencial sino también un apagón informativo que pusiera a resguardo la operación de rescate.
Ese dejar hacer llevó a que los medios respetaran una distancia marcada por el cordón policial pero no el cortar una transmisión en tiempo real que aportaba información sensible como el despliegue exterior de la policía y hasta los posibles movimientos que pudieran alertar una acción directa de ingreso que –de haber ocurrido- el secuestrador advertiría antes por cualquier canal de aire que lo transmitía en vivo.
Mantuvieron el vivo por largos minutos en el noticiero central y aún después en recuadros que acompañaban las transmisiones, en una actitud que, si son objetivos, cualquiera puede calificar como de imprudente al menos, por las consecuencias que podrían haber ocasionado. Pero porque no pasó no nos creamos que no pueda ocurrir si esto se vuelve una práctica habitual en situaciones parecidas. Basta con repasar cómo operan otras policías del mundo en situaciones como estas y si se permite trasmitir el entorno mostrando el despliegue policial para que el secuestrador tenga información de lo que pasa afuera.
También se puede decir que se podría cortar la energía y con ello toda posibilidad de que esa información llegara, pero hoy con los celulares inteligentes se elude esa posibilidad al tiempo que agregaría un factor más de nerviosismo al que los negociadores procuran bajar durante su largo trabajo de negociación.
Llamó poderosamente la atención que en ocasión de este caso en que una persona retuvo por más de 8 horas a una mujer de 74 años tras un frustrado intento de rapiña, ninguna autoridad interviniente haya solicitado esa previsión a los medios que cubrían el evento. Y allí ganó la virtud de un equipo de negociadores heredados que siguen dando buenos resultados, y que debieran utilizarse en otras instancias no tan dramáticas pero que son también de alta sensibilidad para la ciudadanía (más aún en estos tiempos de pandemia).
En rueda de prensa las autoridades agradecieron a los medios informativos por su intervención, y creo que les cabe por la parte de divulgación de la imagen del secuestrador una vez identificado, lo cual pudo contribuir a su posterior entrega. Si bien el Ministro no manifestó objeción alguna con el trabajo periodístico, sí expresó que mantuvo contactos para que los canales no divulgaran información que pudiera advertir al secuestrador datos que pudieran afectar el operativo. Una forma elegante de quedar bien con los medios y con los Policías que estuvieron arriesgando su vida junto con la señora tomada de rehén. Esta vez salió bien, pero no nos juguemos a la suerte, no es aconsejable hacer un show mediático con situaciones críticas como estas. Hay que saber decir que no cuando hay vidas en juego.
No es buena cosa que nos acostumbremos a ver este tipo de coberturas.
No es buena cosa que aceptemos sin más que el derecho a informar supere a la protección de la vida de las personas.
No es buena cosa que aceptemos que todo vale por el maldito rating…
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