Sumario a la disidencia

Fuente imagen: Galileo Galilei Wikipedia

La libertad de opinión está en peligro y la amenaza -concreta y cierta- funge con potestades ejecutivas en la cartera asignada a cuidarnos a todos los uruguayos. Un cuidado que comprende el de los derechos que nos asisten en tanto ciudadanos, entre los cuales el de la libertad de opinar es de los más significativos en una democracia. Mucho más cuando esa opinión es académica, lo cual no debiera ser considerado como una excepción, pero tiene un peso adicional que la distingue por cuanto es una expresión cuya única intencionalidad es la de confirmar sus dichos con evidencia científica. En suma, atacar al que piensa distinto y además lo expresa libremente en el marco de sus competencias, no parece ser un procedimiento propio de un estado de derecho libre y democrático. 

Prohibido hablar

Un informe de abril elevado a la subsecretaría del Ministerio del Interior por el hoy sumariado, Soc. Javier Donnángelo, fue el disparador de una nota que le hicieran en El Observador y sobre cuyos dichos tomó cartas la Secretaría de Estado. Es que el director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad tuvo la osadía de criticar un informe sobre los homicidios del investigador Emiliano Rojido y otros, (que hiciera propio la cartera), en el que se detallan conclusiones que fueron cuestionadas por aquel.

Sin entrar mucho en el carácter y contenido de las discrepancias, parece asistirle la razón al director del ONVC en cuanto a que las conclusiones del informe Rojido et al. no pueden ser lo concluyentes que pretenden en base a un corte muy sesgado de casos (solo un año). Lo cual deja al descubierto una serie mucho más larga de casos que no son contemplados ni -tampoco- consideradas sus posibles conexiones en cuanto a las motivaciones de estos, por su acotado sesgo. Es imposible no coincidir con Donnángelo cuando esgrime que, considerar concluyente un informe que solo estudió un año de homicidios impide encontrar alguna causa que permita afirmar la motivación cierta de su ocurrencia, dado que muchos de los conflictos que culminan con una muerte violenta acarrean antecedentes de larga data y superan ampliamente el tiempo considerado por los investigadores de marras.

Además de otras consideraciones que dan suficiente fundamento a la opinión académica del encargado de las estadísticas criminales que lleva el país desde hace mucho más de una década.

Claro que opinar de forma contraria entre iguales lleva implícita una disputa académica que se dirime con evidencias y no con meras opiniones. Así las cosas, un informe como el de Rojido et al. está sometido al análisis como cualquiera de esa índole, y debiera ser respondido con la misma solidez académica como la que le mereció al hoy sumariado. Pues de la confrontación de ideas surge el conocimiento, ese al que ambos contribuyen con su trabajo sin lugar a ninguna duda.

Sin embargo, más allá de quien tenga o no la verdad revelada, ambos informes tienen que ser admitidos como la masa crítica que abone a mejorar un estado de situación que no resiste una disputa y que necesita desesperadamente de la contribución de todos para ponerle fin.

A Donnángelo lo conozco y sé de su bajo perfil, su capacidad técnica, su compromiso profesional y su inquebrantable honestidad académica, esa que le ha permitido fungir al frente de un organismo que evalúa el trabajo ejecutivo de quien tiene el monopolio legal de la fuerza para proteger a los uruguayos y dar batalla frontal a la delincuencia. Una labor que lo ha enfrentado muchas veces a la crítica policial por ser quien procesa, analiza y difunde los datos objetivos de la seguridad, y expone -en cifras- la calidad del trabajo policial.

Alguien que alguna vez tuvo una opinión discordante con la cartera y cuestionó públicamente la figura del Ministro del Interior al considerarlo “mal asesorado”, (ver nota en Búsqueda) cuando Bonomi se refirió en alguna oportunidad a la necesidad de contar con informes del Observatorio que contribuyeran al trabajo policial. Algo que fue ajustado luego al punto de constituirse en insumo principal de la operativa policial con los mapas de calor y la creación del Policiamiento de Alta Dedicación Operativa – PADO. Una disidencia que nunca se pensó en silenciar al punto que siguió siendo el principal asesor del que se sirviera Bonomi para monitorear la evolución de la criminalidad uruguaya, (a partir de sus informes), y alguien al que se promovió para cursar un doctorado en Cambridge, dirigido por Lawrence Sherman, criminólogo de reconocida trayectoria internacional y consultor invitado por la administración frenteamplista.

No es una buena práctica el silenciar al que opina distinto, menos una práctica democrática, por más que se pretenda fundamentarla reglamentariamente. Mucho menos cuando quien opina lo hace desde su ámbito de competencia y con fundamentos que podrán ser compartibles o no pero que tienen sustento académico. Se parece más a una práctica macartista, con intencionalidad política manifiesta de acallar una voz disidente, que a un procedimiento pura y exclusivamente disciplinario de quien ha incumplido su trabajo.

“Eppur si muove”

Mientras que los datos daban bien no había discrepancia alguna ni -tampoco- necesidades como las que llevaron a contratar un informe externo que no contó con la participación del ONVC como lo confirmó Donnángelo. Lo cual pudo tener sus razones en procura de contar con un informe externo que diera otra visión del problema irresoluto de los homicidios, que se han disparado de forma notoria.

Sin embargo, no parece ser el camino correcto el no aceptar la opinión discorde a las conclusiones arribadas por el informe Rojido et al., y encima iniciarle un sumario por expresarlas. Y no lo es porque deja implícita la suspicacia de otra intencionalidad que involucra y daña la imagen de los investigadores externos que -sin dudas- nada tienen que ver con la decisión de la cartera y mucho menos teñida de alguna intencionalidad político electoral.  

Era mucho más sano para todos aceptar la disidencia y analizar objetivamente ambos criterios de manera de poder hacer la síntesis que contribuyera a poner límites a un problema que se ha ido de las manos y derivará en el peor récord de la historia uruguaya.

Mucho más cuando hay coincidencias donde trabajar para que el problema de las muertes violentas sea tratado con la seriedad que merece. Uno de esos puntos es trabajar por reducir la cantidad de armas de fuego entre la sociedad uruguaya, un tema en el que coinciden y donde estriba una de las causas principales de esta horrible tendencia que nos afecta.

Hay razones de peso para coincidir con el director del Observatorio en que el narcotráfico y los conflictos entre bandas son de las principales causas de los homicidios, y no el increíble 2% que le atribuye el informe Rojido et al. No puede haber dos opiniones en cuanto a que no basta con analizar un año para llegar a semejante conclusión, y si no es así como afirma Donnángelo, es bueno que Rojido y su equipo lo aclaren.

Pero, lo más importante de todo esto es que lejos de estar a favor o en contra unos de otros, se sumen los esfuerzos para contribuir a encontrar la solución al principal problema de seguridad que hoy enfrentamos donde la violencia letal se lleva la vida de más de una persona por día en nuestro país. Una tendencia que en pocos días más tendrá la triste noticia de haber superado la cifra de homicidios del último quinquenio.

A Galileo Galilei le hicieron abjurar de su teoría heliocéntrica ante el tribunal de la Santa Inquisición, y si bien no se puede afirmar a ciencia cierta que la frase fue dicha, la conducta desafiante de aquel nos hace pensar que pudo serlo. Algo similar le pasa hoy al director del Observatorio uruguayo, salvando las distancias, por supuesto.

No vale todo, mucho menos callar al disidente por su condición de tal, porque seguramente ese tiene algo importante para decir.

el hombre fundamentó sus números,

el perro ladró su disidencia…