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| Fuente imagen: El Observador |
Ni un poquito de autocrítica
Mientras la insólita fórmula nacionalista con su candidato Álvaro Delgado sigue afirmando que los “delitos bajaron” sin reconocer que se habla de denuncias (que se pueden bajar no registrando, por ejemplo), los homicidios siguen su tendencia de crecimiento sin síntomas de mejora alguna. Todo parece indicar que los planes de Heber no solo fracasaron, sino que su destitución disfrazada de renuncia tampoco contribuyó para mejorar una gestión que no logró nunca ser creíble… mucho menos, eficaz.
Las muertes violentas volvieron a ser noticia tras el parate electoral que distrajo un poco la atención, para volver con su peor virulencia a ocupar la agenda diaria. En el medio quedó una discusión que pasó casi que desapercibida, del actual director del Observatorio del Ministerio del Interior – Soc. Javier Donnángelo- a un informe elaborado por el investigador Rojido que hizo suyo el Ministerio del Interior sobre la categorización y origen de los homicidios en el Uruguay.
Una crítica basada en la evidencia a la que le agregó la experiencia de quien ha fungido al frente del Observatorio durante la gestión frenteamplista y que si alguna virtud agrega a su extenso currículum académico es su bajo perfil y su concentrada labor de investigación estadística.
Creo que le asiste razón a Donnángelo en cuanto a que no se puede sacar una concluyente afirmación del origen de los homicidios estudiando solo un año de casos porque con ello solo se accede a ver una pequeña sección de una extensa película. Película que tiene muy presente quien sistematiza y analiza los homicidios desde hace bastante más de una década.
Sin embargo, y a pesar de lo que pudiera existir de acierto en uno u otro enfoque sobre los homicidios, ninguno ha sido capaz de generar un antídoto que se aplicara de forma eficaz para detener esta ola que nos invadió y que no parece tener fin. Alguna explicación debe haber para tanta violencia descontrolada, que tiene al narcotráfico como una de sus razones pero que no es la única. Porque la violencia está inserta en la sociedad uruguaya de forma escandalosa y se la aprecia en diferentes ámbitos no solo en los que está la droga presente, aunque tiene su alta dosis de responsabilidad también.
En lo que a la cartera del interior compete, sin duda alguna que el desmantelamiento de los cuadros de profesionales formados durante años para el combate al crimen organizado es una razón de peso para el descontrol que existe hoy en dicha Secretaría de Estado. A ello hay que sumarle el triste ejemplo de las autoridades que fueron cesadas, muchas de las cuales debieron someterse a la justicia por actos de corrupción. Ese espejo en el que se refleja la fuerza no impartió la mejor imagen ni mucho menos. Una conducción errática que no pudo ser enderezada a tiempo a pesar de la designación de un profesional del nivel del Crio. Gral. José Azambuya, que fue demasiado tarde.
Las medidas legislativas impulsadas tampoco surtieron efecto, la LUC era la bala de plata para muchos que hoy se llaman a silencio y nada dicen sobre la ola de homicidios que afecta al país. Ya no se habla de ningún plan, y menos de los tan promocionados interruptores de violencia que no sabemos si están operando o no.
En cambio, asistimos a recortes que afectaron a los CAIF y a programas como el SACUDE que vaya si fueron instrumentos para atender problemáticas sociales que son el caldo de cultivo para quienes reclutan soldados como el narcotráfico. Dejando a la intemperie a miles de uruguayos en barrios de contexto crítico, espacios urbanos abandonados de los servicios mínimos del Estado, asentamientos que lejos de disminuir han proliferado, no podemos esperar mejoras de ningún tipo. En esos lugares donde el Estado no llega, donde el Estado no ocupa su lugar, rápidamente se instala el narco que lo sustituye al punto de gestarse en dueño del lugar.
Son esas comarcas que tanto previnieron Guarteche y Bonomi, cuando hablaban de los procesos de feudalización que hoy están vigentes en muchos lugares del país. Porque ya dejó de ser -incluso- un tema metropolitano, exclusivamente.
En lo que va del año ya se superaron las 200 muertes violentas según los reportes publicados en la prensa nacional, y en el acumulado estamos a pocas decenas de batir el récord histórico de homicidios -en un período de gobierno- desde que hay registros.
Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?
A falta de un Chapulín Colorado -a pesar de Ojeda- no hay un superhéroe capaz de devolvernos rápidamente la tranquilidad perdida. Ha sido tal el abandono en algunos lugares que los mismos se han convertido en verdaderas zonas liberadas donde manda el jefe de la banda. Barrios donde se vandalizan las luminarias para dejar a oscuras cuadras enteras para que la oscuridad permita la clandestina actividad de las bocas.
Entonces, si esas pequeñas alteraciones urbanas se permiten, terminamos consolidando la teoría de las ventanas rotas donde la permisividad de una pequeña acción va dando cabida a otra mayor y terminamos asistiendo a un abandono a la suerte del más fuerte, que se convierte en el dueño del barrio.
Por eso es que creo que llegó la hora de dar dura batalla a esas intervenciones ilícitas no con la violencia represiva sino con un impacto de infraestructura. Un verdadero shock como el que hablaba Bonomi, para desarmar esos bolsones de abandono urbano donde crecen los niños del futuro. Una política que no es nueva y mucho menos desconocida para nosotros pues nos la adelantó Jorge Melguizo cuando fue invitado durante la primera administración de Bonomi para hablarnos del impacto de la urbanización en la seguridad. Una política que transformó a Medellín, ciudad que supo ocupar los primeros lugares en el ranking de homicidios.
No hay que tener miedo a endeudarnos para transformar la realidad de miles de compatriotas que hoy viven en barrios donde la infraestructura pública es inexistente. Es imperioso atender esos territorios para devolver la dignidad ciudadana, esa que nos permite vivir en sociedad y donde la presencia del Estado es evidente con servicios públicos de primera. Espacios donde crezcan y se desarrollen nuestros niños, sin que la opción sea otra que ser soldado en una boca de drogas.
Y que no nos mientan más con el déficit fiscal porque esta administración lo subió a niveles de 2019 y lo hizo aumentando la deuda externa llevándola a más del 70% del PIB. Todo eso sin contar con el cúmulo de deuda en obra pública que compromete las arcas del futuro gobierno. Una gestión que enriqueció a los sectores más altos sin que llegara derrame alguno para la masa de la población que es la que termina -siempre- asumiendo los costos.
El narcotráfico no es el único problema que nos hace más violentos, pero es uno que tiene incidencia por su potencialidad de crecimiento. No podemos permitirlo y para ello hacen falta medidas que esta gestión debilitó o sencillamente eliminó. Debemos recuperar el control de las fronteras y del puerto, tener leyes que desestimulen el lavado de activos, aspectos en los que lejos de avanzar retrocedimos dando señales a grupos criminales que han puesto la mira en el Uruguay para establecer sus bases.
Estamos a tiempo, pero no podemos distraernos si en verdad queremos ser un país seguro donde podamos vivir en paz.
Pero para hacerlo necesitamos cambiar el rumbo y volver a ser un país confiable para los uruguayos primero que nadie, y para todo aquel que quiera venir a vivir o a invertir.
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