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| Fuente imagen: AB Producciones |
Mutis y camiseteo
El senador Ojeda se mantuvo en silencio durante varias semanas ni bien se conoció que la fiscal Lovesio advirtiera sobre la (comprobada) implicancia del legislador en clara violación del artículo 124 de la Constitución que le veta de actuar ante –entre otros organismos- un servicio descentralizado como es la Fiscalía.
Artículo 124
Los Senadores y los Representantes tampoco podrán durante su mandato:
1°) Intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o cualquier otro órgano público.
2°) Tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados.
La inobservancia de lo preceptuado en este artículo importará la pérdida inmediata del cargo legislativo.(*)
(*) Fuente: Banco de Datos IMPO.
En el caso, Ojeda presentó un escrito de 75 páginas pidiendo la reapertura de un caso que patrocina junto a otros abogados. Lo que parece claro y no admite lugar a ninguna duda es que la disposición constitucional es lapidaria en cuanto a las consecuencias de la inobservancia de su cumplimiento, tal como fue la actuación del Dr. Ojeda. Sin embargo, la segunda biblioteca también aplica para nuestra Constitución volviéndola una goma de mascar que se estira y mastica a gusto del “poderoso” consumidor de turno.
Al conocerse la noticia, el silencio fue la postura asumida por el protagonista a sabiendas que había cometido un error imperdonable que le costaría carísimo. Justo a él, que se jacta de ser un profesional del derecho reconocido por su actuación en materia penal, le había pasado esto. Se ve que en Derecho Público anda bastante flojo.
Lo cierto es que mientras transcurría la interpelación a la ministra de Defensa – Sandra Lazo- al momento de su intervención hizo referencia a la ausencia de informes jurídicos que avalaran la decisión del presidente Orsi, sobre el inicio del proceso de rescisión del contrato con el astillero Cardama por las lanchas OPV tan discutidas. Sonaban muy raras sus palabras, esas con las que afirmaba que ahora sí le parecía importante la existencia de informes jurídicos, porque cuando se dio la escandalosa cesión del principal negocio del puerto a Katoen Natie sin NINGÚN informe jurídico, no le mereció ninguna crítica, y vaya si opinaba en la prensa desde su rol de candidato. Extraña, muy extraña miopía argumental, ¿no?
Además de que resultó claro el camiseteo que hiciera en dicha ocasión pues ya conocía las resultancias de un informe que él mismo había solicitado a la asesoría jurídica del Parlamento sobre su caso. Un informe de parte al que el diputado Gustavo Salle calificó de “burrada”, cuando se le interrogó sobre el mismo en Informativo Sarandí por parte del periodista Daniel Castro. Una postura compartible por el más lego de los uruguayos. Porque, así como es sabido que los informes jurídicos particulares se contratan y son siempre favorables al contratista, no podría ser distinto el caso de una asesoría dependiente del propio Parlamento que integra uno de sus patrones, como es el caso del senador Ojeda.
Resulta que los informes buenos son los que solicita Ojeda, pero si los mismos los solicita un tal Álvaro Danza, no sirven. Dualidad de criterios que lo dejan muy mal parado a quien tuvo una actitud crítica ante un caso que –en comparación- admitía muchas más dudas que las que no admite el suyo al que la propia carta magna sentencia de forma liminarmente clara con “la pérdida inmediata del cargo legislativo”.
Gobierno#Poder
El poder se ejerce y muchas veces –la mayoría- no siendo gobierno, necesariamente. El poder se construye y en el Uruguay de hoy asistimos a un escenario donde los gobiernos frenteamplistas no han logrado ostentar el poder, (tampoco construirlo durante sus mandatos), aun habiendo llegado al gobierno. El poder se esconde y se camufla en todo el Estado a través de múltiples y variadas formas. La orden que imparta un gobierno, es una ínfima parte del ejercicio de ese poder pues hay que hacerla efectiva para que el mandato se concrete y allí es donde el poder pleno hace su parte ejecutando o ignorando la orden impartida.
La burocracia hace su trabajo siempre y allí radica una buena parte de ese poder en las sombras que permite llevar adelante (o sepultar) las acciones impartidas del gobierno de turno. La institucionalidad uruguaya está minada por ese poder construido durante décadas y al que no es posible llegar en el poco tiempo que la izquierda tuvo la oportunidad –como ahora- de ejercer el gobierno. Los cuadros políticos que permanecen activos y desparramados por toda la administración pública -más allá de los gobiernos de turno- hacen su trabajo en una perfecta sintonía que permite manejar los hilos ocultos del poder para terminar imponiendo sus decisiones.
Fallos judiciales inexplicables como el archivo de la denuncia del puerto donde la miopía Fiscal no encontró abuso de funciones a pesar de la flagrancia manifiesta; o la cancelación judicial que lleva el caso Carrera por haber cumplido la orden de ayudar a una víctima que dejó parapléjica una bala policial, son meros ejemplos de cómo ese poder influye.
Son muchos los casos que acumulamos en estos últimos años que nos hacen pensar que el poder sigue siendo ejercido por quienes manejaron los destinos del país como si fueran sus dueños. Esos que ostentaron el gobierno durante la mayor parte de la historia del país y que siguen manejando a su antojo las grandes decisiones que enfrenta el Uruguay.
La vara cada vez más baja
Aunque Ojeda pretenda dar por cerrado el caso, el Frente Amplio no solo no lo cerró, sino que investiga si el “por ahora” senador Ojeda actuó solo en el caso de referencia o intervino en más actuaciones indebidas como esa. Una situación que seguirá todavía en la agenda pues es de una flagrancia tal que pone en duda la credibilidad institucional de la que tanto nos enorgullecíamos los uruguayos. Acá no solo se violó la Constitución, sino que se incumple un claro mandato sancionatorio como es la pérdida inmediata del cargo legislativo, expresado en el mismo artículo de forma inapelable y que no admite otra interpretación que la expresada claramente en la disposición constitucional.
Ahora parece ser que los votos que llevaron a Ojeda al Senado son los únicos que valen. ¿Y los de Charles Carrera no valían, siendo muchos más que los suyos? Claro, que valen igual, pero hay que tener dignidad y estar seguro de la honestidad de sus actos para abandonar los fueros y presentarse ante la justicia, como cualquier hijo de vecino.
A esta altura y con las actuaciones vistas, solo Carrera –en el tiempo reciente- tuvo la hidalguía de renunciar a todos sus fueros para someterse a la justicia. Alguien que, por brindar atención a una persona inválida por la acción irresponsable de funcionarios públicos, fue cancelado y espera aún por el juicio que limpie su honor. Alguien al que se le pretende imputar un delito de fraude siendo que dejó todo debidamente documentado y firmado de su puño y letra. Alguien que actuó por orden superior ya que era el número tres de la cartera. Alguien al que se le realizó una pesquisa secreta desde el propio Ministerio del Interior sin que se le diera vista de las actuaciones en ningún momento. Alguien que fue víctima de espionaje usándose el aparato del Estado para perseguirlo como forma de hacerle desistir de su denuncia por la entrega del puerto de Montevideo. Alguien que renunció a su profesión ni bien asumió responsabilidades públicas de gestión, porque no se puede estar de los dos lados del mostrador. Alguien que no necesita parecer porque sencillamente es lo que parece.
En tanto, el senador Ojeda violó la Constitución y la sanción es tan clara que no admite dudas. Solo la destitución o su renuncia podrán devolver la credibilidad perdida a un sistema político que se hunde cada vez más en el lodo.
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