Rehabilitación: cuestión de oportunidades

Publicado en La ONDA digital

Mucho se está haciendo en materia de política penitenciaria en esta administración, (que no es otra cosa que construir sobre los cimientos que dejara el gobierno de Tabaré). Sin embargo el clima es otro: la población carcelaria “in crescendo” (1), obliga a repensar las estrategias pues ya no alcanza con seguir sumando construcciones donde alojar a quienes se alejan del orden social constituido. Llegó el momento -enhorabuena- de pensar en su rehabilitación.

Tamaña ingeniería política requiere de mucho pienso y voluntad, y en eso está la cosa. A pesar de las dificultades; a pesar de fugas (y malos funcionarios policiales que las propician), el camino está trazado y de él no se apartará este gobierno.

Es muy difícil aceptar cualquier intento de rehabilitación de un preso si quien lo intenta hacer fue víctima de su accionar delictivo. Más aún si la in conducta fue causante de hechos irreversibles. No obstante ello, en una sociedad que no admite la pena de muerte sino -por el contrario- consagra constitucionalmente que las cárceles no servirán para mortificar a los privados de libertad sino para su reeducación y reinstalación en la sociedad a la que agredieron, es imperiosa la aplicación inmediata de una política que ponga empeño en recuperar a la gran mayoría de quienes delinquen. Una fuerza humana que debe devolver parte del daño que causó a quienes se lo causó y que además debe compensar a una sociedad que le da -generosamente- una segunda oportunidad.

Bienvenida sea entonces la acción de un Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados que propicia la reinserción a través del trabajo, merced ambiciosos proyectos que están operativos. Ya comenzó el trabajo de cuadrillas de PPL (Personas Privadas de Libertad) en Maldonado, Canelones y Rocha, limpiando terrenos con riesgo de incendio forestal, en acción coordinada con el SINAE (Sistema Nacional de Emergencia). De este modo se cumple con un reclamo social postergado que bregaba porque los privados de libertad trabajaran. Una medida que se irá potenciando a medida que los internos comprendan y asuman que este es el camino hacia la rehabilitación, un camino que les permitirá redimir pena (por cada día de trabajo disminuye el tiempo de reclusión), pero que además les permitirá generar recursos para ese día en que tengan que asumir su libertad.

Una actividad que al decir del cura Monzón (Presidente Honorario del Patronato), se consolidará con el trabajo y el convencimiento de los internos que tienen la responsabilidad de no permitir que naufrague la iniciativa aceptando las condiciones del programa y evitando que la fuga, sea una opción.

Semejante desafío enfrentan internos y autoridades; unos y otros protagonistas de una realidad que -por fin- empieza a mostrar alternativas y hace del trabajo una opción posible. Se irán sumando otros proyectos -ya se habla de 1.000 reclusos para trabajos en reacondicionamiento de las vías de trenes, y otros cientos para proyectos eólicos en curso- en los que participa el Estado desde sus empresas públicas que son, en definitiva, quienes brindan las oportunidades. Pero esta obra no quedará completa si desde la sociedad no somos capaces de aceptar, luego, al rehabilitado otorgándole una -efectiva y verdadera- segunda oportunidad. Seguramente allí estará el cierre final para quienes una vez se alejaron de las reglas de convivencia y tomaron el camino errado. De ahí que nada es posible sin la participación ciudadana. Si la sociedad -llegado el caso- rechaza a un rehabilitado por estas medidas, estará dando la espalda a una salida que hoy empieza a construirse. Esperemos que el tiempo que transcurra hasta entonces, sirva para convencer, (con hechos), a una sociedad recelosa y sufrida por quienes la lastimaron.

Confiamos que así será y que se confirme lo que decía mi viejo: que al final, el tiempo, siempre cura los grandes males…

el hombre soñaba con un jardín sin rejas,
el perro, con pasear sin correa…

(1) Si bien datos difundidos por el Comisionado Parlamentario Álvaro Garcé, estiman que la población carcelaria para el fin de este período superará los 10.000 internos, datos primarios comparativos de enero 2010 contra enero 2011 difundidos recientemente, establecen una tibia tendencia a la baja, que deseamos se confirme para bien de todos los uruguayos.

