Manijazos en el Prado

Días pasados un turno casi completo de una seccional policial decidió cesar sus funciones (dejaron de recibir denuncias y tampoco realizaban patrullaje), en desacuerdo por los recientes aumentos salariales percibidos. Paradójicamente reclamaban menos de lo que realmente se les incrementó a partir de la aplicación de los reajustes dispuestos por la Ley de Presupuesto Nacional.

Algo tan ilógico como inexplicable por cuanto al hecho insólito de su plataforma reivindicativa “de menos” (por citar a Galería), le sumaron el agravante de dejar sin seguridad a una populosa barriada con todo lo que ello implica. Tamaña irresponsabilidad mereció una inmediata respuesta por parte de un Ministerio del Interior que obtuvo la información de lo que acontecía, por vía indirecta.

En efecto, fue un canal de televisión el que advirtió la circunstancia en forma por demás responsable ya que lejos de hacer valer la situación con carácter de primicia, advirtió a la autoridad de gobierno a efectos de restaurar lo que se había suspendido por la irresponsabilidad de funcionarios que suspendieron un servicio esencial como la seguridad pública en un barrio de Montevideo.

Imaginemos por un instante la situación que –reiteramos no ocurrió- se hubiera dado si en lugar de informar sobre los hechos se hubiera divulgado la noticia de un barrio sin servicio de seguridad pública porque la Seccional correspondiente paralizó el mismo. Esa noticia significaba una patente de corso para la delincuencia que tendría como novedad la existencia de una zona liberada, sumiendo en la indefensión a la ciudadanía que vive en su jurisdicción. Un hecho a todas luces reprochable y condenable que mereció un accionar directo y duro por parte de las autoridades que no están dispuestas a poner en riesgo a la ciudadanía bajo ningún precio.

Pero el colmo de todo esto fue lo insólito del reclamo que pretendió dar fundamento a los hechos. Una proclama que reivindicaba –entre otros puntos- un aumento inferior al que efectivamente se otorgó. Una cosa de locos por donde se lo mire.

Claro que el personal policial que recepcionó el mensaje estaba condicionado para hacerlo, y seguramente ello pese al tiempo de definir responsabilidades. El funcionario policial tiene la desventaja de muchos años de atraso salarial (situación que se revierte a partir del anterior gobierno y se incrementa en este), que le llevaron a un desequilibrio en la economía familiar. Hoy, muchos policías, son deudores de las cooperativas de crédito o tienen retenciones judiciales que socavan su salario (que preserva el 30% mínimo indisponible por disposición legal). En ese estado, cualquier aumento –por bueno que sea- se diluye, y poco aporta para solucionar un problema endémico a quien lo recibe. Claro está que en ese caso hay que distinguir muy bien que no tienen responsabilidad las autoridades, que cumplieron la palabra empeñada, tal cual confirma la amplia mayoría del personal policial que disfruta del importante incremento.

La “manija” –que es lo único que explica una actitud de estas- tuvo en estos funcionarios un público ideal y a pedir de boca, por cuanto pretendía ser un disparador para sumar más adeptos a la irresponsable movida. Funcionarios que tienen sus ingresos topeados por retenciones y créditos, a pesar del aumento, sufren la impotencia de no salir del pozo en que se haya enterrada su economía. Situación que manejaron muy bien los ideólogos del fallido intento.

Se dijo -en forma incorrecta- que no se compensaron las 50 horas por Servicio 222 disminuidas por la ley de presupuesto. Falso por donde se lo mire. El incremento promedio otorgado supera ampliamente dicha cifra (50 x $53= $ 2.650, el aumento promedio ronda los $ 4.350). El tema pasa por descifrar quien pierde ingresos efectivamente y seguramente podamos hacernos un panorama situacional que eche luz al respecto.

El tope de horas por Servicio 222 que existía era de 200 horas por cada funcionario, sin embargo se detectaron situaciones que superaban ampliamente dicha cifra. A partir de enero –ley de presupuesto vigente mediante- el tope pasó a ser de 150 para todos (incluyendo a aquellos nuevos ingresos que solo podían hacer 120 y que ahora pueden incrementar 30 horas más). 150 horas parejas para todos, este año. Quienes realizaban o controlaban más de esa cantidad, son quienes realmente ven afectados sus ingresos. Aquellos que efectivamente hacían 200, son compensados por las mismas con un incremento mayor al que perdieron y ganando en calidad de vida trabajando menos. Pero quienes hacían más de 200 (muchas pero muchas más), son los grandes “perdedores” de esta decisión que pretende recomponer un sistema pervertido por este tipo de prácticas.

