Justicia ciega... y sorda!

Aquella señora de ojos vendados y portadora de una balanza en una de sus manos, parece que ahora también es sorda. Por lo menos algunos de sus representantes así lo aparentan, a estar por su cerrada negativa a aplicar las nuevas tecnologías en prevenir incidentes en un tema tan relevante como la violencia doméstica.

Desde el año 2010 y a poco de comenzada la nueva administración de José Mujica, en el Ministerio del Interior se comenzó a tratar el tema de la violencia doméstica y -particularmente- el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la prevención de esa conducta.

Casi de inmediato, la cúpula ministerial dio participación a la División Políticas de Género de la cartera quien trabajó en la conformación de una comisión multisectorial de la que participaron todos los actores que de una u otra forma tienen parte en la problemática de la violencia doméstica (representantes del Ministerio del Interior, de la bancada bicameral femenina, Inmujeres, red uruguaya de lucha contra la violencia doméstica y Suprema Corte de Justicia, quien designó representantes ante la misma).

Un año de constante trabajo que permitió conocer la herramienta al mismo tiempo de estudiar la legislación comparada y la viabilidad de aplicación en nuestro sistema. Un tiempo que fue de intercambio fértil cuyo resultado cristalizó en el consenso alcanzado para aplicar la tecnología de monitoreo presentada días pasados. Un tiempo, también, durante el que hubo de lamentar nuevas víctimas mujeres que sucumbieron ante la violenta intolerancia instalada en el seno mismo de la familia uruguaya. 

Lo incomprensible es que en este tema -donde no debieran haber dudas en aplicar este tipo de tecnologías aún a riesgo de ser insuficientes- surjan voces contrarias. Y peor aún que las mismas provengan de actores principales en la toma de decisiones al momento de aplicarlas. Porque esas voces son las de los Jueces de Familia, quienes se oponen a su aplicación a pesar de la opinión de la Suprema Corte de Justicia que avaló el trabajo de la comisión.

Se podría pensar que el hecho de no haber sido convocados para integrar aquella comunión de actores que estudiaron el tema pudo ser la causa de tal postura, pero hacerlo sería una mezquindad. Máxime si consideramos que los representantes del Poder Judicial fueron designados por el organismo rector que dio por bueno el trabajo realizado.

¿Puede pensarse que se estigmatiza al agresor con la portación de un elemento como el de marras y ello sea motivo suficiente para descartarlo como medida cautelar o preventiva? Otras preguntas que surgen ahora son: ¿qué va a pasar cuando se emita el primer dictamen contrario a la aplicación de esta tecnología por parte de un Juez de Familia y tras ese hecho ocurra una nueva muerte por violencia doméstica? ¿Se harán cargo?  ¿Vale el argumento de la estigmatización al agresor que se le impone el uso de la misma? ¿Acaso no significa eso una inversión ilógica en la defensa de las verdaderas víctimas?

A tal punto parece carente de toda lógica esa posición que resulta difícil pensar que haya alguien que no preste su consentimiento a utilizar este tipo de elementos tecnológicos y prefiera la prisión. En este punto -creo- los detractores de las pulseras electrónicas pecan de exceso en el celo por proteger (¿?) los derechos de los agresores de violencia doméstica y demuestran una falta de sensibilidad, tacto o sentido común en momentos donde cualquiera de los tres aspectos resultan indispensables.

el hombre no precisaba pulsera,
 tampoco collar el perro...