La diáspora indeseable

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Cada vez son más los uruguayos que retornan al país y aquella sangría de más de cien gurises por día que se nos iban con destino mayoritario a España (año 2002 y siguientes), fue revertida gracias a la mejora de una economía uruguaya que aparece sustentable y creciendo desde que la izquierda llegó al poder, a pesar de augurios tremendistas que nunca faltan. Pero no todos vuelven porque quieren, a otros “los devuelven” por haber delinquido en su lugar de residencia y -cumplida una parte de la pena impuesta- son deportados a  su país de origen. Así ocurrió con el ¿famoso? Mario Vitette, un ladrón que tuvo el ¿mérito? de robar un banco en Argentina (aunque le pesan también otros delitos más graves como un homicidio). Ello disparó muchos comentarios y una idea del ministro Bonomi* que habría que considerar...

Tomá... ¡te lo devuelvo!

Lo estaban esperando cual si fuera una estrella o una celebridad, varios reporteros uruguayos hicieron el triste papel de darle cámara a un anti-héroe, sin pensar que para otros (mal rodeados o sin posibilidad de tener un referente positivo cerca suyo), se les presentó como un ejemplo a seguir. Poco importa el detalle de este personaje que llegó aludiendo exclusividades con un medio (que fueron desmentidas luego), y por el que seguir hablando solo haría plegarnos a una práctica que no compartimos en lo absoluto.

Pero el tema sirvió -por lo menos sirvió para algo- para poner en el tapete el caso de  los delincuentes extranjeros que están cumpliendo condena en nuestro país. El propio Bonomi* planteó una idea al respecto que dista de la deportación pura y simple, por cuanto la suya  consistía en que los procesados extranjeros (tratado o acuerdo entre países mediante), cumplieran el resto de la condena en su país de origen. La idea la planteó en el ámbito del MERCOSUR con sus pares, pero sin mayor éxito. No obstante lo cual sigue pensando en la necesidad de contar con una herramienta que contemple estos casos.

El planteo de Bonomi recibió pronto una crítica calificada en la voz del Comisionado Parlamentario Alvaro Garcé, para quien tener un instrumento similar al argentino  (Bonomi no plantea eso), sería una “invitación a delinquir en Uruguay”, en el entendido que  quien venga y cometa un delito, cumpliría solo una parte de la pena, para luego ser deportados a su país de origen.

Como bien expresó el abogado penalista Miguel Langón, es muy lineal ese pensamiento por cuanto parece poco lógico que alguien piense en delinquir en un país como el nuestro creyendo cumplir la mitad de una condena y después ser deportado a su tierra natal. Máxime cuando el proceso penal uruguayo se prolonga en el tiempo más allá de lo razonable, al punto de contar con un alto porcentaje de privados de libertad sin condena (procesados).

Si alguien extranjero delinquiera en nuestro país con la consigna de lograr su deportación al cumplir la mitad de su condena, debería sopesar este punto ya que no siempre logrará -por lo menos como están dadas hoy las condiciones en el proceso penal uruguayo- que se emita una condena para su causa en poco tiempo. Puede ocurrir que cuando se dicte su sentencia ya haya purgado mucho más de la mitad y le sea inocua la estrategia (si es que la tuvo), o por lo menos no lo sea en el tiempo que hubiere estimado (si fue ese el móvil de su acción delictiva, a estar por el razonamiento del Comisionado Parlamentario).

Consigno que no es tan lineal como parece y resulta hasta ilógico pensar que alguien pueda elegir a nuestro país como destino para cometer delitos basado en esa prerrogativa que podría darse de consagrarse la idea del ministro Bonomi.

Otro tema sería -de hecho lo es merced a los tratados hoy vigentes- si hay acuerdo entre países para que los nacionales puedan ser deportados y cumplan el resto de condena en su país de origen, sin que recuperen la libertad, que es en definitiva la idea que planteó el ministro Bonomi a sus similares de la región. El caso argentino es otra cosa, es el cumplimiento de una ley migratoria que habilita la deportación de aquellos extranjeros que hayan cumplido la mitad de su pena en caso de delitos que se penalicen con más de tres años de prisión.

No sería una mala idea y el Uruguay debiera -por lo menos- considerar la posibilidad de resolver la situación de los extranjeros que cometieron delitos en nuestro país  con herramientas como la propuesta e impedir que vuelvan a ingresar en territorio uruguayo. 

La deportación implicaría sacarse el problema de encima para trasladárselo a otro país y ello no parece un procedimiento correcto y mucho menos solidario para con el país receptor.

Hoy es un problema tener en prisión a delincuentes extranjeros no solo por el cupo que significan (unos 300 aproximadamente en todo el sistema penitenciario nacional), sino porque muchos de ellos son de una peligrosidad tal que requiere disponer de muchos recursos para asegurar el cumplimiento de su pena. 

Otro tema es qué pasa con estos liberados que llegan a nuestra tierra. Obviamente y para nuestro interés no han cometido ilícitos en territorio nacional, razón por la cual no se les puede negar la libertad ambulatoria. Menos aún, hacer un seguimiento de los mismos por cuanto está impedido constitucionalmente.

Es la diáspora uruguaya -mal que nos pese- y hacerse cargo debiera ser una cuestión a estudiar para que no sean algunos orientales, tan indeseables como parecen.

el hombre no abandona la idea,

el perro tampoco...

* habíamos cerrado nuestra columna y el propio ministro Bonomi nos aclaró su idea, por cuanto, en honor a respetar la verdad de su pensamiento, hicimos la corrección correspondiente: Bonomi no habla de deportar sino de permitir -acuerdos mediante- que los extranjeros recluidos en territorio nacional puedan completar su pena en el país de origen. A todos las disculpas del caso.