O fue por ignorancia o fue por intención, pero sea cual fuere la razón, prendió en un colectivo de funcionarios, (acorralados por las cuentas), que no supieron o no quisieron ver la realidad (eso lo dirá el resultado de los sumarios en curso).

Lo concreto y real es que la sociedad uruguaya ha hecho un esfuerzo sustantivo para volcar recursos para mejorar los ingresos de la Policía, pero ese esfuerzo no es gratuito sino que debe devolverse con resultados. Las autoridades políticas están comprometidas a llevarlo adelante y requieren reciprocidad a la hora de la ejecución de las políticas de seguridad.

Es un tiempo histórico que debemos aprovechar. Nos merecemos un mejor lugar para vivir y en eso estamos comprometidos todos.

el hombre disfrutaba de más horas en su casa,
el perro... de más huesos

Armando casas

El Uruguay –según reseñan por estos días varios analistas- está armado en grado extremo, y es un tema que preocupa a las autoridades. Lejos de asumir el hecho con indiferencia, se han expresado claramente opiniones que desalientan a la ciudadanía a armarse, ya que lejos de solucionar el problema de la inseguridad, lo agravan.

Cuántas más armas existan mayores son las probabilidades que las mismas lleguen a manos de la delincuencia, porque si bien pueden ingresar legalmente al territorio, cumpliendo con los requisitos necesarios y formales para su adquisición por un particular, nadie asegura que un simple hurto termine poniéndolas en manos de un delincuente.

Tampoco es menor el argumento encerrado en el dicho popular que reza que “a las armas las carga el diablo”, ya que ello determina que hay que conocerlas muy bien antes de usarlas, para evitar que se conviertan en la causa del mal que se pretendió evitar al adquirirlas.

Es un dato de la realidad que la conducta de los uruguayos, (con la ocurrencia de hechos violentos mediáticamente difundidos), responde a una sociedad enferma que hace tiempo dejó de ser pacífica.

Ahora bien, en la vida siempre tenemos opciones, y en este caso no faltan. El gobierno está resuelto a emplear todos los medios disponibles a su alcance para devolver a los uruguayos esa porción de tranquilidad que le birlaron y que se traduce en pérdida de valores que es imperioso recuperar. Para ello, apelando a esa memoria colectiva, el esfuerzo se concentra en la producción de actos que trasciendan, sembrando esperanza.

Tal es el caso de la destrucción de más de 12.000 armas (unas 14 toneladas de hierro, aproximadamente), propiedad del Ministerio del Interior, que no pasarán a ser simples lingotes de hierro fundido, sino que tendrán una digna y bienvenida transformación.

Por una ingeniosa iniciativa de las nuevas autoridades, esos instrumentos, que fueron sacados de circulación y que tenían un destino diametralmente opuesto, pasarán a ser parte de la ilusión de miles de uruguayos que –gracias al PLAN JUNTOS- construirán su vivienda. Las armas se convertirán en varillas de hierro, para ser parte de la estructura de miles de sueños habitacionales uruguayos.

El Presidente Mujica había adelantado que lo importante era “empezar a hacer”, y esta acción responde a ese mandato.

Son señales, signos de otro Uruguay posible al que debemos ponerle empeño.
En eso estamos.

el hombre hizo un gesto de aprobación,
el perro soñaba con casilla nueva...

Justicia por mano (im)propia

Asistimos por estos primeros días del 2011 a una inusitada escalada de actos violentos con resultados luctuosos. El azar –y solo el azar- es responsable esta vez de que los muertos fueran los delincuentes. Mientras un alto porcentaje de la ciudadanía siente alivio, (aunque cueste reconocerlo públicamente), ante esa consecuencia de los hechos, otros mantienen indiferencia en medio de las vacaciones.

La Justicia –hasta ahora- se ha expedido a favor del clamor popular que reclama libertad para los ciudadanos que, repeliendo un ataque injusto, apelan a un acto violento con resultado muerte para el agresor. En otro estado de situación quizás fuera otro el resultado, ya que nadie puede –ni debe- sustituirse a la Justicia para castigar una conducta delictiva cometiendo, para hacerlo, una infracción punible por la ley (salvo que actúen en legítima defensa, claro está).

