Los puntos sobre las íes

En honor a la verdad haremos un resumen de tristes hechos acontecidos en los últimos días donde se perdieron vidas humanas. Pérdidas que quizás pudieron evitarse de haberse cumplido con lo que marca la ley. Los invito a razonar conmigo a este respecto.




Viernes 18 de noviembre, la noticia nos pega duramente. Un Policía es asesinado por dos delincuentes en lo que pareció ser un intento de rapiña a un supermercado. La información es poca, el estrés es mucho, y las versiones cambian.

Primero se dijo que el funcionario cumplía un servicio 222, luego eso se desmintió plenamente al manifestarse que el referido funcionario cumplía servicio nocturno (de 22 a 6), en la Seccional 9a.; y luego un Servicio 222 en ANTEL, en el horario de 7 a 15 horas (el hecho ocurrió pasadas las 15:30 aproximadamente), lo cual develó que el funcionario policial estaba cumpliendo un Servicio 223, es decir un servicio privado expresamente prohibido por la Ley de Presupuesto vigente desde el 1° de enero de este año, que impone exclusividad a los funcionarios policiales en la función de prestación de seguridad pública.

Esto no hace más que poner de manifiesto una realidad que se debe combatir para evitar que ocurran nuevos hechos parecidos en el futuro. Porque este Policía, a pesar de lo referido ut supra, ha “caído en el cumplimiento del deber”, pero pudo evitarse.

El acto de servicio se deduce pues un Policía no deja de serlo nunca, y en la ocasión intentó repeler un delito y en mérito a ello fue asesinado por los delincuentes. No obstante lo cual, la relación causal que lo vincule con la empresa comercial será un elemento relevante al momento de determinar la calificación final de su deceso, (discernir si cabe la condición de caído en cumplimiento del deber). A estar por esto último, si se comprueba la prestación de un Servicio 223, el funcionario estaba en flagrante violación de una ley que lo inhabilitaría para ser considerado caído bajo esa condición.

Más allá de esto que referimos, nos interesa mucho conferir especial cuidado al momento de valorar el caso pues, si no hubiera estado en forma irregular en ese comercio, el uniforme policial hubiera aportado un elemento disuasorio que, seguramente, hiciera desistir de la acción a los delincuentes. Es posible pensar esa hipótesis, aún cuando se nos diga que ya no se respeta al Policía. Los delincuentes no se arriesgan en un salto al vacío la inmensa mayoría de las veces.

En el caso, a simple vista no había presencia policial, y ello fue sin duda calibrado por los delincuentes al momento de decidir el asalto. Luego, la sorpresa de encontrar resistencia armada en la figura del agente abatido (reiteramos, que estaba de particular), llevó al triste resultado que todos lamentamos. Lo cual se relaciona con los casos ocurridos últimamente en que la ciudadanía resistió con el empleo de armas, acciones delictivas, generando situaciones en las que no estuvo ajeno el resultado muerte (de delincuentes o ciudadanos). Situaciones que llevaron al aumento inevitable de la violencia dado que los delincuentes saben que pueden ser resistidos y no vacilan en disparar al menor intento de defensa o resistencia al atraco.

Acá el gran responsable no es el Policía- aún cuando actuó en clara infracción de una ley que le proveyó de mayores ingresos a expensas de limitar su actividad en materia de seguridad reservando sus servicios para la seguridad pública, compensándolo convenientemente- sino las empresas que burlan la misma ley y arriesgan la vida de quien contratan, al exponerlo sin mayores defensas que su habilidad o idoneidad adquirida por su profesión. O quizás lo sean ambos.

Seguramente razones comerciales impulsan a esas empresas a contratar privadamente esos servicios, (menores costos que una empresa de seguridad privada), pero con ello violan toda normativa vigente y ponen en riesgo la vida de los contratados (que asumen el riesgo de atender la seguridad sin implementos adecuados -salvo el arma, que no se ve- los que seguramente develarían su condición policial).

Es a las empresas en primer lugar a las que hay que llamar a responsabilidad para que no contraten esos servicios que por otra parte camuflan bajo diferentes categorías (reponedores, administrativos, etc.), en clara contravención con normas laborales. Y además, con esa práctica, lejos de ganar en seguridad, aumentan la inseguridad de su comercio, exponiendo a los ocasionales guardias y al público en general que se puede ver en medio de un evento delictivo violento.

Nos duele enterrar un Policía, por lo que este representa para la sociedad. Un servidor público, que ofrece su vida cada día para defender la de todos nosotros.

Esta vez nos dolió doblemente pues despedimos a un padre, a un abuelo, a un compañero de trabajo, a un miembro de la fuerza policial que estaba a menos de un año de obtener su merecido retiro. No se puede hipotecar tanta riqueza humana por un mero valor comercial signado por la irresponsabilidad de quienes contratan un servicio irregular de seguridad.

Es hora de ajustar los controles para evitar que sigan sucediendo hechos parecidos. Y viene siendo hora también de un llamado a la reflexión de todos los uniformados para que asuman su lugar en esta historia y sepan entender que, sin ellos, cualquier cambio es imposible.

el hombre apagó la radio,
el perro ni ladró