Tras la difusión del documento “Estrategia por la vida y la convivencia”, en la Torre Ejecutiva al día siguiente de la cadena brindada por el Presidente Mujica, la hoja de ruta marcó la presentación de los proyectos de ley que completaban la estrategia iniciada. Fueron 15 medidas anunciadas y a los pocos días del anuncio, cuatro proyectos de ley fueron presentados como mensaje claro a la población de que la cosa viene en serio...
Reconocidos académicos elogiaron el documento al punto de manfiestar que constituye “el mejor documento sobre seguridad de la historia del país” (Rafael Bayce – Caras y Caretas, viernes 29 de junio, pág. 18), sin embargo poco duró el encanto cuando se develó que en el paquete enviado al legislativo se incluía la internación compulsiva de adictos.
Desde algunos sectores de la sociedad -pocos a decir verdad- se alzaron voces contrarias sobre este aspecto y pusieron el grito en el cielo porque: “En toda la normativa internacional a lo que se apunta es cada vez menos a privar de libertad a las personas...”, según dijo al programa No toquen nada de Océano FM, el abogado Martín Fernández de IELSUR como consigna el portal de El Observador.
Esta medida es considerada represiva antes que reparadora por quienes hacen de la defensa de la libertad individual de un adicto la razón fundamental de su postura, cuando debiera ser al revés. Precisamente para proteger la vida -bien superior a la libertad ambulatoria- es que se recurre a la internación compulsiva de quien está afectado por una adicción y constituye un peligro para sí mismo y para los terceros con quienes comparte la vida en sociedad.
Es por imperio de un pacto social -al que voluntariamente se lo reconoce por el simple hecho de vivir en un colectivo humano- el que impone reglas básicas de convivencia que vulnera quien, afectado por una adicción, está sometido a un comportamiento del cual no tiene conciencia y necesita ayuda en forma compulsiva. De ese laberinto no saldrá solo y sin ayuda.
Razones de vida a las que también se suman razones de seguridad pública, por cuanto quien está afectado por una adicción, para satisfacer la misma, afecta a otros que sufren las consecuencias de sus actos.
Si no se comprende este aspecto y solamente se ponen en discusión los excesos que pudiere cometer quien estará mandatado por la ley para actuar en esos casos (excesos a los que no le habilita ley alguna, cabe aclarar), estamos errando el camino y evitando dar solución a un tema que destruye la vida de quien padece la adicción a las drogas junto a la de la familia, que también sufre las consecuencias.
Una visión romántica de una realidad que rompe los ojos y evita reconocer que la sociedad, en su gran mayoría, acepta esta acción compulsiva que no pretende otra cosa que sanar a quien está enfermo por el accionar de la droga.
Idéntica situación que padecimos cuando en ocasión de la lenta aplicación del Plan Frío Polar, debimos esperar la orden presidencial para que se actuara en consecuencia impidiendo la muerte de otro uruguayo en situación de calle. Llegamos al colmo de escuchar argumentos contrarios a esa iniciativa de Mujica que perseguía la protección de la vida antes que la libertad de elegir cómo y cuándo morirse de frío en las calles de Montevideo...
Es válida toda crítica si con ésta se busca advertir -sin menoscabo- posibles errores que se pudieren cometer en acciones implementadas para recuperar al adicto. En cambio, si la crítica se agota en sí misma y no acompaña una alternativa, cae en el desprestigio simple de la iniciativa. Y olvida que antes de la libertad de deambular por la vía pública afectado por un alucinógeno, está la defensa de la vida de quien deambula en esas condiciones. A ello se suma el interés de una sociedad que no puede permitir violaciones a su pacto social, ni siquiera por parte de quien padece una adicción.
También se dijo que esta medida no estaba dentro de las 15 presentadas el 20 de junio, olvidando que estas incluyeron conceptos de los que se podían desprender iniciativas como la presentada. Precisamente, en la quinta medida anunciada ese día, se halla el marco conceptual en el cual se inscribe la internación compulsiva por cuanto hace parte al “abordaje integral de la problemática de las personas afectadas por el consumo problemático de drogas y su entorno, que implica: la generación de una estrategia integral e interinstitucional para actuar sobre las principales consecuencias del consumo de drogas...” (literal e) del documento “Estrategia por la vida y la convivencia”)
El Presidente Mujica lo prometió en la campaña electoral y hoy cumple aquella promesa mal que pese a los que prefieren no tocar nada y padecer las consecuencias, sin hacerse -tampoco- cargo de nada.