Los últimos casos producidos han instalado –a veces hasta por fórceps- al instituto de la legítima defensa, dando una respuesta favorable a quienes cometen un delito que por su aplicación resulta, al final, excusable de sanción por parte de la Justicia. Se instaló entonces la “justicia por mano propia”, aunque por imperio del instituto de referencia, (causa de justificación, no es pasible de sanción). Claro está que se podrá decir que no se defiende la comisión de un delito sino que se obra en aplicación de una causa de justificación que exime de culpabilidad como es la legítima defensa, por lo que en esencia no correspondería hablar de justicia por mano propia. Sin embargo el común de la sociedad lee y aprueba dichos actos como una respuesta justa, al accionar de un delincuente.

El tema, mientras tanto, no parece tener una solución a corto plazo, ya que ese tipo de cambios requieren tiempo y la combinación de múltiples factores que –si bien se están trabajando seriamente- no son ejecutables ni aplicables en el corto plazo, o por lo menos en lo inmediato.

Mientras la política carcelaria no se consolide y permita la verdadera rehabilitación de los privados de libertad, los índices de reincidencia no bajarán y de ese modo seguirá alimentándose el círculo vicioso que hoy padecemos los uruguayos. Hasta tanto el INAU no de absoluta contención a los menores infractores y con ello un período de rehabilitación que por esa circunstancia –las fugas- nunca se concreta, tampoco se logrará devolver la tranquilidad a los uruguayos en el tema de la seguridad.

Del mismo modo hay que torcer el rumbo en lo que a educación se refiere, ya que las generaciones venideras se instruyen en una pérdida constante de valores que –sin ser causadas directamente por el sistema educativo- no reciben el correctivo necesario para impulsar ese retorno indispensable al cauce perdido de los valores de convivencia ciudadana que añoramos.

A todo esto, la violencia instalada en el entorno y a la que se apela para combatirla, solo genera más violencia. Con la triste consecuencia que será la suerte y solo ella, la que proteja a quien apele a contestar una agresión ilegítima con una conducta similar a la que se pretende repeler. Y ello por la sencilla razón que este comportamiento conlleva la trágica consecuencia de exponer a quien se defiende a no poder siquiera intentarlo, pues la delincuencia irá decidida a todo a sabiendas de que la gente ya no es indiferente a sus conductas. En suma, este tipo de situaciones pueden derivar en una escalada de violencia sin retorno del cual –seguramente- la sociedad tendrá la peor parte.

A partir de un resultado de muerte, quedan heridas (que no cicatrizan fácilmente), en quienes en un segundo ven alterada su normal existencia y pasan –por la acción de un delincuente- a ser responsable de quitar la vida a una persona. Aún cuando esa persona atentó contra su integridad o la de su familia, su vida ya no será la misma nunca más, pasando a ser también una víctima a la cual la sociedad deberá atender si pretende sanar y curarse en salud en este tema.

Los medios, en plena explosión de temporada con poco o nada que informar, hacen su agosto y difunden los hechos hasta con exageración de la noticia, inconscientes que al hacerlo, están abonando un campo minado que puede generar una reacción como la descrita en párrafos anteriores: que la delincuencia salga a matar o morir.

La seguridad es una cuestión que nos comprende a todos y entre todos podremos recuperarla. No hay soluciones mágicas ni inmediatas pero no será una cuestión de suerte sino de trabajo y esfuerzo. Y mucha responsabilidad al momento de tomar decisiones de las cuales no tendremos tiempo –quizás- de arrepentirnos.

La justicia por mano propia no es la solución, es solo un grito desesperado que debemos escuchar y al que debemos dar como respuesta un llamado de atención, desestimulando su producción. No podemos librar a una cuestión de puro azar algo tan valioso como la vida.

Al fin de cuentas, lo material es pasajero, nuestra vida en cambio no tiene repuesto...

el hombre pensó en armarse,
pero el perro le lanzó un gruñido...

Matemáticamente tenemos chance...

En todo el año 2009, se iniciaron 9.980 expedientes en la Justicia Penal de adultos y 781 en la Justicia que corresponde a los jóvenes, precisó el abogado. Además, indicó que en Uruguay hay 27 jueces con competencia en materia penal. De esos 27, sólo cuatro son jueces de adolescentes. “No sería racional que si el 40% de los delitos los cometen personas menores de 18 años, nuestra política pública esté organizada de tal manera que tengamos 23 jueces para las situaciones que involucren a los adultos y sólo cuatro para adolescentes”, comentó.