La utopía, ese motor invisible

Publicado en La ONDA digital

Se está haciendo crónico el hecho de criticar al Presidente Mujica por su inocultable opción de reforzar con dichos y hechos su apoyo irrestricto a la política económica trazada. Si bien es cierto que con el primer gobierno del FA se estabilizó y orientó seriamente el rumbo que hoy marca el crecimiento sostenido del país, también es cierto que hoy se reclama una mejor distribución del ingreso y en eso está el gobierno… ¿o no?

Fue hasta un exceso soportar los reclamos de fuertes gremios que pujaban por obtener para sí un mejor “reparto de la torta”, defendiendo sus derechos al precio de resignar los del resto de la ciudadanía que es quien genera los ingredientes de la confitura, al fin de cuentas. Así tuvimos semanas de mugre inundando la ciudad, tironeos que amenazaron dejar sin sueldos a los trabajadores o sin efectivo los cajeros del principal balneario, corriendo el riesgo de empañar los resultados de una de las mejores temporadas en muchos años.

Todos tironeos en procura de una utopía propia y egoísta que protegiendo el árbol descuida al monte. Tamaña estrategia lleva –a nuestro humilde criterio- a la soledad absoluta con el consecuente efecto de devolver a la utopía su efecto inalcanzable. ¿Es eso lo que se persigue cuando soñamos con ella? ¿No es acaso lo contrario? Perseguir un sueño es enfocarse en él para trabajar hacia el objetivo de su concreción, pero en la obtención del sueño propio no podemos hipotecar el sueño colectivo porque –seguramente- al final logremos el objetivo personal al caro precio de su disfrute en un colectivo insatisfecho. Dicho de otro modo, la felicidad personal se disfruta mucho más cuando también hay entorno feliz. ¿Acaso no lo vivimos durante el mundial de Sudáfrica 2010? Un hecho deportivo fue capaz de eliminar nuestras diferencias y terminamos abrazándonos con desconocidos (uruguayos como nosotros), y eso hacía de la ocasión una fiesta. A ninguno se nos ocurrió gritar “bajito” y en solitario el penal de Abreu, buscamos compartir la alegría con quien estaba al lado… Que era otro uruguayo como nosotros.

Entonces, si un hecho como ese fue capaz de aglutinarnos y dejarnos soñar con el logro máximo de volver a ser campeones del mundo, ¿por qué no podemos seguir el mismo camino en otros aspectos más permanentes como la vida misma? En el afán de obtener logros parciales no parece lógico olvidar el logro general que nos abarca como país.

Personalmente trabajo por crecer cada día, pero no me olvido que así como pinto mi casa para que luzca más bonita, también quiero que se luzca mi barrio, que progrese, que esté más limpio, que el vecino trabaje y progrese también, que los niños disfruten del juego en sana convivencia, y así todos los barrios del país. Yo quiero vivir la utopía transformándola cada día para que no se quede quieta y crezca a la par de un Uruguay que soñamos para nuestros hijos. Un Uruguay que nos contaron nuestros padres y que parece asomarse cada vez más grande en el horizonte.

Resta mucho por hacer, y nos necesitamos todos. Nos precisamos para compartir todas y cada una de las utopías personales, esas que construyen la gran utopía de un país con justicia social en donde los uruguayos vuelvan a ser campeones del mundo.

el hombre empezó a escribir de nuevo,
el perro volvía a ladrar loco de contento…

Manijazos en el Prado

Días pasados un turno casi completo de una seccional policial decidió cesar sus funciones (dejaron de recibir denuncias y tampoco realizaban patrullaje), en desacuerdo por los recientes aumentos salariales percibidos. Paradójicamente reclamaban menos de lo que realmente se les incrementó a partir de la aplicación de los reajustes dispuestos por la Ley de Presupuesto Nacional.

Algo tan ilógico como inexplicable por cuanto al hecho insólito de su plataforma reivindicativa “de menos” (por citar a Galería), le sumaron el agravante de dejar sin seguridad a una populosa barriada con todo lo que ello implica. Tamaña irresponsabilidad mereció una inmediata respuesta por parte de un Ministerio del Interior que obtuvo la información de lo que acontecía, por vía indirecta.