Total, estamos fenómeno!
Desde algunos sectores de la sociedad -pocos a decir verdad- se alzaron voces contrarias sobre este aspecto y pusieron el grito en el cielo porque: “En toda la normativa internacional a lo que se apunta es cada vez menos a privar de libertad a las personas...”, según dijo al programa No toquen nada de Océano FM, el abogado Martín Fernández de IELSUR como consigna el portal de El Observador.
Esta medida es considerada represiva antes que reparadora por quienes hacen de la defensa de la libertad individual de un adicto la razón fundamental de su postura, cuando debiera ser al revés. Precisamente para proteger la vida -bien superior a la libertad ambulatoria- es que se recurre a la internación compulsiva de quien está afectado por una adicción y constituye un peligro para sí mismo y para los terceros con quienes comparte la vida en sociedad.
Es por imperio de un pacto social -al que voluntariamente se lo reconoce por el simple hecho de vivir en un colectivo humano- el que impone reglas básicas de convivencia que vulnera quien, afectado por una adicción, está sometido a un comportamiento del cual no tiene conciencia y necesita ayuda en forma compulsiva. De ese laberinto no saldrá solo y sin ayuda.
Razones de vida a las que también se suman razones de seguridad pública, por cuanto quien está afectado por una adicción, para satisfacer la misma, afecta a otros que sufren las consecuencias de sus actos.
Si no se comprende este aspecto y solamente se ponen en discusión los excesos que pudiere cometer quien estará mandatado por la ley para actuar en esos casos (excesos a los que no le habilita ley alguna, cabe aclarar), estamos errando el camino y evitando dar solución a un tema que destruye la vida de quien padece la adicción a las drogas junto a la de la familia, que también sufre las consecuencias.
Una visión romántica de una realidad que rompe los ojos y evita reconocer que la sociedad, en su gran mayoría, acepta esta acción compulsiva que no pretende otra cosa que sanar a quien está enfermo por el accionar de la droga.
Idéntica situación que padecimos cuando en ocasión de la lenta aplicación del Plan Frío Polar, debimos esperar la orden presidencial para que se actuara en consecuencia impidiendo la muerte de otro uruguayo en situación de calle. Llegamos al colmo de escuchar argumentos contrarios a esa iniciativa de Mujica que perseguía la protección de la vida antes que la libertad de elegir cómo y cuándo morirse de frío en las calles de Montevideo...
Es válida toda crítica si con ésta se busca advertir -sin menoscabo- posibles errores que se pudieren cometer en acciones implementadas para recuperar al adicto. En cambio, si la crítica se agota en sí misma y no acompaña una alternativa, cae en el desprestigio simple de la iniciativa. Y olvida que antes de la libertad de deambular por la vía pública afectado por un alucinógeno, está la defensa de la vida de quien deambula en esas condiciones. A ello se suma el interés de una sociedad que no puede permitir violaciones a su pacto social, ni siquiera por parte de quien padece una adicción.
También se dijo que esta medida no estaba dentro de las 15 presentadas el 20 de junio, olvidando que estas incluyeron conceptos de los que se podían desprender iniciativas como la presentada. Precisamente, en la quinta medida anunciada ese día, se halla el marco conceptual en el cual se inscribe la internación compulsiva por cuanto hace parte al “abordaje integral de la problemática de las personas afectadas por el consumo problemático de drogas y su entorno, que implica: la generación de una estrategia integral e interinstitucional para actuar sobre las principales consecuencias del consumo de drogas...” (literal e) del documento “Estrategia por la vida y la convivencia”)
El Presidente Mujica lo prometió en la campaña electoral y hoy cumple aquella promesa mal que pese a los que prefieren no tocar nada y padecer las consecuencias, sin hacerse -tampoco- cargo de nada.
Total, estamos fenómeno!
el hombre tocaba todo,
el perro no quería nada...
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