Abogado Javier Palummo- Portal 180.com.uy

http://www.180.com.uy/articulo/16056

¿Es correcto realizar esta afirmación lisa y llanamente? Esos 781 expedientes de la justicia adolescente, ¿cuánto representan en cantidad y calidad de delitos? Seguramente sea esa la principal debilidad de quienes afirman que los delitos protagonizados por adolescentes representan porcentajes del orden del 4,6 % o del 12 % según sea la fuente.

Ese es el punto que no reconocen quienes aportan cifras que pueden parecer ínfimas y que se contradicen con la realidad que viven (vivimos) a diario los uruguayos, (en mayor proporción los montevideanos). Esos 781 expedientes que refiere el artículo, representan mucho más que 781 delitos, (multiplica por más de una cifra esa cantidad). Tampoco dice la índole de los delitos que representan esas 781 actuaciones, ¿quizás porque un gran número corresponda a hechos violentos? Entonces, ahí está un punto de discusión (no es el único), que enfrenta a quienes dicen que la minoridad infractora es un porcentaje menor y quienes afirman que representa mucho más que esa cifra que difunden las ONG’s.

No es necesariamente un tema de cantidad de protagonistas, sino que esos mismos protagonistas -siendo relativamente pocos- ocupan gran parte de la “cartelera policial” en lo que a hechos violentos se refiere.

Por otra parte, argumentar que solo existan definidos 4 jueces para juzgar adolescentes (contra los 23 de adultos), no es argumento válido para afirmar la baja incidencia delictiva de los mismos. Lo sería si conjuntamente se dijera la cifra y la naturaleza de delitos que representan esas 781 actuaciones judiciales que cubren tan solo cuatro magistrados de adolescentes. Esa es la parte de la noticia que no se conoce; pero basta con escuchar el raid delictivo de los protagonistas para reconocer que cada uno es poseedor de un cúmulo de antecedentes que no cuentan para las estadísticas... pero sí para una sociedad que ya no tolera más excesos.

Más allá de esta discusión matemática, importa decir que no es pretensión demonizar a los menores sino plantear la discusión en términos de realidad para poder –en base a un punto de partida consistente- plantear soluciones definitivas. Decir que no son un porcentaje importante implica restarle trascendencia al punto de querer disfrazar una realidad que se da de bruces con la situación que se repite a diario y consecuentemente casi con los mismos protagonistas. Una vez reconocido el punto de partida –que por suerte quienes tienen la responsabilidad de dar soluciones ya lo conocen- podremos ahondar en la implementación de soluciones al respecto. Soluciones que permitan erradicar definitivamente el problema y dar verdadera rehabilitación a quienes hoy ni siquiera tienen mínima contención.

Esta última afirmación –para quien tiene el privilegio de no haber sufrido ningún incidente protagonizado por menores infractores- resulta fácil de decir. Para quien sí sufrió las consecuencias de algún incidente al respecto, los porcentajes se incrementan. Ni que hablar para quien sufrió un evento luctuoso protagonizado por un menor infractor, para ese la cifra es absoluta y rebasa ampliamente la realidad ante la falta de consuelo por los resultados irreparables.

Los porcentajes nos inundan y dan letra a muchos editoriales; llenan espacios de prensa y ocupan la “sacrosanta” crónica policial de cada día. Pero la lectura que de los mismos hagamos nos permitirá reconocer primero, la gravedad del problema para encontrar sin más las soluciones. No será una lectura simple y llana, ni una exagerada y amplificada la que de un panorama cierto del tema, sino el reconocer que hasta ahora se han manejado criterios que no reflejan cabalmente la dimensión del tema.

El problema existe y es de una entidad que percibe y sufre la sociedad uruguaya; la misma que ya no tolera dilaciones para encontrar soluciones ante gurises que deben tener contención primero, para poder darles una segunda oportunidad. Y aún más lejos, encontrar las razones que llevaron a esos gurises al desvío, evitando la frustración de vidas perdidas (víctimas y victimarios) por no haber intentado siquiera mostrarles otro camino.

Los números marcan la cancha.
Por suerte todavía, matemáticamente tenemos chance...

el perro ladraba llamando la atención
mientras el hombre seguía sacando cuentas...

El fuego es más rápido de lo que es razonable pensar...