En efecto, fue un canal de televisión el que advirtió la circunstancia en forma por demás responsable ya que lejos de hacer valer la situación con carácter de primicia, advirtió a la autoridad de gobierno a efectos de restaurar lo que se había suspendido por la irresponsabilidad de funcionarios que suspendieron un servicio esencial como la seguridad pública en un barrio de Montevideo.

Imaginemos por un instante la situación que –reiteramos no ocurrió- se hubiera dado si en lugar de informar sobre los hechos se hubiera divulgado la noticia de un barrio sin servicio de seguridad pública porque la Seccional correspondiente paralizó el mismo. Esa noticia significaba una patente de corso para la delincuencia que tendría como novedad la existencia de una zona liberada, sumiendo en la indefensión a la ciudadanía que vive en su jurisdicción. Un hecho a todas luces reprochable y condenable que mereció un accionar directo y duro por parte de las autoridades que no están dispuestas a poner en riesgo a la ciudadanía bajo ningún precio.

Pero el colmo de todo esto fue lo insólito del reclamo que pretendió dar fundamento a los hechos. Una proclama que reivindicaba –entre otros puntos- un aumento inferior al que efectivamente se otorgó. Una cosa de locos por donde se lo mire.

Claro que el personal policial que recepcionó el mensaje estaba condicionado para hacerlo, y seguramente ello pese al tiempo de definir responsabilidades. El funcionario policial tiene la desventaja de muchos años de atraso salarial (situación que se revierte a partir del anterior gobierno y se incrementa en este), que le llevaron a un desequilibrio en la economía familiar. Hoy, muchos policías, son deudores de las cooperativas de crédito o tienen retenciones judiciales que socavan su salario (que preserva el 30% mínimo indisponible por disposición legal). En ese estado, cualquier aumento –por bueno que sea- se diluye, y poco aporta para solucionar un problema endémico a quien lo recibe. Claro está que en ese caso hay que distinguir muy bien que no tienen responsabilidad las autoridades, que cumplieron la palabra empeñada, tal cual confirma la amplia mayoría del personal policial que disfruta del importante incremento.

La “manija” –que es lo único que explica una actitud de estas- tuvo en estos funcionarios un público ideal y a pedir de boca, por cuanto pretendía ser un disparador para sumar más adeptos a la irresponsable movida. Funcionarios que tienen sus ingresos topeados por retenciones y créditos, a pesar del aumento, sufren la impotencia de no salir del pozo en que se haya enterrada su economía. Situación que manejaron muy bien los ideólogos del fallido intento.

Se dijo -en forma incorrecta- que no se compensaron las 50 horas por Servicio 222 disminuidas por la ley de presupuesto. Falso por donde se lo mire. El incremento promedio otorgado supera ampliamente dicha cifra (50 x $53= $ 2.650, el aumento promedio ronda los $ 4.350). El tema pasa por descifrar quien pierde ingresos efectivamente y seguramente podamos hacernos un panorama situacional que eche luz al respecto.

El tope de horas por Servicio 222 que existía era de 200 horas por cada funcionario, sin embargo se detectaron situaciones que superaban ampliamente dicha cifra. A partir de enero –ley de presupuesto vigente mediante- el tope pasó a ser de 150 para todos (incluyendo a aquellos nuevos ingresos que solo podían hacer 120 y que ahora pueden incrementar 30 horas más). 150 horas parejas para todos, este año. Quienes realizaban o controlaban más de esa cantidad, son quienes realmente ven afectados sus ingresos. Aquellos que efectivamente hacían 200, son compensados por las mismas con un incremento mayor al que perdieron y ganando en calidad de vida trabajando menos. Pero quienes hacían más de 200 (muchas pero muchas más), son los grandes “perdedores” de esta decisión que pretende recomponer un sistema pervertido por este tipo de prácticas.

O fue por ignorancia o fue por intención, pero sea cual fuere la razón, prendió en un colectivo de funcionarios, (acorralados por las cuentas), que no supieron o no quisieron ver la realidad (eso lo dirá el resultado de los sumarios en curso).

