Fuente imagen: Teledoce |
Con regla propia
Los primeros tres meses de gestión al frente de la cartera de seguridad sufrieron la anormalidad de la “nueva normalidad” que trastocó los planes a todos. Una pandemia que impuso medidas de aislamiento social que llevaron al distanciamiento como forma de frenar la propagación de un virus contra el cual –por ahora- no hay vacuna. Esas medidas tuvieron un alto acatamiento en la sociedad uruguaya que pusieron al Uruguay como uno de los tres países del continente americano que vienen ganándole al virus sin que ello signifique una victoria absoluta y mucho menos definitiva. Sin embargo, y a pesar del buen resultado sanitario obtenido hasta ahora, la herida sangra en materia de seguridad pública por cuanto nuestro país transita a contra corriente del continente americano, que registró una clara disminución de los delitos, y, particularmente, de los homicidios.
Mientras en el resto de América –el continente más violento del mundo- los homicidios sufrieron una baja considerable, en Uruguay subieron, a pesar de la insólita forma de medirlos que asumiera el Ministro avalando un tremendo error de El País que informaba de una baja de los homicidios en los primeros meses de gestión que no era cierta.
A pesar del grueso error, es innegable que los homicidios uruguayos tienen un componente altísimo que involucra a las drogas en su génesis. Un alto porcentaje de los mismos devienen de conflictos entre criminales que se originan en el tráfico de drogas, deudas que antes se advertían con disparos de la cintura para abajo y que ahora se dirimen de la cintura para arriba como mensaje a quienes quieran exponerse a dejar impaga su obligación con el líder narco; o, algo que también está ocurriendo, como resultado de una lucha por liderazgos y/o disputas de territorios donde ejercer ese comercio ilegal. Algo que el propio Larrañaga terminó reconociendo sobre los ajustes de cuenta de los que hablaba Bonomi, con un eufemismo: "se la están dando entre ellos".
En esa puja de poder es que juegan su rol las bocas de drogas, puestos de comercialización que hacen del microtráfico un mercado presente y de rápida distribución de la mercancía ilícita y que se diseminan por los barrios de todo el territorio nacional. En ese marco, la noche juega su papel dotando de impunidad constitucional al hogar sagrado e inviolable devenido en boca de drogas. Y ahí me permito recordar lo que escribí el 24 de mayo de 2012 sobre el punto, para afiliarnos a la tesis de que no es necesaria reforma alguna de nuestra principal carta normativa:
“Hace falta un Juez, que -en uso de su independencia técnica- dicte la medida para combatir los comercios de pasta base en horas de la noche… Quien dicte la primera medida de ese tipo -con la debida cantidad de elementos probatorios que la fundamenten- dará inicio a una nueva etapa en la lucha contra la epidemia de las bocas de droga que pululan por la ciudad de Montevideo y el resto del país. Se ha dicho que una medida de ese tipo atenta contra el precepto constitucional del hogar como sagrado inviolable, pero eso no puede ser de recibo. Una casa devenida en comercio ilícito de un veneno como la paste base de cocaína, no puede ser considerada nunca un hogar, y menos ser sagrado e inviolable, pues nos está matando y desviando jóvenes hacia el delito, impunemente… Se busca un Juez que sea el primero, a sabiendas que no será el último nunca más...”
Claro que, a la luz de los cambios normativos que sobre seguridad se impulsan hoy en la Ley de Urgente Consideración, me atrevo a pensar que el riesgo se aumenta en desmedro de los derechos fundamentales de las personas por cuanto se impulsan medidas en materia de seguridad que son muy discutibles. La legítima defensa presunta, es una de ellas que pone un manto de duda al futuro del accionar policial con una norma que expondrá a los uniformados al riesgo de cometer excesos en el uso de la fuerza creyéndose amparados por dicha presunción. Algo que ni la reforma propuesta da garantías que no ocurra, claro está.
Lo cierto es que hoy la letra de la Constitución permite concluir que un hogar no es sagrado y mucho menos inviolable si se comprueba que en el mismo se comercializan drogas. Por tanto, la noche no sería impedimento para que un Juez, amparado en una interpretación literal del texto constitucional, y con pruebas fehacientes de ello, habilite un allanamiento nocturno para desarticular una boca que funge bajo la apariencia de un hogar. Hoy día se cuentan con medios tecnológicos que permiten recabar pruebas a esos fines, que permitan dar certeza al Juez a la hora de emitir una orden de allanamiento en tal sentido sin que vulnere ninguna norma constitucional.
El constitucionalista nunca imaginó que su previsión abarcara la defensa del recinto hogareño para cubrir actividades ilegales como el tráfico y la comercialización de drogas, nunca. Por tanto, no es descabellado argumentar que hoy la Constitución no impide emitir una orden de allanamiento nocturna para desbaratar una boca de drogas. Además, hoy con la reforma procesal vigente, el magistrado cuenta con un Fiscal que dirige personalmente la investigación, constituyendo un aval más en el sentido de buscar la certeza y la infalibilidad probatoria para la emisión de una medida extrema como la que se plantea.
Solo hace falta un Juez que haga historia, como dijimos hace casi una década atrás...
No reformen nada!!
el hombre hacía memoria,
el perro ladraba un recuerdo...
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