"El fuego fue más rápido de lo que es razonable pensar"
(Carlos Lecueder Pte. Directorio Shopping Tres Cruces)

La verdad se impone siempre, más temprano o más tarde, siempre llega. Esta vez no hubo reparo para el argumento -que por lógico no merece objeciones- de la rapidez con que el fuego avanzó ante la presencia de elementos altamente combustibles. Sin embargo, en ocasión del incendio de la cárcel de Rocha, este argumento se puso en duda y se cuestionó la celeridad con que se actuó aquella vez por parte del personal policial a cargo del establecimiento de reclusión.

Claro está que ambas situaciones no son comparables por el resultado. Nadie duda en que la de Rocha fue una tragedia, ante la pérdida de vidas humanas, y esta vez (Shopping Tres Cruces), solo fueron daños materiales. Sin embargo las situaciones se comparan argumentalmente pues en esta, nadie cuestionó los dichos del Presidente del Directorio de la empresa que administra el Shopping de Tres Cruces. Y está bien que no se le cuestione pues el fuego es más rápido de lo que es razonable pensar cuando el escenario donde se desarrolla está conformado por materiales altamente combustibles, como ocurrió aquella vez en la cárcel de Rocha con la presencia de las "ranchadas". Así lo demostró la Dirección Nacional de Bomberos en su recreación de ambiente carcelario, que fuera filmado y cronometrado para develar la voracidad del fuego ante un escenario como ese.

Muchas veces la política -mal entendida- lleva a elaborar argumentaciones falaces que el tiempo se encarga de demoler. En este caso, fue un local comercial el que se encargó de demostrar en los hechos lo que aquellos Bomberos recrearon para probar que la emergencia carcelaria denunciada al inicio de esta administración no era, sino, una triste realidad.

De aquí en más ya no quedarán dudas sobre el tema: "el fuego... es más rápido de lo que es razonable pensar".

¿Lobo, estás?

Cuando en la campaña del 2004 se vislumbraba el cambio de rumbo y el FA se perfilaba para ser gobierno, abundaron los mensajes apocalípticos sobre la deblacle que se nos vendría. Una camada de gobernantes de turno ensayaron mil y una estrategias tratando de impedir lo inevitable a esas alturas, y la izquierda fue gobierno finalmente.

Si bien es cierto que esbozos de recuperación se veían venir, también es cierto que la crisis se instaló en el mundo casi al final del período del primer gobierno frentista y Uruguay, lejos de caer en recesión, creció; dando un golpe mortal a quienes intentaron -ya en plena campaña del año 2009- torcer nuevamente los destinos de un país que no quería volver a viejas fórmulas.

Y si la crisis no llegó fue merced a una forma diferente de gobernar, aquella que aplicó fórmulas propias, alejadas de las viejas recetas de los organismos internacionales de crédito que debieron ceder ante una realidad uruguaya que fue ejemplo en el concierto económico internacional. Ese impulso -del que aún no se avisora merma sino un mayor crecimiento- es un valor agregado que nos acerca cada día al ansiado nivel de grado inversor perdido hace años.

Este panorama alentador se da de narices con los empujes gremiales que arremeten en forma descontrolada y amenazan con cambiar un escenario altamente favorable que debemos preservar y desarrollar. No parece sensato el camino que recorren algunos gremios. El país los necesita fuertes y acompañando el proyecto para seguir por la senda del crecimiento.

Es cierto que el año del presupuesto se llena de reclamos y pedidos, pero también es cierto que esta vez las corporaciones marcaron la cancha con desmedida virulencia. La sumatoria de conflictos no parece casual ni mucho menos; tampoco la entidad de los protagonistas. Los gremios responsables del aparato productivo-exportador del país, amenazan con su acción la generación de pérdidas importantes para un país que no puede darse esos lujos.

No hay que ser alarmistas como dijo el Presidente, pero llamemos a la mesura y la razón para poner las cosas en su justo término. Junto al llamado, llamemos a la militancia a defender un proyecto, no podemos dar ventaja siquiera para el amago de querer volver atrás y deshacer los cambios.

Es hora de actuar, de defender y argumentar a favor de un gobierno que nos merecíamos desde hace mucho tiempo los uruguayos, y que luego de mucho tiempo conseguimos. Un gobierno que piensa un país a futuro, con sólidas bases, para enfrentar los embates de un mundo globalizado al que le vamos ganando con seriedad y trabajo.

Es hora de parar la pelota, de pensar más allá de la chacrita.

Esta vez el lobo tiene forma de conflicto, solo resta saber si las ovejas se dejan llevar o, en cambio, nos marcan el camino.