Lo concreto y real es que la sociedad uruguaya ha hecho un esfuerzo sustantivo para volcar recursos para mejorar los ingresos de la Policía, pero ese esfuerzo no es gratuito sino que debe devolverse con resultados. Las autoridades políticas están comprometidas a llevarlo adelante y requieren reciprocidad a la hora de la ejecución de las políticas de seguridad.

Es un tiempo histórico que debemos aprovechar. Nos merecemos un mejor lugar para vivir y en eso estamos comprometidos todos.

el hombre disfrutaba de más horas en su casa,
el perro... de más huesos

Armando casas

El Uruguay –según reseñan por estos días varios analistas- está armado en grado extremo, y es un tema que preocupa a las autoridades. Lejos de asumir el hecho con indiferencia, se han expresado claramente opiniones que desalientan a la ciudadanía a armarse, ya que lejos de solucionar el problema de la inseguridad, lo agravan.

Cuántas más armas existan mayores son las probabilidades que las mismas lleguen a manos de la delincuencia, porque si bien pueden ingresar legalmente al territorio, cumpliendo con los requisitos necesarios y formales para su adquisición por un particular, nadie asegura que un simple hurto termine poniéndolas en manos de un delincuente.

Tampoco es menor el argumento encerrado en el dicho popular que reza que “a las armas las carga el diablo”, ya que ello determina que hay que conocerlas muy bien antes de usarlas, para evitar que se conviertan en la causa del mal que se pretendió evitar al adquirirlas.

Es un dato de la realidad que la conducta de los uruguayos, (con la ocurrencia de hechos violentos mediáticamente difundidos), responde a una sociedad enferma que hace tiempo dejó de ser pacífica.

Ahora bien, en la vida siempre tenemos opciones, y en este caso no faltan. El gobierno está resuelto a emplear todos los medios disponibles a su alcance para devolver a los uruguayos esa porción de tranquilidad que le birlaron y que se traduce en pérdida de valores que es imperioso recuperar. Para ello, apelando a esa memoria colectiva, el esfuerzo se concentra en la producción de actos que trasciendan, sembrando esperanza.

Tal es el caso de la destrucción de más de 12.000 armas (unas 14 toneladas de hierro, aproximadamente), propiedad del Ministerio del Interior, que no pasarán a ser simples lingotes de hierro fundido, sino que tendrán una digna y bienvenida transformación.

Por una ingeniosa iniciativa de las nuevas autoridades, esos instrumentos, que fueron sacados de circulación y que tenían un destino diametralmente opuesto, pasarán a ser parte de la ilusión de miles de uruguayos que –gracias al PLAN JUNTOS- construirán su vivienda. Las armas se convertirán en varillas de hierro, para ser parte de la estructura de miles de sueños habitacionales uruguayos.

El Presidente Mujica había adelantado que lo importante era “empezar a hacer”, y esta acción responde a ese mandato.

Son señales, signos de otro Uruguay posible al que debemos ponerle empeño.
En eso estamos.

el hombre hizo un gesto de aprobación,
el perro soñaba con casilla nueva...

Justicia por mano (im)propia

Asistimos por estos primeros días del 2011 a una inusitada escalada de actos violentos con resultados luctuosos. El azar –y solo el azar- es responsable esta vez de que los muertos fueran los delincuentes. Mientras un alto porcentaje de la ciudadanía siente alivio, (aunque cueste reconocerlo públicamente), ante esa consecuencia de los hechos, otros mantienen indiferencia en medio de las vacaciones.

La Justicia –hasta ahora- se ha expedido a favor del clamor popular que reclama libertad para los ciudadanos que, repeliendo un ataque injusto, apelan a un acto violento con resultado muerte para el agresor. En otro estado de situación quizás fuera otro el resultado, ya que nadie puede –ni debe- sustituirse a la Justicia para castigar una conducta delictiva cometiendo, para hacerlo, una infracción punible por la ley (salvo que actúen en legítima defensa, claro está).

Los últimos casos producidos han instalado –a veces hasta por fórceps- al instituto de la legítima defensa, dando una respuesta favorable a quienes cometen un delito que por su aplicación resulta, al final, excusable de sanción por parte de la Justicia. Se instaló entonces la “justicia por mano propia”, aunque por imperio del instituto de referencia, (causa de justificación, no es pasible de sanción). Claro está que se podrá decir que no se defiende la comisión de un delito sino que se obra en aplicación de una causa de justificación que exime de culpabilidad como es la legítima defensa, por lo que en esencia no correspondería hablar de justicia por mano propia. Sin embargo el común de la sociedad lee y aprueba dichos actos como una respuesta justa, al accionar de un delincuente.

El tema, mientras tanto, no parece tener una solución a corto plazo, ya que ese tipo de cambios requieren tiempo y la combinación de múltiples factores que –si bien se están trabajando seriamente- no son ejecutables ni aplicables en el corto plazo, o por lo menos en lo inmediato.

Mientras la política carcelaria no se consolide y permita la verdadera rehabilitación de los privados de libertad, los índices de reincidencia no bajarán y de ese modo seguirá alimentándose el círculo vicioso que hoy padecemos los uruguayos. Hasta tanto el INAU no de absoluta contención a los menores infractores y con ello un período de rehabilitación que por esa circunstancia –las fugas- nunca se concreta, tampoco se logrará devolver la tranquilidad a los uruguayos en el tema de la seguridad.

Del mismo modo hay que torcer el rumbo en lo que a educación se refiere, ya que las generaciones venideras se instruyen en una pérdida constante de valores que –sin ser causadas directamente por el sistema educativo- no reciben el correctivo necesario para impulsar ese retorno indispensable al cauce perdido de los valores de convivencia ciudadana que añoramos.

A todo esto, la violencia instalada en el entorno y a la que se apela para combatirla, solo genera más violencia. Con la triste consecuencia que será la suerte y solo ella, la que proteja a quien apele a contestar una agresión ilegítima con una conducta similar a la que se pretende repeler. Y ello por la sencilla razón que este comportamiento conlleva la trágica consecuencia de exponer a quien se defiende a no poder siquiera intentarlo, pues la delincuencia irá decidida a todo a sabiendas de que la gente ya no es indiferente a sus conductas. En suma, este tipo de situaciones pueden derivar en una escalada de violencia sin retorno del cual –seguramente- la sociedad tendrá la peor parte.

A partir de un resultado de muerte, quedan heridas (que no cicatrizan fácilmente), en quienes en un segundo ven alterada su normal existencia y pasan –por la acción de un delincuente- a ser responsable de quitar la vida a una persona. Aún cuando esa persona atentó contra su integridad o la de su familia, su vida ya no será la misma nunca más, pasando a ser también una víctima a la cual la sociedad deberá atender si pretende sanar y curarse en salud en este tema.

Los medios, en plena explosión de temporada con poco o nada que informar, hacen su agosto y difunden los hechos hasta con exageración de la noticia, inconscientes que al hacerlo, están abonando un campo minado que puede generar una reacción como la descrita en párrafos anteriores: que la delincuencia salga a matar o morir.

La seguridad es una cuestión que nos comprende a todos y entre todos podremos recuperarla. No hay soluciones mágicas ni inmediatas pero no será una cuestión de suerte sino de trabajo y esfuerzo. Y mucha responsabilidad al momento de tomar decisiones de las cuales no tendremos tiempo –quizás- de arrepentirnos.

La justicia por mano propia no es la solución, es solo un grito desesperado que debemos escuchar y al que debemos dar como respuesta un llamado de atención, desestimulando su producción. No podemos librar a una cuestión de puro azar algo tan valioso como la vida.

Al fin de cuentas, lo material es pasajero, nuestra vida en cambio no tiene repuesto...

el hombre pensó en armarse,
pero el perro le lanzó un gruñido...

Matemáticamente tenemos chance...

En todo el año 2009, se iniciaron 9.980 expedientes en la Justicia Penal de adultos y 781 en la Justicia que corresponde a los jóvenes, precisó el abogado. Además, indicó que en Uruguay hay 27 jueces con competencia en materia penal. De esos 27, sólo cuatro son jueces de adolescentes. “No sería racional que si el 40% de los delitos los cometen personas menores de 18 años, nuestra política pública esté organizada de tal manera que tengamos 23 jueces para las situaciones que involucren a los adultos y sólo cuatro para adolescentes”, comentó.

Abogado Javier Palummo- Portal 180.com.uy

http://www.180.com.uy/articulo/16056

¿Es correcto realizar esta afirmación lisa y llanamente? Esos 781 expedientes de la justicia adolescente, ¿cuánto representan en cantidad y calidad de delitos? Seguramente sea esa la principal debilidad de quienes afirman que los delitos protagonizados por adolescentes representan porcentajes del orden del 4,6 % o del 12 % según sea la fuente.

Ese es el punto que no reconocen quienes aportan cifras que pueden parecer ínfimas y que se contradicen con la realidad que viven (vivimos) a diario los uruguayos, (en mayor proporción los montevideanos). Esos 781 expedientes que refiere el artículo, representan mucho más que 781 delitos, (multiplica por más de una cifra esa cantidad). Tampoco dice la índole de los delitos que representan esas 781 actuaciones, ¿quizás porque un gran número corresponda a hechos violentos? Entonces, ahí está un punto de discusión (no es el único), que enfrenta a quienes dicen que la minoridad infractora es un porcentaje menor y quienes afirman que representa mucho más que esa cifra que difunden las ONG’s.

No es necesariamente un tema de cantidad de protagonistas, sino que esos mismos protagonistas -siendo relativamente pocos- ocupan gran parte de la “cartelera policial” en lo que a hechos violentos se refiere.

Por otra parte, argumentar que solo existan definidos 4 jueces para juzgar adolescentes (contra los 23 de adultos), no es argumento válido para afirmar la baja incidencia delictiva de los mismos. Lo sería si conjuntamente se dijera la cifra y la naturaleza de delitos que representan esas 781 actuaciones judiciales que cubren tan solo cuatro magistrados de adolescentes. Esa es la parte de la noticia que no se conoce; pero basta con escuchar el raid delictivo de los protagonistas para reconocer que cada uno es poseedor de un cúmulo de antecedentes que no cuentan para las estadísticas... pero sí para una sociedad que ya no tolera más excesos.

Más allá de esta discusión matemática, importa decir que no es pretensión demonizar a los menores sino plantear la discusión en términos de realidad para poder –en base a un punto de partida consistente- plantear soluciones definitivas. Decir que no son un porcentaje importante implica restarle trascendencia al punto de querer disfrazar una realidad que se da de bruces con la situación que se repite a diario y consecuentemente casi con los mismos protagonistas. Una vez reconocido el punto de partida –que por suerte quienes tienen la responsabilidad de dar soluciones ya lo conocen- podremos ahondar en la implementación de soluciones al respecto. Soluciones que permitan erradicar definitivamente el problema y dar verdadera rehabilitación a quienes hoy ni siquiera tienen mínima contención.

Esta última afirmación –para quien tiene el privilegio de no haber sufrido ningún incidente protagonizado por menores infractores- resulta fácil de decir. Para quien sí sufrió las consecuencias de algún incidente al respecto, los porcentajes se incrementan. Ni que hablar para quien sufrió un evento luctuoso protagonizado por un menor infractor, para ese la cifra es absoluta y rebasa ampliamente la realidad ante la falta de consuelo por los resultados irreparables.

Los porcentajes nos inundan y dan letra a muchos editoriales; llenan espacios de prensa y ocupan la “sacrosanta” crónica policial de cada día. Pero la lectura que de los mismos hagamos nos permitirá reconocer primero, la gravedad del problema para encontrar sin más las soluciones. No será una lectura simple y llana, ni una exagerada y amplificada la que de un panorama cierto del tema, sino el reconocer que hasta ahora se han manejado criterios que no reflejan cabalmente la dimensión del tema.

El problema existe y es de una entidad que percibe y sufre la sociedad uruguaya; la misma que ya no tolera dilaciones para encontrar soluciones ante gurises que deben tener contención primero, para poder darles una segunda oportunidad. Y aún más lejos, encontrar las razones que llevaron a esos gurises al desvío, evitando la frustración de vidas perdidas (víctimas y victimarios) por no haber intentado siquiera mostrarles otro camino.

Los números marcan la cancha.
Por suerte todavía, matemáticamente tenemos chance...

el perro ladraba llamando la atención
mientras el hombre seguía sacando cuentas...